Lula da Silva, una reelección casi imposible

Un tribunal de segunda instancia de Porto Alegre ratifica y aumenta la condena al ex presidente brasileño a 12 años de prisión por corrupción, lo que complica su futuro como candidato a las presidenciales.

Luiz Inácio Lula da Silva, entre la gloria o la cárcel. Aunque el ex presidente de Brasil lidera los sondeos de las elecciones presidenciales de octubre, su futuro político puede quedar condicionado por la sentencia emitida ayer por tres jueces de segunda instancia en un juzgado de Porto Alegre en un caso por corrupción.

Los tres jueces encargados del juicio ratificaron la condena de nueve años de prisión impuesta por el magistrado Sergio Moro y, además, pidieron aumentar la pena a doce. Los tres coincidieron en que Lula tendrá que cumplir la pena en régimen cerrado y que podrán ordenar su detención cuando la defensa no cuente con más recursos para intentar modificar la condena en segunda instancia. La unanimidad del tribunal dificulta así aún más los tiempos de Lula para recurrir y poder ser candidato presidencial.

Ante una plaza abarrotada por miles de simpatizantes en Sao Paulo, el ex presidente del Partido de los Trabajadores defendió su inocencia. «Todo lo hacen para evitar que yo pueda se candidato, ni ganar, sólo ser candidato. Pero la provocación es tan grande que ahora quiero ser candidato a presidente de la República», aseguró. «Si cometí un crimen que me lo presenten, y si me lo presentan, desisto de la candidatura», dijo.

Concretamente en esta causa judicial, una de las seis abiertas contra Lula, la mayoría por supuesta corrupción, el antiguo jefe de Estado responde por presuntos sobornos –recibidos de la constructora OAS–, como un triplex en el balneario de Guarujá, a cambio de favorecer a la compañía en contratos con la petrolera. Lula da Silva afirmó ayer ante miles de seguidores en Porto Alegre que sólo «la muerte» lo apartará del combate político. «Sólo una cosa me sacará de las calles de este país, y será el día de mi muerte. Hasta ese momento lucharé por una sociedad más justa. Cualquiera que sea el resultado, seguiré luchando por la dignidad del pueblo», dijo el ex mandatario, que gobernó de 2003 a 2010. «Dudo que en este país haya un magistrado más honesto que yo», agregó.

Lula fue condenado en julio a nueve años y medio de cárcel por corrupción y lavado de dinero en el marco de la «operación Lava Jato», que investiga una red de sobornos en Petrobras, pero recurrió dicha sentencia en libertad.

El PT, el movimiento de trabajadores rurales Sin Tierra y otros grupos de izquierda se movilizaron a la capital de Rio Grande do Sul, adonde llegaron más de 200 autobuses procedentes de todo el país, de acuerdo con los organizadores. La derecha también convocó marchas en contra. Ante el temor de enfrentamientos, las autoridades de Porto Alegre montaron un dispositivo especial de seguridad con 5.000 agentes. El tribunal amaneció protegido con apoyo de barcos y helicópteros y un bloqueo perimetral terrestre, aéreo y fluvial. Mientras, Lula siguió desde Sao Paulo el debate judicial.

«La burguesía controla el Congreso, la Justicia y la televisión. Al pueblo brasileño sólo nos queda las calles para manifestar nuestras ideas», afirmó Joao Pedro Stédile, del Movimiento Sin Tierra. «No nos interesa ser radicales. Sólo queremos acampar, pues no tenemos dinero para pagar hotel», agregó el líder de los campesinos sin tierra al negar que la organización pretendiera promover protestas violentas en Porto Alegre. A su lado, en sintonía, el presidente regional de la Central Única de Trabajadores, en el estado de Río Grande do Sul, Claudir Nespolo, decía: «Estamos en las calles para mostrar que nadie puede ser condenado sin pruebas. Las elecciones sin Lula son un fraude».

Aunque la estrategia del Partido de los Trabajadores es mantener la candidatura de Lula hasta el último momento, incluso cuando exista un escenario de condena, según pudo saber LA RAZÓN de fuentes del propio partido, ya tienen un plan B. En el caso en el que finalmente no haya opciones, la apuesta será el candidato Jaques Wagner, quien fue gobernador del estado de Bahía hasta diciembre de 2014. De todas formas las oportunidades del ex presidente no están enterradas.

Las últimas opciones

A partir de ahora, la defensa puede llevar el caso al Superior Tribunal de Justicia, la máxima corte del país para asuntos no constitucionales, y finalmente también al Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima instancia jurídica. El fallo del STF sería definitivo. No obstante, quien tiene la última palabra es el Tribunal Superior Electoral, el único que podría obviar la ley que impide que un condenado en segunda instancia pueda ser candidato.

Además, el ex presidente se enfrenta otros cinco procesos judiciales. Si durante la campaña algunas de estas sentencias quedase en firme, también podría ser inhabilitado, aunque de nuevo sus abogados intentarían alargar el proceso por medio de recursos, hasta llegar a un supuesto escenario en el que alcanzase la presidencia en octubre o diciembre, logrando inmunidad política.