El dinero del petróleo mancha a todos los partidos brasileños

Sesenta cargos de alto nivel han sido imputados en la trama de la compañía en el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica

La actuación policial para llevar al ex presidente de Brasil Lula da Silva a declarar supone, sin duda, el punto más álgido hasta la fecha de la operación «Lava Jato», que desde abril de 2014 investiga el desfalco de cientos –si no miles– de millones de dólares desde la petrolera estatal Petrobras para funcionarios de la empresa, partidos políticos e intermediarios por medio de contratos sobrefacturados. Pero su alcance político y económico es mucho mayor. La organización Transparencia Internacional, que lucha contra la corrupción en el mundo, ha calificado la trama de Petrobras como «uno de los mayores casos de corrupción en la historia de América Latina».

La semana pasada, el jefe de campaña de Lula y de Dilma Rousseff, Joao Santana, fue detenido por la Policía a su retorno a Brasil acusado de recibir ilícitamente millones de reales procedentes de empresas constructoras para sufragar las campañas del Partido de los Trabajadores (PT), el de Lula y Rousseff. También se sospecha que recibió dinero ilícito de constructoras brasileñas para las campañas de Nicolás Maduro y Hugo Chávez en Venezuela.

Este lunes, el ministro de Justicia brasileño, José Eduardo Cardozo, dimitía de su cartera como consecuencia de las críticas recibidas por su formación, el Partido de los Trabajadores, por no haber frenado las investigaciones de las fuerzas del orden contra altos mandos del partido. Cuarenta y ocho horas después, el Supremo Tribunal Federal aceptaba la petición de la Fiscalía general para juzgar al presidente del Congreso, el conservador Eduardo Cunha, a quien los investigadores acusan de haber recibido cinco millones de dólares en cuentas en Suiza a cambio de facilitar contratos de suministro de empresas con Petrobras. Con él, que ocupa el tercer escalón en la línea de poder tras la presidenta y el vicepresidente, ya son más de 60 los políticos de alto nivel investigados o imputados en la trama, entre los que figura también el presidente del Senado, Renan Calheiros. También parte de la élite económica –sobre todo las constructoras– están entre rejas o aguardando condena. Sirva como ejemplo el caso de Marcelo Odebrecht, presidente de la mayor constructora de América del Sury quien está en prisión preventiva desde el 19 de junio.

Está por ver cuál es el impacto que tendrá todo ello en el Gobierno de la presidenta Rousseff, quien en varias ocasiones y de forma pública ha defendido su inocencia. Sin embargo, esta semana una empresa aseguró que pagó ilícitamente parte de la campaña de la mandataria en 2010. Ejecutivos imputados de Andrade Gutiérrez, la segunda mayor constructora del país, dijeron a la Policía que hicieran un contrato ficticio con la empresa de comunicación Pepper –que suministró servicios en la campaña de Rousseff 2010– para abonarle dos millones de euros que, en realidad, los debía el PT. Lo que parece seguro es que la presión aumentará por parte de la oposición para que se celebre un juicio político contra Rousseff, a quien parte de la sociedad percibe como incapaz de sacar al país de la crisis económica. El próximo día 13 está convocada una nueva manifestación nacional para pedir su dimisión o un «impeachment» por medio del Legislativo.