Georgia aprueba la ley de agentes extranjeros que le aleja de la UE

Las esperanzas de que Georgia pueda convertirse en un Estado miembro de la Unión Europea se disipan. El Parlamento del país ha aprobado este martes en tercera votación una controvertida ley que obligará a registrarse como «agentes de influencias extranjera» a todas aquellas organizaciones, lo que incluye también a los medios de comunicación, que reciban al menos un 20% de su financiación desde el exterior. Si no lo hacen, la negativa puede acarrear cuantiosas multas.

Para la oposición, esta nueva ley supone una copia de la que ya se encuentra en vigor en Rusia y que está sirviendo como un método de represión para los disidentes políticos, con el objetivo de acallar las críticas al Ejecutivo. El Gobierno asegura, sin embargo, que esta nueva ley tan sólo pretende aumentar la transparencia en el país.

La presidenta del Georgia, Salomé Zourabichvili, considerada proeuropea y enfrentada al partido del Gobierno, ha prometido vetar la ley aprobada en el Parlamento, pero Sueño Georgiano, que cuenta con una mayoría holgada en la Cámara, puede anular el veto antes de que el poder legislativo convierta la normativa en ley. Las esperanzas de frenar esta normativa parecen casi nulas.

El país solicitó la adhesión a la UE en marzo de 2022 y obtuvo el estatus de país candidato en diciembre de 2023 siempre y cuando Tiflis pusiera en marcha las recomendaciones de la Comisión Europea. Tras la aprobación de esta normativa, todo indica que Georgia se ha adentrado en un punto de no retorno que le acerca a Moscú y le aleja del proyecto de integración europeo.

Desde que comenzó a tramitarse esta normativa, las protestas se han sucedido en el país. El pasado 11 de mayo el rechazo a la normativa consiguió convocar a más de 50.000 manifestantes en las calles de la capital, Tiflis. En el país, no se había vivido un movimiento ciudadano similar, desde las protestas que desembocaron en la independencia respecto a la URSS en 1991 tras la caída del Muro de Berlín. Desde que se conocieron las intenciones del partido en el Gobierno de tramitar esta ley, los avisos por parte de las instituciones comunitarias han sido constantes.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó el pasado 1 de mayo su «gran preocupación» por la situación en Georgia y condenó el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del país como modo de reprimir las manifestaciones. «Georgia se encuentra en una encrucijada. Debería mantener el rumbo en el camino hacia Europa», aseguró la política alemana. Poco antes de que este martes se conociera el resultado de la votación en el Parlamento Europeo, el presidente del Consejo, Charles Michel, declaró que si Georgia «quiere unirse a la Unión Europea, tendrá que respetar los principios fundamentales del Estado de derecho y los principios democráticos».

El partido en el Gobierno, Sueño Georgiano, ya intentó en el pasado poner en marcha una ley similar, pero tuvo que desistir en marzo de 2023 debido a las protestas masivas. El fundador de este partido es el multimillonario, Bidzina Ivanishvili, un oligarca con fuertes lazos con Moscú y que fue nombrado como presidente de honor del partido.

La presidenta de Georgia había pedido en las últimas semanas al ministro de Interior poner fin a la represión y llegó a asegurar que el uso de la fuerza había sido desproporcionada. El diputado de la oposición, Levan Khabeishvili, fue uno de los manifestantes golpeados por las fuerzas del orden hasta el punto de necesitar asistencia médica. El ministerio de Interior negó estas acusaciones y aseguró que la policía se está viendo abocada a utilizar estos métodos, ya que las protestas se habían convertido en violentas.

La invasión de Ucrania por parte de las tropas de Vladimir Putin ha servido para espolear el debate sobre la ampliación a nuevos miembros. Justo cuando el pasado 1 de mayo se conmemoró el vigésimo aniversario del denominado Big Bang europeo con la entrada de 10 países del antiguo Telón de Acero, los Veintisiete se replantear las reformas que deben realizarse dentro del club comunitario para poder alojar más de 30 miembros. Además de Ucrania y Moldavia, que han recibido el estatus de candidato en tiempo record, los países de los Balcanes Occidentales también se encuentran esperando desde hace décadas. Aunque el Ejecutivo comunitario no ha fijado ninguna fecha a la entrada de nuevos socios, el presidente del Consejo, Charles Michel, presiona para que 2030 sea el año en el que el club vuelva a vivir una nueva ampliación.