El abismo de la saga Kirchner

Una tormenta perfecta se avecina sobre la presidenta argentina, Cristina Kirchner, en la recta final de su mandato. Un grupo multimedios como Clarín convertido en principal opositor, sindicatos en pie de guerra, fondos buitres sobrevolando la Casa Rosada y, ahora los fiscales, indignados por la muerte de su colega Alberto Nisman. El último golpe fue duro, incluso para una presidenta que parece blindada.

El viernes, el fiscal Gerardo Pollicita imputaba a la jefa de Estado en la causa por la muerte de Nisman. La acusó de encubrir y estorbar las investigaciones del atentado de la AMIA que acabó con la vida de 85 personas en 1994. Ahora, el juez a cargo del caso podría llamarla a declarar, e incluso investigar si hubo delitos penales. Nadie cree que la mandataria llegue a sentarse en el banquillo pero el daño está hecho. Dicen también que el kirchnerismo se crece ante las adversidades, pero también es cierto que siempre que la dama peronista se siente acorralada radicaliza aún más su discurso. Ayer, en su primera reacción tras ser imputada, la presidenta colgó en su página de Facebook el siguiente comentario: «¿Saben qué? El odio, el agravio, la infamia, la calumnia se los dejamos a ellos».

Una Cristina Kirchner en momentos de crisis es una política furiosa que no aminora la marcha, sin importarle qué legado le quedará a su sucesor y posible delfín de cara a las elecciones de diciembre. Daños colaterales que podrían truncar la carrera de un futuro presidente peronista. Por eso, algunos como Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato presidencial, prefieren dar un paso al lado. Sin referirse al tema opta por mostrar la cara más moderada del oficialismo, a sabiendas de que tendrá que enfrentarse a Sergio Massa quizás en segunda vuelta. El centro será un lugar disputado y en esa carrera, los exabruptos de la presidenta no ayudan. Pero CFK tiene sus propios «dobermans». Esos perros de prensa a los que soltar cuando las cosas se ponen feas. Uno de esos soldados incondicionales es Aníbal Fernández, el secretario general de la presidencia. El afable hombre de bigote prominente se ha convertido en el principal ariete, sin pelos en la lengua. Fernández desestimó la imputación al considerar que «se nota» que el fiscal Gerardo Pollicita «está organizando una marcha», y descartó una posible detención de la mandataria porque «no hay elementos» para indagarla. El funcionario volvió a minimizar la imputación de la jefa de Estado al señalar que «no es una cosa gravosa», en tanto renovó sus críticas a la denuncia de Nisman, a la que calificó como «bodoque» e «impresentable». Además, sostuvo que, de las 60 páginas escritas por Pollicita, «50 son ‘‘copy paste’’, que en castellano sería cortar y pegar más o menos de la denuncia de Nisman».

Para el manual K, la imputación de la presidenta «es un golpe de Estado en proceso». De nuevo la teoría de la conspiración. «Intento de desestabilización» y «estrategia de desgaste» fueron alguna de las definiciones con las que el oficialismo salió a defender a su «Evita». La oposición pidió que la presidenta declare ante el juez y llamó a «cuidar al fiscal Pollicita». Desde la UCR, el primero en reaccionar fue su titular, el senador Ernesto Sanz. «Que un jefe del Estado sea imputado judicialmente por encubrimiento del terrorismo es una cosa muy grave», sostuvo en un comunicado. Y consideró que «se requiere mucha responsabilidad porque cada día que pase con la presidenta de la nación sometida a esta acusación es un día más de deterioro institucional y de virulencia política».

El próximo capítulo de esta guerra fría donde confluyen varios actores, se vivirá el próximo miércoles. Los fiscales han convocado una «marcha del silencio» para protestar por la muerte de su colega y el intervencionismo de la presidenta en la causa. Aunque la oposición asegura que no pretenden politizar la manifestación, lo cierto es que marcharán al frente. Se espera que la asistencia sea masiva en lo que podría convertirse en un acto de protesta contra el Gobierno argentino. El oficialismo ya advierte sobre posibles represalias a los jueces que se manifiesten el día 18. La campaña ha comenzado.