«Hay dinero para comprar armas y hacer carreteras, pero no para los indígenas»

Ruth Buendía, de 35 años, lidera una de las comunidades indígenas de los asháninkas en el departamento de Junín, en la selva amazónica peruana. Su trayectoria representa un símbolo de la defensa de los derechos de los pueblo nativos de su país. Durante su paso por Madrid, donde ha participado en un proyecto promovido por la Fundación Humanismo y Democracia para conocer de cerca las instituciones españolas, ha explicado a LA RAZÓN su trabajo en favor de los asháninkas, una etnia cada vez más vulnerable ante los proyectos de construcción de centrales hidroeléctricas que amenazan con quitarles su tierra.

Ruth Buendía lideró el movimiento social para paralizar dos represas (la de Paquitzapango en el río Ene y la del río Tambo). La construcción de estas dos centrales hidroeléctricas, con una altura de 160 metros de altura, hubiera supuesto un duro golpe para los asháninkas al tener que desplazarse unos 100.000 nativos de sus tierras donde estaban previstos los embalses. Después de meses de protestas y recursos ante el Estado, el caso llegó a instancias internacionales. "Como el Gobierno peruano no nos defendía -dice Ruth- tuvimos que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y allí nos dieron la razón. Los proyectos se frenaron, pero todavía puede venir otra empresa y presentar otro proyecto".

Los asháninkas (significa "todos hermanos") también estuvieron en el punto de mira de Sendero Luminoso en los años ochenta. El grupo terrorista maoísta usurpó sus tierras y mató a su gente. A nivel personal, sin embargo, Ruth vivió una historia muy distinta. Cuando tenía 12 años asesinaron a su padre, pero no fueron los terroristas sino los propios vecinos de la comunidad los autores del crimen. En la huida hacia las montañas para escapar de la violencia, el padre de familia fue confundido con un miembro de Sendero Luminoso y cayó muerto por disparos de su propia comunidad.

Tras aquella desgracia, un combatiente del grupo terrorista acogió a la familia de Ruth y se fueron a vivir con Sendero Luminoso hasta que descubrieron que eran terroristas. Tras vivir en una base militar, la madre se vio obligada a entregar a sus hijos a distintas familias por falta de recursos. A Ruth, ahora madre de cinco hijos, se le saltan las lágrimas cuando se le pregunta por este episodio. "Antes del terrorismo los indígenas vivíamos felices y teníamos de todo. Ahora el país ha cambiado y la amenaza viene del narcoterrorismo. Cada día vemos como aterrizan los aviones con la droga ante la pasividad del Estado. Hemos hablado con el Ejército, pero nos dicen que es un asunto de la policía. Y una vez más nos sentimos indefensos y con un Estado que no hace su trabajo".

Su misión al frente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE) le ha dado una mayor visibilidad a su trabajo "vigilando el funcionamiento de los gobiernos locales". Por lo que Ruth lucha ahora es por la defensa de los derechos de su etnia y por mantener el entorno medioambiental. "Lo que nosotros queremos es respeto por nuestra cultura, nuestro idioma y nuestros territorios. A los habitantes de Lima se les trata de como ciudadanos, a nosotros, que somos una comunidad nativa, nos dicen que somos de tercera clase".

El Gobierno peruano firmó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que aborda los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Cuando Ollanta Humala llegó a la presidencia del país, les prometió desarrollar legalmente este acuerdo internacional dentro de Perú. "No lo ha hecho y nos sentimos desilusionados", lamenta Ruth, quien recuerda que ningún presidente peruano, a excepto de Velasco Alvarado -que tituló tierras para campesinos e indígenas- no ha hecho nada por ellos.

Los asháninkas no ven con buenos ojos los planes del Gobierno de construir más carreteras cerca de las zonas en las que se asientan los indígenas. "Hay dinero para vías y para armar al Ejército, pero no para invertir en nuestra comunidad. Nosotros vivimos de la agricultura. Estamos tratando de poder competir en el mercado justo, queremos integrarnos en la economía nacional, pero es muy difícil".