La ola de agresiones de Colonia fuerza el cese del jefe de Policía

Entre los 31 sospechosos de los ataques sexuales de Nochevieja, hay 18 solicitantes de asilo procedentes de Siria y Marruecos.

Entre los 31 sospechosos de participación en los asaltos y agresiones sexuales de Colonia durante Nochevieja, se han identificado a 18 solicitantes de asilo en el país germano. Este nuevo dato, confirmado ayer por el Ministerio del Interior, arroja una nueva dimensión a los acontecimientos que han indignado y conmocionado al país, a la vez que contribuye a polarizar los dos bandos que se han formado en el país en torno a la crisis migratoria. Entre los detenidos se encuentran nueve hombres de Algeria, ocho marroquíes, cinco iraníes y cuatro sirios, además de dos alemanes, un ciudadano iraquí, un serbio y un estadounidense. Todos ellos están acusados de robos y lesiones principalmente, aunque los informes policiales aseguran que, de las 170 víctimas que han denunciado ataques en la noche del 31 de diciembre, al menos 120 sufrieron abusos de índole sexual.

Además de esta treintena de sospechosos, la Policía local arrestó a dos hombres norteafricanos, un marroquí de 16 años y un tunecino de 23, a quienes se les requisaron los teléfonos móviles y sus pertenencias. Según los primeros informes, más de mil hombres se organizaron en bandas menores para rodear y abusar de mujeres que, solas o en grupo, se hallaban en el centro de la ciudad festejando el comienzo de año.

Uno de los hechos más graves es que lo hicieron con agentes de la Policía presentes en el lugar de los hechos, los cuales no advirtieron la oleada de asaltos hasta unos días más tarde, cuando comenzaron a recibir un goteo de denuncias. La presión contra la Policía local ha aumentado vertiginosamente durante los últimos días, hasta tal punto, que el Jefe de Policía de Colonia, Wolfgang Albers, anunció ayer su dimisión. Las autoridades ya están investigando si los ataques en la ciudad del oeste de Alemania tienen relación con los de otras localidades del país, como Düsseldorf o Hamburgo, incluso los ocurridos en Suiza y Finlandia, que registraron denuncias por casos similares.

La confirmación de que la mayoría de estos delitos pudieran haber sido perpetrados por solicitantes de asilo en el país, que ha permitido la entrada del récord histórico de 1,1 millones de inmigrantes, suscita una inquietud de una parte de la ciudadanía, que pide explicaciones a la mayor defensora de una política de puertas abiertas para el refugiado, Angela Merkel. La canciller prometió, poco después de conocerse la dimensión de los hechos, que enviaría «una señal clara», en forma de expulsión si fuese necesario, «a todos aquellos que no respetaran las reglas de Derecho» alemán. Estos asaltos, según reconoció la canciller, «son cuestiones muy serias que van más allá de lo ocurrido en Colonia», al tiempo que reconocía que no creía que se tratara de casos aislados.

Ayer, el portavoz del Gobierno, Georg Streiter, se comprometió a que el Ejecutivo hará todo lo posible por «descubrir toda la verdad». Además, recordó que los incidentes perjudican, no sólo las reglas alemanas, sino a «la gran mayoría de refugiados completamente inocentes en busca de protección». «No es una cuestión de refugiados sino, por encima de todo, de criminalidad», añadió Streiter. Sin embargo, los partidos y movimientos opuestos a la política de puertas abiertas vuelven a alzar las voces, más alto si cabe, en contra de la manera de actuar de Angela Merkel. El partido anti-inmigrante Alternative für Deutschland (AfD) pidió abiertamente la dimisión de la jefa del Ejecutivo y aseguró que «El Estado ha capitulado ante esta forma de violencia en Colonia y otras ciudades», de acuerdo a lo publicado por Alice Weidel, miembro del comité de AfD.

Hoy se celebrará en el lugar de los asaltos una manifestación contra la acogida masiva al refugiado organizada por el movimiento islamófobo Pegida. Se avecinan tormenta política y social contra la canciller, que este fin de semana viaja a Mainz para reunirse con otros miembros de su partido, donde se abordarán cuestiones como la normativa de expulsiones de aquellos solicitantes que no se ciñan a la ley alemana. El vicecanciller, Sigmar Gabriel, según declaraciones al diario «Bild», aboga por endurecer el régimen de expulsiones. «No entiendo por qué deberían pagar los contribuyentes alemanes el periodo de detención de los criminales extranjeros», aseguró. «Además, la posibilidad de tener que regresar a sus países resulta (para los inmigrantes que cometan delitos) más disuasiva que una pena de prisión en Alemania», añadió Gabriel.

Sin embargo, según los expertos, las leyes de protección al refugiado, entre ellas la Convención de Génova, podrían poner límites a estas deportaciones en países que, como Siria, están sufriendo una guerra civil. Este acalorado debate en torno a la crisis de los refugiados tomó una dimensión aún más amplia cuando el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Witold Waszczykowski, le exigió a su homólogo alemán una investigación para comprobar si había ciudadanas polacas entre las víctimas. El Gobierno de Varsovia siempre ha sido muy crítico públicamente con la política de generosidad al refugiado abanderada por Merkel. La política de puertas abiertas que el pasado anunción le pasará factura a la caniller.