La Justicia francesa anula la prohibición del «burkini»

El Consejo de Estado aduce que la prenda islámica no conlleva «riesgos probados» para el orden público y que su veto atenta contra la libertad

El «burkini» se puede volver a utilizar en las playas francesas. La más alta instancia administrativa de Francia, el Consejo de Estado, suspendió ayer el veto al «burkini» adoptado por la localidad de Villeneuve-Loubet, en la Costa Azul, al considerar que no existen «riesgos probados» para el mantenimiento del orden público, razón esgrimida en su momento por las autoridades municipales de este pueblo cercano a Niza para aprobar el decreto que prohibía el uso del controvertido bañador islámico en sus playas. La resolución del órgano crea además jurisprudencia para el resto del país y podría aplicarse, en caso de recurrir a la Justicia, a cualquiera de las otras tres decenas de localidades que se han sumado a lo largo del verano a esta prohibición emitiendo órdenes similares.

La decisión de la Corte francesa llega tras el estudio de un recurso presentado por la Liga de Derechos Humanos, una de las principales ONG del país, y el Comité Contra la Islamofobia en Francia, en contra del decreto dictado en Villeneuve-Loubet. El Consejo de Estado justifica la suspensión alegando que atenta contra las libertades fundamentales. El veto había sido validado en primera instancia por la Justicia, apoyándose en el contexto de los atentados yihadistas de julio en Niza, a pocos kilómetros de Villeneuve-Loubet, y en Normandía. Consideró por entonces que se aplicaba a una vestimenta que manifiesta, «de forma ostentosa, unas convicciones religiosas susceptibles de ser interpretadas como parte de ese fundamentalismo religioso».

La sentencia ha sido acogida positivamente por los representantes del culto musulmán en Francia. El secretario general del Consejo francés del culto musulmán, Abdallah Zekri, manifestó ayer a «France Presse» que la sentencia «permitirá calmar la situación, que estaba marcada por una tensión muy fuerte entre nuestros compatriotas musulmanes, especialmente las mujeres». Por su parte, Patrice Spinosi, abogado de la ONG que había recurrido, señaló que la decisión es muy importante porque «puede hacer que esta ley no se aplique sólo en Villeneuve-Loubet, sino en el resto de ciudades de Francia. El principio es la libertad de religión. Es una violación de esta libertad el hecho de que una ciudad decida prohibir a alguien expresar su religión en un espacio público».

En la práctica, sólo en tres de la treintena de localidades francesas que se han sumado al veto han aplicado las sanciones, y la mayoría de esas multas de 38 euros han tenido lugar en Cannes. Las alcaldías donde ya está en marcha el veto al «burkini» podrían ahora suprimirlo por iniciativa propia, para evitar la previsible oleada de demandas por parte de ONG, pero la alerta del Consejo de Estado sobre los riesgos contra el orden público dejan la puerta abierta a que algunas no se lo planteen. «Si la tensión se mantiene alta, no lo derogaré porque el Consejo no me lo solicita personalmente», dijo Pierre Vivoni, alcalde socialista de la localidad de Sisco, que aplicó el veto tras una pelea entre jóvenes corsos y familias magrebíes.

El debate mediático y político en torno a la polémica prenda amenaza con calentar este curso electoral en Francia que ahora se inicia. En el Gobierno se ha instalado una notable cacofonía respecto a la cuestión que ha puesto de relieve grietas importantes. Mientras algunos miembros del Ejecutivo como la titular de Educación, Najat Vallaud-Belkacem, criticaban durante la semana los decretos «antiburkini», Manuel Valls defendía las normas prohibicionistas calificando la prenda de «símbolo de avasallamiento de la mujer, como si ésta fuera impúdica en un espacio público». Más nítida es la postura de la derecha: el ex presidente y ahora candidato a las primarias, Nicolas Sarkozy, ha propuesto una ley «que prohíba cualquier signo religioso en la escuela pero también en la universidad, la administración y en las empresas». Desde el ultraderechista Frente Nacional no se ha dudado en criticar la sentencia. Nicolas Bay, secretario general de la formación de Marine Le Pen, denunciaba una «sumisión frente a los islamistas».

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