Eurofobia: Londres exigirá los antecedentes penales a los europeos

La segunda ronda de negociaciones del Brexit concluye con un completo bloqueo propiciado por Reino Unido, que no puso una sola propuesta sobre la mesa.

La segunda ronda de negociaciones del Brexit concluye con un completo bloqueo propiciado por Reino Unido, que no puso una sola propuesta sobre la mesa.

Tras cuatro días de intenso trabajo, las negociaciones entre Londres y Bruselas están sumidas en punto muerto y nadie parece tener claro si, a la vuelta de las vacaciones, será posible alcanzar velocidad de crucero hacia alguna parte. A pesar de las palabras de cortesía, los avances han sido muy pocos y la estrategia británica de no enseñar las cartas preocupa y enfada a Bruselas, a la que se le empieza a agotar la paciencia aunque intente no perder la compostura. «La impresión ha sido muy mala, han venido sin papeles», reconoce un alto cargo comunitario que, sin embargo, quita importancia al hecho de que el negociador jefe británico, David Davis, haya pasado tan poco tiempo en la capital comunitaria (tres horas en la primera jornada y un periodo similar ayer en el último día de trabajo) y haya preferido seguir los avances de los técnicos desde Londres, en medio de conatos de guerra civil dentro del gabinete de Theresa May.

«Las cosas pueden avanzar muy rápido si hay voluntad», aseguran otras fuentes en Bruselas, que reconocen no saber a ciencia cierta cuándo Londres decidirá mover ficha de forma constructiva. El propósito y el deseo por parte de los 27 es que a finales de octubre, si las capitales europeas constatan que hay suficientes avances, pueda comenzar una segunda fase en la que esbozar la relación futura.

A pesar de que todo indica que la factura de salida es el mayor escollo en esta primera fase, las divergencias sobre los derechos de los europeos al otro lado del Canal de la Mancha y viceversa también comienzan a envenenar las negociaciones. Bruselas pretende que el Tribunal de Justicia de la UE siga velando por los derechos de los ciudadanos europeos residentes en Reino Unido una vez el Brexit haya sido consumado y no confía en que los tribunales británicos puedan ofrecer este tipo de garantías, ni tampoco transige con ningún tipo de tribunal internacional creado ad-hoc. «Para las leyes europeas, el único competente es el Tribunal de Luxemburgo», aseguró ayer un alto diplomático.

Pero los problemas no terminan aquí. La Prensa británica advertía ayer escandalizada de que sus ciudadanos podrían perder su derecho de residencia en caso de desplazamiento dentro del territorio comunitario o su derecho a la sanidad. Bruselas reconoce que tan sólo busca reciprocidad. En la propuesta defendida por Downing Street se apela a cumplir con cinco años de residencia ininterrumpida para poder acceder al estatus de «residente asentado», nueva categoría que entrará en vigor para los ciudadanos comunitarios tras el divorcio. Una posibilidad que plantearía problemas a los residentes en Reino Unido que hayan pasado algún lapso de tiempo intermedio en otro país europeo. Para colmo de males, Londres está estudiando pedir antecedentes penales a las ciudadanos de la Unión Europea residentes en suelo británico. Según reconocen fuentes comunitarias, Londres ya ha informado de este asunto a sus homólogos europeos, pero Bruselas le exige tener más información antes de saber a qué atenerse. «Entendemos que en la situación pre-Brexit cumplirían con las leyes comunitarias y tras el Brexit seguiría la legislación británica», explican estas fuentes, que no quieren hacer más valoraciones sobre esta iniciativa. Los que sí hablan son los afectados, que ya han comenzado a movilizarse. Nicolas Hatton, uno de los fundadores del colectivo que agrupa a los ciudadanos europeos que viven en los dos lados del Canal, aseguró ayer que esto significaría «tratar a tres millones de ciudadanos europeos como potenciales criminales».

Ante la falta de concreción británica, el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, apeló a uno de los máximos héroes de la historia moderna del país, Winston Churchill, para que Downing Street entre en razón. «El precio de la grandeza es la responsabilidad», aseguró en un intento de apelar a la «grandeur» británica antes de la próxima ronda negociadora que comenzará la última semana de agosto. Bruselas confía aún en que Reino Unido aparezca por fin con un documento de trabajo sobre qué compromisos financieros está dispuesto a asumir. En la ronda que concluyó ayer, Londres se ha limitado a escuchar los planteamientos de Bruselas y a tomar notas. Como modo de insuflar esperanza, Barnier bautizó el próximo periodo de negociaciones como el de «la clarificación», a pesar de que fue imposible arrancar un compromiso a Davis en este sentido. El ministro del Brexit se limitó a aclarar que Reino Unido es «un país que reconoce sus responsabilidades y sus derechos internacionales», sin llegar a admitir que esto puede conllevar una transferencia de dinero neto a las arcas comunitarias ni en qué partidas está dispuesto a ceder. Aunque Bruselas no pide ninguna cifra, sí exige una metodología clara. Las estimaciones extraoficiales cifran en una horquilla de entre 60.000 y 100.000 millones de euros el dinero que Londres debería pagar. El ministro de Exteriores, Boris Johnson, mandó la semana pasada a «tomar viento fresco» a los europeos ante, a su juicio, lo abultado de la factura. El más educado Davis se limitó ayer a pedir «flexibilidad» sin desvelar ningún as en la manga.

Como alivio para España, los británicos no han intentado tratar en estas negociaciones el tema de Gibraltar. Las líneas rojas de los Veintisiete son claras y pretenden que este tema quede fuera de las negociaciones del Brexit. Al menos por el momento, Londres considera que el tema no es prioritario.