La presión extremista no da tregua desde el «Charlie Hebdo»

En los primeros meses de 2017 se han desbaratado siete atentados.

Los policías y militares franceses llevan tiempo en el punto de mira. En los últimos dos años se han sucedido los episodios de acciones violentas atribuidas o reivindicadas por yihadistas contra las Fuerzas de Seguridad galas. La semana pasada, el propio ministro de Interior, Gérard Collomb, afirmaba que las autoridades habían desbaratado siete intentos serios de atentado desde que comenzó el año. Sin ir más lejos, el pasado sábado, un joven ingresado en un centro psiquiátrico y que gozaba de un permiso para poder salir, agredió a un guardia en la concurrida Torre Eiffel tras superar el pórtico de seguridad con un cuchillo. El propio joven afirmó tras su detención que pretendía «cometer un atentado contra un militar».

Aún más grave fue lo que sucedió el pasado mes de mayo, apenas tres días antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, cuando un hombre mató a un policía e hirió a otros dos con arma de fuego en la famosa avenida de los Campos Elíseos. Poco más de un mes después, el 19 de junio, a pocos metros del mismo escenario, otro hombre fichado por los servicios de seguridad como islamista radical embistió con un coche cargado de bombonas de gas y municiones a un furgón policial sin provocar daños mayores en esa ocasión. Los soldados de la «operación Centinela», que cuenta con 7.000 efectivos desplegados en las calles de Francia tras los mortíferos ataques de enero de 2015 contra el semanario satírico «Charlie Hebdo» y un supermercado de comida judía, han sido blanco de diversos atentados con escenarios tan distintos como el aeropuerto parisino de Orly en abril de este mismo año o el Museo del Louvre en febrero, cuando un grupo de agentes tuvo que reducir a disparos a un hombre que los atacó al grito de «Alá es grande». Estos puntos emblemáticos, tanto por el turismo que atraen como por las conexiones de transporte, son considerados como «sensibles» dentro del estado de emergencia en el que todavía vive instalado el país.

El Gobierno del presidente Macron está impulsando una ley antiterrorista con la que pretende incorporar al derecho común algunas de sus disposiciones cuando este estado excepcional sea levantado de forma definitiva, previsiblemente el próximo 1 de noviembre, tras dos años de vigencia prorrogada en varias ocasiones. Este hecho ha provocado agrias críticas de diversos sectores y movimientos civiles, que consideran que normalizar estas disposiciones acarrea un ataque contra las libertades públicas del ciudadano.