Israel derriba 72 viviendas palestinas en un barrio de Jerusalén Este

El Gobierno alega que las viviendas estaban muy cerca de la valla de separación y se construyeron sin permiso. Mahmud Abas habla de «grave escalada» israelí

Era la crónica de una demolición anunciada. Durante las oscuras horas de la madrugada del lunes, centenares de efectivos del ejército israelí y de la guardia fronteriza, junto a ingenieros y maquinaria pesada, irrumpieron en el barrio de Sur Baher de Jerusalén Este y derrumbaron una decena de edificios –unas 72 viviendas-, en un terreno pegado a la barrera de separación que separa Israel de Cisjordania.

Los centenares de residentes palestinos, con visible pena y rabia en sus rostros, vieron como los hogares donde residían hacía décadas se derrumbaron en cuestión de minutos. Si bien las demoliciones en la parte oriental de la ciudad son habituales, ya que predomina una flagrante ausencia de planificación urbana y difícilmente se otorgan permisos de construcción, lo ocurrido ayer marcó un precedente: las estructuras derribadas por las fuerzas israelíes se encontraban bajo jurisdicción de la Área A de Cisjordania, que tras la firma de los Acuerdos de paz de Oslo (1993) quedó bajo pleno control de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Tras la construcción de la barrera de separación que Israel construyó durante la Segunda Intifada, parte de Sur Baher, así como otras aldeas palestinas, quedaron “atrapadas” del lado israelí: viven en un limbo, ya que supuestamente yacen bajo control de la ANP, pero las autoridades palestinas no pueden acceder a estas áreas.

Israel alega que las construcciones se levantaron sin permiso, y que la orden de demolición se llevó a cabo por la proximidad del enclave a la barrera de separación. “Las construcciones suponen una amenaza para la seguridad y pueden dar cobijo a terroristas suicidas que se esconden entre población civil”, comentó el ministro de seguridad pública Gilad Erdan. Y añadió: “la corte añadió que quienes construyeron las casas en el área de la barrera, conocían la prohibición”.

La última esperanza de los residentes palestinos desahuciados, muchos de los cuales invirtieron los ahorros de toda su vida y no tienen donde hospedarse, se desvaneció cuando el tribunal supremo israelí rechazó la petición para cancelar la orden militar que prohíbe la construcción en la zona. Organizaciones humanitarias y activistas aseguran que las alegaciones sobre la seguridad sirven como pretexto para expulsar a los residentes palestinos de Jerusalén.

La oficina del presidente palestino Mahmoud Abbas declaró que “la responsabilidad de esta grave escalada es de Israel”. Y fue más allá: “esto forma parte del acuerdo del siglo que pretende poner fin a la cuestión palestina”, en alusión a la propuesta de paz de la administración Trump, cuyo contenido político todavía no ha sido revelado y por ahora solo ofrece impulsar la maltrecha economía palestina.

Walid Asaf, ministro palestino encargado de monitorear los asentamientos judíos, dijo desde el lugar del derribo que “esta operación pretende cortar Jerusalén de Belén”, refiriéndose a los obstáculos físicos (barrera de separación y asentamientos) y las restricciones de movimiento que dificultan la comunicación entre los enclaves palestinos de Jerusalén Este y Cisjordania.

A pesar de que los edificios contaban con permisos de obra emitidos por el ministerio de planificación de la ANP hace 10 años, en 2012 las autoridades israelíes ordenaron la congelación de las obras, alegando la proximidad a la barrera. A finales de junio, los residentes recibieron un ultimátum de 30 días, avisándoles de que el derribo era irreversible. Ahora, los residentes del este de la ciudad temen que otros 100 edificios podrían correr la misma suerte.