El cierre de la televisión pública pone en jaque al Gobierno griego

El cierre exprés de la radiotelevisión pública ERT le puede salir muy caro al Gobierno griego. Con su decisión, el primer ministro, el conservador Antonis Samaras, no sólo se ha enfrentado a amplios sectores de la sociedad, hastiada tras cinco años de recortes sociales y sacrificios, sino que ha puesto en peligro la débil estabilidad del Gobierno de unidad nacional que comparte con socialistas (Pasok) e Izquierda Democrática (Dimar) desde hace un año.

Los sindicatos públicos y del sector privado han convocado una huelga general de 24 horas en protesta por el despido de los 2.700 trabajadores del ente público, mientras que los periodistas se han solidarizado con sus compañeros de la ERT y han iniciado un paro indefinido. «Haremos huelga hasta que el Gobierno dé marcha atrás», anunció a la agencia Dpa el presidente de la Asociación de Redactores de Periódicos de Atenas (Esiea), Dimitris Trimis.

Desde la oposición, el líder de la Coalición de la Izquierda Radical (Syriza), Alexis Tsipras, habló de «un golpe a la democracia, a la libertad de expresión y la cohesión social». Incluso el presidente de la República, Karolos Papulias, recordó la necesidad de una televisión pública. Pero las mayores críticas las lanzaron los ministros del Pasok y de Dimar, que se negaron a firmar el decreto por el que el Gobierno puede cerrar empresas públicas para cumplir con la troika, que exige a Atenas despedir a 2.000 funcionarios antes del verano. Los socios menores, que acusan al primer ministro de no haberles consultado, han decidido presentar un proyecto de ley en el Parlamento para enmendar el decreto. Fotis Kuvelis, líder de Dimar, ha advertido de que si cae el Gobierno y se convocan elecciones, el único culpable será el primer ministro Samaras. En declaraciones a LA RAZÓN, Bakis Kokosis, periodista de la radio pública, explica que el Gobierno griego «ha preferido cerrar la ERT porque no es una empresa del sector público, sino un ente de interés público en el que se puede poner fin a los contratos de los trabajadores, mientras que los empleos de los funcionarios están protegidos por la Constitución».

Mientras, los trabajadores de la televisión pública permanecen atrincherados en la redacción y continúan a través de varios portales de internet en Grecia y Chipre. El portavoz del Gobierno, Simos Kedikoglu, no descartó una intervención policial al asegurar que se hará lo necesario para que «no se dañe la propiedad del Estado». Sobre un posible desalojo, Kokosis explica que «anoche [por el martes], se amenazó con no pagar las indemnizaciones a los que no abandonen el edificio, pero por ahora no ha hecho acto de presencia la Policía gracias a la gran afluencia de gente congregada en el exterior».