Pekín abre una purga para acallar las protestas internas por la explosión

El Gobierno chino ha decidido pasar a la acción y dio comienzo ayer a una purga de supuestos responsables de la tragedia ocurrida el pasado día 12 en una terminal de contenedores del puerto de Tianjin, en el norte del país. La búsqueda de culpables se ha iniciado tanto en la compañía propietaria del almacén como en la Administración, sin que aún haya sido revelado oficialmente qué provocó las dos deflagraciones, que han dejado 114 muertos y 57 desaparecidos. Lo primero en salir a la luz fue que una decena de directivos de la compañía propietaria del almacén, Ruihai International Logistics, se encuentran bajo custodia policial, entre ellos el presidente, Yu Xuewei, y el vicepresidente, Li Liang. No obstante, según la revista financiera «Caijing», el que la «controla» es Dong Mengmeng, hijo del ex director de la Oficina de Seguridad Pública del Puerto de Tianjin.

El escándalo también salpicó a las autoridades locales: el «Diario del Pueblo», portavoz del Partido Comunista (PCCh), informó de que varios funcionarios de Binhai, el distrito portuario de Tianjin, están siendo investigados por sospechas de que aceptaron sobornos. Pero el anuncio más inesperado vino después, cuando el Gobierno reveló que ha iniciado una investigación contra el responsable de Seguridad Laboral del país, Yang Dongliang, por «serias violaciones de disciplina», eufemismo oficial para referirse a la corrupción. Fue precisamente en esa ciudad en la que Yang vio dispararse su carrera profesional, desde su inicio en una compañía química en 1994 hasta su etapa como máximo jefe del PCCh en la urbe portuaria entre 2007 y 2012, que combinaba con su cargo de teniente de alcalde. Yang había participado hasta el lunes en reuniones del Consejo de Estado para dirigir las tareas de rescate. El Consejo de Estado anunció ayer que ha establecido un equipo, encabezado por el viceministro de Seguridad Pública, Yang Huanning, para determinar responsabilidades y definir «la gravedad y naturaleza del accidente», y que «castigará severamente a los responsables». También el Tribunal Supremo anunció el domingo la puesta en marcha de una investigación para averiguar si hubo negligencias.

Ambos anuncios, así como las detenciones, se producen entre el clamor de la sociedad china y de los familiares de las víctimas para saber lo ocurrido, en un país con gran desconfianza hacia la gestión estatal de las catástrofes tras experiencias como la del terremoto de Sichuan (2008) o el desastre del «tren bala» de Wenzhou (2011). En ambos, la gestión del Gobierno fue muy criticada y la población llegó a pensar que se ocultó la verdadera cifra de fallecidos. Años más tarde, se destapó una extensa red de corrupción en el sector ferroviario que acabó con la condena a muerte en 2013 del ministro de Ferrocarriles, Liu Zhijun. No sería la primera vez, por tanto, que Pekín busca un chivo expiatorio en medio de fuertes presiones sociales para saber qué ocurrió en la terminal. Paloma Almoguera/Efe

La ciudad rinde homenaje a sus muertos

Seis días después del accidente, como manda la tradición funeraria china, autoridades, cuerpos de seguridad y vecinos de Tianjin se concentraron en las cercanías de la zona del siniestro para recordar a los fallecidos con minutos de silencio, crisantemos blancos (flor de luto oriental) y pancartas de homenaje. Entre los participantes se encontraban muchos bomberos y algunos vertieron lágrimas en recuerdo a las decenas de compañeros que murieron en las horas iniciales del accidente. Horas después las familias y vecinos volvieron a manifestarse contra el hermetismo del Gobierno.