Italia aprueba un decreto que reduce la protección humanitaria a los inmigrantes

El Gobierno italiano endureció hoy las condiciones de los solicitantes de asilo en el país con la aprobación de un decreto que prevé, entre otras cosas, expulsiones de los inmigrantes considerados «un peligro social».

La dura retórica del ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ya tuvo efectos prácticos con el cierre de los puertos a los barcos que salvan migrantes en el Mediterráneo, en una decisión improvisada se convirtió en permanente. Sin embargo ahora el también vicepresidente ha logrado aprobar su primera medida en materia legislativa, que restringe enormemente los derechos de los solicitantes de asilo en Italia. La consecuencia fundamental es que las garantías humanitarias no serán la regla general sino la excepción. Y para ello la medida establece una serie de condiciones para quienes soliciten un permiso temporal de permanencia en el país: ser víctimas de abusos, de violencia doméstica, por motivos de salud, curas médicas, haber protagonizado un acto de valor civil –como el maliense que trepó por una ventana en Francia para salvar a un niño– o sufrir calamidad en su país de origen. Las condiciones son subjetivas y el resto de casos no serán escuchados.

Además, las solicitudes de asilo se congelarán inmediatamente en caso de que el individuo pueda ser considerado un «peligro social» o que sea condenado en primer grado, sin posibilidad de recurso. De esta forma Italia deja de nuevo en manos del criterio subjetivo de los informes policiales su política de asilo y abandona una política garantista. También se ampliará la estancia mínima en los centros de expulsión de tres a seis meses y se ordenarán órdenes de repatriación inmediata para extranjeros condenados por delitos de terrorismo, aunque estos hayan adquirido previamente la nacionalidad italiana. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Salvini confirmó que se reducirán fondos del actual sistema de acogida y se destinarán a las fuerzas del orden.

El decreto ha sido aprobado bajo el nombre de «inmigración y seguridad». Según el ministro del Interior, «la protección humanitaria debería ser residual y ahora será regulada». La norma tendrá que pasar todavía por el Parlamento –que puede introducir enmiendas– y ser firmada por el presidente de la República. Y es aquí donde puede tener más problemas, porque varios constitucionalistas ya habían advertido de que hay aspectos que podrían tener difícil encaje en la Carta Magna. Mientras tanto, Italia le sigue negando la entrada en sus puertos al barco Aquarius, que navega por el Mediterráneo con 58 personas salvadas en los últimos días. La nave, que tenía bandera de Panamá y a la que este país eliminará de sus registros –no lo puede hacer durante la navegación–, ha pedido a Francia permiso para atracar.

De hecho, la aprobación de esta dura medida se toma en un momento en el que España recibió en agosto más del doble de los migrantes que llegan a Grecia (2.477) y cuatro veces más que los que recibe Italia (1.215). El número total de llegadas de Italia desde el 1 de enero hasta finales de agosto es de 19.761 personas, frente a las 98.316 que llegaron a costas italianas en el mismo periodo del año pasado, por lo que las llegadas se han visto reducidas en casi un 80%.