La división de poderes en EE UU se pone a prueba

Una vez declarado el estado de emergencia surge un nuevo e intrincado debate en EE UU. Lo primero a dilucidar es si la ley lo permite o si, como afirman los demócratas, el presidente habría violado la Constitución.

¿Quién manda?

Como escribió Carl Hulse en «The New York Times», el Congreso está por delante del gobierno a la hora de decidir cómo se asignan y desembolsan los fondos federales. Sí, el presidente puede negarse a firmar los acuerdos, puede vetar las cuentas y bloquear los gastos, tal y como hizo el mes pasado cuando abocó al cierre de la Administración, pero «no puede», o al menos se supone que «no debe reescribir esos gastos ni desafiar al Congreso y gastar el dinero cosas que este no aprobó». Y aquí empiezan los problemas. Distinguir el puede del debe. Para lo cual resulta imperativo saber si la ley que permite declarar el estado de emergencia cuenta con los cortafuegos suficientes para evitar que la Casa Blanca alegue supuestas crisis con la intención de financiar sus proyectos puenteando al poder legislativo.

La emergencia

La ley de emergencias nacionales se creó tras el Watergate para que los presidentes pudieran responder a crisis puntuales con poderes excepcionales previstos en al menos 136 leyes. Pero parece claro que los propios legisladores, cuando la aprobaron, no tuvieron del todo en cuenta la hipótesis de un presidente capaz de semejante audacia. Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama recurrieron a ella en varias ocasiones, las más señaladas con motivo de la crisis de los rehenes en la embajada en Teherán, los ataques del 11 de septiembre, el huracán Katrina o la epidemia de gripe durante el anterior mandato.

Aun así, no todo será un camino expedito para Trump. Considerar el muro una necesidad vital es el gran debate. El Congreso no puede vetar la orden pero sí puede exigir garantías de que la emergencia es tal, y decretar, junto con el Senado, que ya no está justificada. Por supuesto los demócratas carecen de la mayoría necesaria en el Senado. Pero allí no necesitan de una mayoría aplastante. Basta con que sea relativa. Con sumar el apoyo de unos cuantos republicanos indignados. No más de ocho. Aunque, claro está, la presión mediática y política que sufrirían se antoja lo suficientemente dura como para creer que sea posible.

Vía judicial

Agotada esa vía llegará el momento de los tribunales, que bien puede haberse activado de forma previa para evitar que la medida entre en vigor en tanto en cuanto resuelven las Cámaras. Será una demanda que posiblemente parta desde la sociedad civil, y que tendrá como objetivo torpedear el proceso. Los jueces tendrán que calibrar qué es emergencia o no. Hasta que decida el Tribunal Supremo, que ya en 1983 eliminó muchos vetos legislativos al dictaminar que cualquier ley debe llevar la firma del presidente.