La sospecha de fraude desata una oleada de protestas en Bolivia

Falta de transparencia electoral. El Gobierno encarga a la OEA que audite el contestado recuento de los votos, que concede la victoria a Evo Morales en primera vuelta.

Un nuevo giro en la divulgación de los resultados de las elecciones presidenciales en Bolivia​ sumó ayer más incertidumbre a la situación. Las protestas se intensificaron en las calles a modo de vigilia, mientras el escrutinio de las elecciones del domingo avanzaba lenta y agónicamente para un pueblo en ciernes. Ayer, según un recuento rápido que llegó al 95,63% de las actas escrutadas, Morales obtenía el 46,4% de los votos, diez puntos por encima del opositor Carlos Mesa, lo que le daría la victoria al primero sin necesidad de segunda vuelta.

Sin embargo, el escrutinio oficial (más lento) se encontraba al cierre de esta edición en el 74,57%, con un 42,3% de sufragios para el presidente Morales, y un 41,72 % para el opositor Carlos Mesa.

Estos porcentajes no alcanzan el 50% o el 40% con diez puntos de diferencia sobre el segundo más votado necesarios para ser proclamado vencedor en la primera vuelta, por lo que, de mantenerse, ambos irían a una segunda ronda previsiblemente en diciembre. Sin embargo, analistas consultados por LA RAZÓN aseguraron que en las próximas horas la ventaja de Morales se plasmará en el escrutinio oficial, siguiendo la tendencia marcada por el conteo rápido, de tal manera que podría proclamarse vencedor de las presidenciales.

Morales, en el poder desde 2006, pretende evitar una segunda vuelta, en la que, según los sondeos, podría perder frente a Mesa. El giro que desató la violencia en varias ciudades fue la decisión inesperada del Tribunal Superior (TSE) de publicar el lunes los datos del sistema de transmisión de datos preliminares TREP al 95,09% y que, lejos de la tendencia anterior, le daban a Evo una victoria sin opción a un desempate.

Después de una jornada violenta el lunes, en la que manifestantes quemaron urnas y sedes electorales, ayer la oposición, los sindicatos y las organizaciones empresariales y civiles continuaron las marchas y protestas.

En Sucre (sureste) y en Potosí (suroeste), enardecidas muchedumbres incendiaron los tribunales electorales regionales. En La Paz se registraron choques con la Policía, mientras la oficina del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS) era destruida en la ciudad de Oruro, en el sur, donde también cientos de jóvenes intentaron ocupar la sede del tribunal electoral, pero fueron dispersados con bombas lacrimógenas por la Policía.

Los incidentes también alcanzaron a las ciudades de Tarija, Cochabamba y Cobija (norte), donde la Policía dispersó a los manifestantes. En Riberalta, en el noreste, los concentrados destruyeron una estatua del fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez, aliado de Morales.

La misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos calificó de «inexplicable» el cambio de tendencia en el recuento de votos y advirtió de de que «genera pérdida de confianza en el proceso electoral». La embajada de Estados Unidos en Bolivia pidió al tribunal electoral que «actúe inmediatamente para restaurar la credibilidad en el proceso de conteo de votos», a la vez que alertó a sus nacionales para que eviten verse afectados por episodios de violencia como los de la pasada noche.

Por su parte, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, afirmó que «la interrupción inesperada» del recuento de votos tras la primera vuelta de las elecciones en Bolivia generó «serias preocupaciones».

Ante el aluvión de críticas, el Gobierno boliviano pidió a la OEA que audite los resultados de las elecciones presidenciales.

Mientras tanto, el autoproclamado «presidente encargado» de Venezuela, Juan Guaidó, acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de financiar el «vandalismo» en otros países latinoamericanos, en alusión a las protestas en Ecuador, Chile y Bolivia, para «desestabilizar» a la región, a pesar de la crisis económica que sufre la nación caribeña.