El caos se apodera de las instituciones venezolanas

El chavismo plantea que legisle el Supremo y la oposición se niega a acatar sus sentencias

Venezuela cae de lleno en una crisis institucional y la parálisis política. La segunda sesión ordinaria en la Asamblea Nacional (AN) no se celebró porque ni los diputados opositores ni los oficialistas se presentaron. Los patios de exteriores al Hemiciclo hervían de periodistas en busca de los protagonistas de ambas fuerzas políticas, mientras un grupúsculo de seguidores chavistas con el retrato de Simón Bolívar en mano lanzó huevos a los pocos diputados opositores que entraban al edificio. Un vodevil que agudiza el conflicto de poderes en el país. «Se suspendió la sesión porque no hubo quórum, convocamos para las 10 de la mañana. No hubo presencia ni de la bancada de la oposición ni la bancada del Gobierno», señaló el presidente de la Cámara, el opositor Henry Ramos Allup, quien no dio explicaciones sobre la ausencia de sus compañeros ni sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La sesión postergada para hoy debe servir para «considerar la notificación» del tribunal.

El máximo órgano judicial –controlado por el Gobierno– emitió el día antes una sentencia donde declaró en «desacato» al Legislativo y, por tanto, considera «nulos» todos sus actos. El motivo: la juramentación de los tres diputados opositores impugnados por ese mismo tribunal, que también ordenó la «desincorporación» de esos parlamentarios.

La bancada oficialista, en cambio, responsabilizó a los opositores de la suspensión de la sesión alegando que sus «diputados sí estaban presentes y esperaban en el Teatro Nacional» (edificio colindante a la AN), según alegó el diputado Diosdado Cabello, quien planteó que el Supremo asuma las funciones del Legislativo mientras éste siga invalidado. Ante esa propuesta el ex presidente de la AN sugirió que Nicolás Maduro podría presentar su «plan de emergencia económica» y su Memoria y Cuentas en el TSJ en lugar de en la Asamblea. «Si la AN sigue al margen, es legal y lógico que el presidente no va a acudir a un poder que no reconoce», justificó. Una decisión que enmaraña más la escaramuza entre las fuerzas y ahonda el conflicto de poderes.

Tampoco los opositores están dispuestos a ceder un milímetro. La respuesta a la sentencia del TSJ fue inmediata y unánime: «No vamos a acatar esa decisión». «No cabe duda de que el TSJ exprés está al servicio del Gobierno para anular la voluntad popular», escribió Allup en su cuenta de Twitter. Con «exprés» se refería a la designación de 13 magistrados –afines al chavismo– del Supremo aprobada por el Parlamento saliente el 23 de diciembre. La plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) puso en marcha el lunes una comisión parlamentaria para investigar la validez de ese nombramiento, pues considera que la selección de los jueces incumple los requisitos establecidos.

Ese nuevo TSJ fue el encargado de suspender los efectos de la elección y proclamación de los cuatro diputados del Estado de Amazonas, entre ellos tres opositores. Un fallo emitido el 30 de diciembre tras aceptar el recurso de los oficialistas que exige la repetición de la votación en esa circunscripción por presunta compra de votos de los opositores.

La oposición argumenta que «los diputados desde la proclamación están investidos de inmunidad parlamentaria» y está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias. «A menos que manden un pelotón de militares, tenemos inmunidad. Que respeten al país. Nosotros tenemos un mandato claro del pueblo y lo vamos a cumplir», apuntó el segundo vicepresidente de la AN, Simón Calzadilla. El oficialismo también se mantiene firme. «Si la Asamblea está en desacato, los ciudadanos están obligados a desconocerla. Si hay omisión legislativa, se subsanará con el TSJ. Aquí no se pararán los poderes», advirtió Cabello.

La aparente irreductibilidad de ambas posiciones sume al país en un imparable círculo vicioso. Si el TSJ no reconoce al Parlamento, éste no puede sustituir a los actuales magistrados, ni tampoco legislar. Si la oposición acepta la sentencia del Supremo y retira a sus diputados, pierde la mayoría cualificada y, por tanto, la facultad de aplicar modificaciones en los cargos del TSJ. La pugna de poderes aboca a Venezuela al bloqueo político y económico.