El Supremo británico juzga el “cerrojazo” de Boris Johnson

El veredicto, que podría conocerse la semana próxima, no tendrá que ver con "cómo ni cuándo"se ejecuta el Brexit

El Tribunal Supremo inició ayer un juicio que tendrá importantes consecuencias para el futuro del primer ministro, Boris Johnson. La máxima autoridad judicial del país deberá determinar si su decisión de derogar el Parlamento es legal o no. La semana pasada, la Corte de Apelaciones de Escocia falló que era ilegal y que además el premier engañó deliberadamente a la reina Isabel II para conseguir su propósito.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Londres consideró que se trataba de una cuestión política y no judicial, cuando la empresaria pro UE Gina Miller demandó al Gobierno. Tanto Johnson como Miller han recurrido estos fallos al Supremo y ahora sus once magistrados -un número impar para evitar cualquier empate en el veredicto- escuchará hasta el próximo jueves argumentos de ambas partes.

La presidenta del Tribunal Supremo, Brenda Hale, advirtió ayer en cualquier caso que el eventual dictamen de esta corte no tendrá que ver con “cómo ni cuándo” se ejecuta el Brexit.

En uno de los momentos más críticos para la historia del Reino Unido, el jefe del Ejecutivo suspendió las cámaras del 10 de septiembre al 14 de octubre, a poco de la fecha prevista para la retirada del bloque, el 31 de octubre, con el argumento de que necesitaba el tiempo para diseñar su nueva agenda legislativa.

Los diputados consideraron en cambio que la decisión, que fue sancionada, como es protocolario, por la reina Isabel II, era una artimaña para impedir que el Parlamento frustrara su radical plan de salir del bloque sin pacto.

El primer ministro puede concluir un periodo de sesiones y dejar unos días para iniciar el siguiente con el llamado “Discurso de la reina”, donde se fijan las prioridades. Pero no se había visto una suspensión tan prolongada desde 1945.

En cualquier caso, en la corta semana que sus señorías tuvieron tras el receso estival, lograron aprobar por vía rápida una ley que obliga ahora a Johnson a pedir una nueva prórroga a Bruselas hasta el 31 de enero de 2020, si no se ha consensuado ningún pacto para antes del 19 de octubre.