La Justicia impide a May activar el Brexit sin el Parlamento

El fallo del Tribunal Superior de Londres, que será recurrido por el Ejecutivo, provoca una subida de la libra. La mediación de los diputados podría facilitar una salida «suave» de la UE

La primera ministra británica, Theresa May, recibió ayer un fuerte varapalo después de que el Tribunal Superior de Reino Unido declarara que la decisión de activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa debe ser aprobada en el Parlamento. La líder conservadora siempre había defendido que la potestad de empezar con los trámites de divorcio con la Unión Europea correspondía sólo al Gobierno. Es más, May ya había puesto una fecha para activar el protocolo: finales de marzo de 2017. El Ejecutivo británico recurrirá ahora al Tribunal Supremo, por lo que habrá que esperar hasta enero para saber el veredicto definitivo. Pese a todo, la frase «el principio del fin del Brexit» corría ayer como la pólvora en las redes sociales. Lo cierto es que el referéndum no era vinculante. Aunque la mayoría de los diputados hicieron campaña por la permanencia en el bloque (479 de un total de 650), se antoja poco probable que, llegado el caso, votaran ahora en contra de la voluntad del pueblo. Pero sí podrían obligar al Gobierno a someter a debate y votación su estrategia, en caso de que el Supremo ratifique la sentencia. El asunto es complejo, ya que el artículo 50 establece que cualquier Estado miembro puede salir «de acuerdo con sus propios requisitos constitucionales».

El problema es que Reino Unido no cuenta con Constitución como tal. La soberanía parlamentaria prima sobre todas las cosas, pero May insiste en poder usar la «prerrogativa real» para que el Gobierno pueda solicitar a Bruselas su intención de abandonar el bloque. Debido a la presión, la «premier» anunció recientemente que habría debate en el Parlamento antes de activar el artículo, pero que en última instancia era decisión del Ejecutivo.

El Tribunal Superior insistió ayer en que «la norma más fundamental de la legislación constitucional británica es la soberanía parlamentaria». El fallo se produce después de que un grupo de opositores al Brexit, encabezados por Gina Miller, filántropa de la City y propietaria de una empresa de inversión, y Deir dos Santos, un peluquero, recurrieran a la Justicia para tratar de que el Parlamento tenga una mayor participación en el proceso del Brexit. Según Vincenzo Scarpetta, del reputado «think tank» Open Europe, la clave es que el Parlamento podría imponer al Ejecutivo un «mandato para negociar», pero, a la hora de la verdad, «el Gobierno tendrá que discutirlo con el resto de los Estados miembros y ahí sus señorías británicas ya no tienen ningún tipo de autoridad ni saben las condiciones o demandas que se van a plantear a Londres».

Si finalmente el Tribunal Supremo ratifica la sentencia, según el experto, se podría atrasar el proceso de salida, ya que se plantearía un acta parlamentaria donde los diputados podrían presentar enmiendas a los planes del Ejecutivo, que aún no ha especificado si pretende seguir dentro del mercado común. El ministro británico para el Brexit, David Davis, confirmó que hará falta que las dos Cámaras parlamentarias aprueben una ley específica. En este sentido, admitió que llevará más tiempo que una simple resolución, lo que pone en entredicho que pueda iniciarse el proceso antes de finales de marzo. Si bien es muy difícil que el Parlamento revoque la decisión del pueblo británico, no se descarta que pueda suavizar la forma en que se materializa el Brexit, forzando una salida «blanda» según la cual Reino Unido seguiría dentro del mercado único a cambio de renunciar a las restricciones en materia de inmigración.

El panorama incrementa ahora los rumores sobre unas elecciones anticipadas, ya que May podría aprovechar la debilidad de los laboristas para asegurarse una victoria con la que impulsaría de nuevo su autoridad tanto dentro como fuera de sus filas.

El mes pasado, el Tribunal Superior de Irlanda del Norte rechazó dos demandas diferentes contra el Brexit, al considerar que no existe base legal alguna en el Acuerdo del Viernes Santo –con el que se puso paz a la región– para impedir al Gobierno británico activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa para comenzar con los trámites de salida de la Unión Europea.