El «pacto con el diablo», a juicio

Arranca el proceso por la negociación entre la mafia y el Estado italiano

La esposa y las hijas de Benedetto Grado, tras ser asesinado por la mafia en Palermo en 1983
La esposa y las hijas de Benedetto Grado, tras ser asesinado por la mafia en Palermo en 1983

ROMA- La sala búnker de la cárcel palermitana de Pagliarelli, por la que tantos mafiosos han pasado, fue ayer el escenario donde comenzó el proceso con el que Italia hará cuentas con uno de los momentos más oscuros de su pasado reciente: los posibles pactos que suscribieron a principios de los años 90 del siglo pasado el Estado y Cosa Nostra, la mafia siciliana, para poner fin a los atentados cometidos por los criminales a cambio de beneficios carcelarios e influencia en las instituciones.

Entre los imputados hay algunos de los protagonistas políticos de entonces, como Nicola Mancino, quien fue ministro del Interior, o Marcello Dell'Utri, ex senador y durante años hombre de confianza de Silvio Berlusconi. También están acusados Antonio Subranni y Mario Mori, ex generales de los Carabineros, y el ex coronel de este cuerpo Giuseppe De Donno. Por parte mafiosa, la Fiscalía ha señalado con el dedo a la cúpula de Cosa Nostra de aquella época: Salvatore «Totò» Riina, Bernardo Provenzano, Giovanni Brusca, Leoluca Bagarella y Nino Cinà. Todos ellos participan en el proceso por videoconferencia, pues se encuentran encarcelados bajo el régimen más duro que existe en Italia, el 41 bis. El triángulo de imputados lo completa Massimo Cancimino, hijo del hombre que supuestamente hizo de enlace en las negociaciones entre el Estado y los criminales, el ex alcalde de Palermo Vito Ciancimino.

El protagonista del primer día de proceso fue Mancino, quien pidió ser juzgado aparte porque no quiere verse mezclado con los mafiosos a los que, según él, tanto combatió cuando estuvo en el poder. Mancino, a quien se le veía ayer cariacontecido en el aula, lamentó que su «palabra» valiera menos «que la de algún otro colega que en aquella época también era ministro». Está acusado de falso testimonio, mientras que al resto se le imputan cargos por violencia o amenazas al cuerpo político del Estado. El fiscal Vittorio Teresi ha explicado que su objetivo es conseguir que el juez imponga en la siguiente vista, que se celebrará el viernes, un cargo adicional a Mancino por ayudar a la mafia.

Ayer pidieron constituirse como parte civil en el proceso el Ayuntamiento y la Provincia de Florencia, así como la Región Toscana, pues fue en la ciudad de los Medici donde se produjo uno de los atentados mafiosos de aquellos años, que dejó cinco muertos. También es parte civil en el proceso Salvatore Borsellino, hermano del emblemático juez antimafia Paolo Borsellino, quien fue asesinado con cinco de sus escoltas por Cosa Nostra en 1992. El proceso podría, además, arrojar luz sobre la muerte del compañero de Borsellino, el magistrado Giovanni Falcone, a quien los mafiosos mataron dos meses antes con su esposa y tres escoltas. «A Paolo le mataron porque sabía que había una negociación con la mafia y se negó a ella. Yo llevo veinte años diciéndolo y siempre me tachaban de loco», comentó Borsellino. «Finalmente se comenzó a hablar de ello y ahora por fin hemos llegado a un juicio en el que se van a aclarar estas conversaciones secretas», añadió. «Creo que la verdad emergerá en el proceso. No puedo permitirme ser pesimista. El problema es que estamos ante el inicio de un juicio que será muy largo. A mí me quedarán unos 15 años de vida y no creo que sean suficientes. Antes de morirme, haré todo lo posible para que no torpedeen el proceso y los jóvenes de hoy puedan saber realmente qué ocurrió», sentenció Borsellino.

Napolitano podría declarar

En la lista de 178 testigos del proceso de Palermo por las negociaciones entre el Estado italiano y la mafia hay varios nombres ilustres. Destacan entre ellos el del presidente de la República, Giorgio Napolitano; el de su antecesor como jefe del Estado, Carlo Azegio Ciampi; el del presidente del Senado, Pietro Grasso, o el del fiscal general del Tribunal Supremo, Gianfranco Ciani. Todos ellos han sido llamados por la Fiscalía y ahora el presidente del tribunal, Alfredo Montalto, debe decidir si los convoca o no para declarar. El Ministerio Público ha solicitado la comparecencia de Napolitano por las conversaciones telefónicas que mantuvo con Nicola Mancino, ministro del Interior en la época en que se forjaron los supuestos pactos.