El terremoto político que sacude Marruecos

La crisis de Alhucemas
se ha saldado con el cese
de cuatro ministros clave

El movimiento de protesta que ya dura siete meses y que sacude la ciudad norteña de Alhucemas, como resultado de las políticas fallidas del Gobierno islamista de Benkirane, finalmente ha llevado a un terremoto político real. El rey ha despedido a cuatro ministros clave, incluido al hombre fuerte del Estado, el ministro del Interior. También ha prohibido a varios altos funcionarios, incluidos dos ex miembros del Gabinete, ocupar cargos públicos. Lo que ha sucedido no es un acto impulsivo, es parte de un proceso dirigido a construir instituciones responsables.

«The Hirak», el movimiento de protesta de Alhucemas, se ha centrado y se centra en las promesas incumplidas de un programa que inicialmente fue diseñado para hacer de esta ciudad un centro influyente en la región mediterránea. Muchos proyectos bajo este programa, que estaban bajo la responsabilidad de varios ministros del Gobierno anterior, todavía estaban en su etapa embrionaria. El rey ha elegido actuar dentro del marco de la Constitución. Primero expresó su insatisfacción en junio en una reunión del Gabinete durante la cual pidió la creación de una comisión de investigación para identificar a los funcionarios incompetentes. Además, durante su Discurso del Trono en julio, castigó a los partidos políticos y las instituciones públicas por su incapacidad para satisfacer las necesidades de la gente. Finalmente, en la apertura del Parlamento, el monarca se refirió, una vez más, al tema de la responsabilidad como el principio subyacente de este terremoto político.

Estamos asistiendo a un verdadero ejercicio democrático, donde el rey, el jefe de Estado, utiliza sus poderes, al tiempo que respeta el papel de todas las instituciones según lo prescrito por la Constitución, en particular en el artículo 47, que hace del soberano el garante de la buen funcionamiento de las instituciones del Estado. El rey inicialmente encargó una auditoría, lo que llevó a la conclusión de que los departamentos ministeriales habían fallado gravemente en su misión. Mientras que algunos ministros firmaron proyectos que carecían de los recursos logísticos y financieros necesarios, otros simplemente optaron por abandonar sus compromisos en favor de pequeños cálculos políticos.

El rey no se limitó a constatar estos hallazgos, sino que solicitó al Tribunal de Cuentas, una alta institución judicial independiente del Poder Ejecutivo, que determinara si se habían producido casos de malversación de fondos. El informe presentado ayer fue bastante mordaz. Si bien no se revelaron apropiaciones indebidas, se documentaron casos graves de mala administración de los fondos públicos. La reacción enérgica del rey hacia las personas que se consideran cercanas a él, como el ex ministro del Interior y el jefe de la Oficina de Agua y Energía, envía un fuerte mensaje político: cualquier funcionario que no cumpla con sus compromisos incurrirá en severas sanciones. También impulsará a los partidos políticos a seleccionar candidatos para el cargo con un sistema basado en el mérito.

El Parlamento marroquí, con todas las facultades de supervisión que le han sido conferidas, lamentablemente aún no cuenta con los medios humanos para cumplir ese papel. Por lo tanto, corresponde al jefe de Estado, utilizando sus prerrogativas constitucionales, tomar la iniciativa, establecer las reglas de supervisión y control, así como garantizar el principio de responsabilidad. Esto fortalecerá sustancialmente la democracia y las instituciones democráticas.

Este terremoto político es un punto de inflexión bajo el mandato del rey Mohammed VI, quien, desde su entronización, había establecido una serie de principios relacionados con el buen gobierno. Instó a las instituciones públicas a trabajar al servicio de las personas y al cumplimiento de los objetivos de desarrollo, promovió el respeto del resultado de elecciones libres y transparentes, y respetó la voluntad popular al aceptar una nueva Constitución que amplió los poderes del jefe de Gobierno. Si bien todas estas medidas no aumentaron la confianza de los ciudadanos en las instituciones representativas centrales, lo que está sucediendo ahora debería restablecer la confianza de los jóvenes y de la ciudadanía en estas instituciones, ya que de ahora en adelante están sujetas a una supervisión rigurosa. No más impunidad.