Atenas

Imputan por corrupción a presidenta del Fondo de Estabilidad Financiera de Grecia

La presidenta del Fondo de Estabilidad Financiera de Grecia (HFSF), Anastasía Sakellaríu, ha sido imputada por un tribunal dentro del caso de los préstamos sin garantías concedidos por el banco Hellenic Postbank, que contribuyeron a la quiebra de esta entidad.

Sakellaríu aparece en la lista de 25 personas imputadas por diversos delitos de fraude, malversación y lavado de dinero, entre otros, que hoy fue hecha pública junto al auto de acusación del caso.

Antes de acceder al cargo de presidenta del HFSF hace un año, Sakellaríu dirigió la unidad de análisis de riesgo de Hellenic Postbank y, en 2012, aprobó la reestructuración de dos préstamos por valor de 38,5 millones de euros a la empresa DEMCO, del empresario Dimitris Kondominás, uno de los principales imputados en el caso.

La fiscalía anticorrupción acusa a la dirección de Hellenic Postbank de haber concedido créditos sin garantías por valor de más de 400 millones de euros a diversos empresarios, que además no los utilizaban a beneficio de sus empresas sino para gastos personales.

En declaraciones a la prensa, el ministro de Finanzas, Yannis Sturnaras, mostró su respeto a la Justicia pero aseguró tener "plena confianza"en la jefa del HFSF.

"Sakellaríu goza de mi apoyo", afirmó.

El banco semipúblico Hellenic Postbank fue declarado en quiebra a finales de agosto de 2012 y. tras ser dividido en un "banco bueno"y otro "malo", su parte sana fue adquirida por Eurobank por 681 millones de euros.

Sin embargo, Eurobank ha tenido que ser nacionalizado tras ser incapaz de captar suficiente inversión privada para su recapitalización, aunque el objetivo es que sea privatizado en los próximos meses.

El HFSF ha servido para canalizar los fondos europeos y del Gobierno heleno en el proceso de recapitalización y de reestructuración del sistema bancario heleno.

Durante este proceso, los cuatro bancos sistémicos griegos -Piraeus, NBG, Alpha y Eurobank- han llevado a cabo un ambicioso proceso de adquisiciones apoyado por el Gobierno y actualmente controlan más del 90 por ciento del mercado.