La UE da la espalda al problema de la inmigración ilegal tras Lampedusa

El día después de la tragedia de Lampedusa, cuyo balance hasta ahora es de 111 muertos, 155 supervivientes y, al menos, 200 desaparecidos, Italia se pregunta qué hay que hacer para evitar que una masacre como ésta vuelva a repetirse. Las propuestas tanto de los ciudadanos y organizaciones humanitarias como de los políticos van en dos direcciones. La primera es cambiar la ley italiana que castiga el auxilio a los indocumentados, causante al parecer de que los pescadores que se cruzaron con la embarcación de inmigrantes somalíes y eritreos no quisieran ayudarles por miedo a las consecuencias. Incluso el presidente, Giorgio Napolitano, se ha manifestado a favor de reformar esta normativa.

La segunda reivindicación va dirigida hacia Bruselas. Es unánime la petición para que los 28, y no sólo los países del Mediterráneo, como ocurre ahora, se encarguen de sufragar el control de la frontera sur de la Unión Europea. También espera Roma que los indocumentados que llegan a sus costas sean repartidos por todas las naciones de la UE, lo que evitaría que los centros de internamiento para extranjeros se colapsaran y sus residentes tuvieran que afrontar unas condiciones de vida terribles. Habrá que ver si las naciones de la Europa septentrional se limitan a verter unas pocas lágrimas de cocodrilo, como es habitual, o se deciden a una acción política de peso frente a la inmigración. El ministro del Interior y número dos del Gobierno, Angelino Alfano, quien había viajado el día anterior a la isla, acudió a la Cámara de los Diputados para informar del desastre y comentó que «no hay razones para pensar que lo que ha pasado no vuelva a repetirse». Alfano recogió además una propuesta que empieza a escucharse cada vez más en Italia al pedir a la UE que apoye la candidatura de Lampedusa para recibir el premio Nobel de la Paz. Por su parte, el Gobierno español, en línea con Italia, pidió un «esfuerzo común a nivel internacional y europeo» para evitar que tragedias semejantes se repitan. España «comparte la preocupación» por la repetición de estos sucesos trágicos en las costas de la UE y defiende que la comunidad internacional no puede permanecer «impasible». Y es que la tragedia terrible de Lampedusa ha hecho aflorar la incapacidad absoluta de la UE de gestionar un problema que lleva en la agenda comunitaria desde hace más de una década: la inmigración ilegal. Hablar de ello con los responsables sólo deja espacio al pesimismo, véase, la impotencia. La próxima semana en Luxemburgo los ministros de Justicia e Interior tendrán ocasión de abordar el asunto aunque, al no estar hasta ahora en la agenda, poco se puede esperar. Tal vez, si los 28 logran ponerse de acuerdo, podrían pactarse medidas para reforzar la vigilancia en las costas italianas, pero poco más.

La Comisión Europea asiste a los acontecimientos de Lampedusa apretando los dientes porque, aunque hay iniciativas desde hace tiempo, los gobiernos no han otorgado fondos suficientes para llevar a cabo una verdadera política europea. «La situación es dramática, pero nada parece que podamos hacer a corto plazo», señala un alto diplomático. El Ejecutivo comunitario insiste en que ha hecho todo lo que estaba en su mano y recuerda que Frontex, la Agencia de Control de Fronteras europea, ha salvado la vida de 16.000 personas en el Mediterráneo en los últimos dos años.

Por esta razón, la Comisión recordó ayer a las autoridades italianas que la gestión y el control de las fronteras son competencia exclusiva de los estados miembros, pero que, aun así, cuando los gobiernos piden ayuda a Bruselas, siempre intenta dar respuesta. «Cada vez que hemos sido contactados por un país para el control de sus fronteras y la llegada de refugiados, hemos respondido en la medida de nuestros recursos y de nuestras competencias», dijo el portavoz comunitario de Interior, Michele Cercone. «Cuando Italia nos ha pedido intervenir, las operaciones de Frontex han tenido lugar», añadió, aunque recordó que el Ejecutivo comunitario «no puede imponer» una respuesta, sino esperar a que llegue una petición formal.

En todo caso, las lamentaciones tras lo ocurrido se basan en dos cuestiones. Por una parte, la falta de dinero: los recursos de Frontex son cada año más reducidos, pese a que las peticiones de asistencia aumentan. En 2013, la agencia tuvo un presupuesto de 85 millones de euros, de los que 50 fueron a parar a misiones operativas, incluidas dos actualmente en marcha para ayudar a Italia, una en colaboración con Malta y otra, con Grecia. Este año, un total de 240 millones de euros se dedicaron al Fondo europeo para el control en frontera de refugiados e integración y tan sólo 130 millones el año pasado.

La falta de dinero plantea problemas para abordar el tema de manera global, para la lucha contra las mafias, pero también para pedir la cooperación de los países de origen, en lo que también influyen las circunstancias políticas internas. «Libia no está en condiciones de cooperar en nada. Es un problema geoestratégico muy serio», señala una fuente comunitaria. El otro gran problema es la falta de sintonía entre Alemania, Austria y los países nórdicos con los países del sur como Italia, España o Malta. Los primeros quieren usar los fondos europeos para repartir a lo largo y ancho del territorio comunitario a los miles de demandantes de asilo que reciben, mientras que los segundos buscan ayuda para controlar las fronteras y evitar el paso de inmigrantes ilegales. Según Eurostat, Alemania está a la cabeza de la UE en recepción de desplazados (60.000 migrantes en 2012), seguida de Francia, Suecia, Bélgica y Reino Unido, y muy lejos de los 17.000 que recibe Italia.