Liberan en una carretera a la niña secuestrada en el noreste de Colombia

El secuestro de la niña Daniela Mora, hija de un alto cargo del Gobierno colombiano, concluyó hoy con final feliz después de que sus captores, asfixiados tras 48 horas de extraordinaria presión policial y gubernamental, liberaran a la menor en una carretera.

La pequeña, de 11 años, había sido secuestrada el jueves al salir de clase por desconocidos que interceptaron el vehículo en el que era trasladada y dejaron al chófer en las afueras de Cúcuta, capital del departamento del Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

No lejos de allí, en una carretera que une las poblaciones de El Zulia y Cornejo, fue liberada este domingo por sus captores, de los que sabe que son al menos "tres individuos"pertenecientes a la "delincuencia común", según dijo el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, al anunciar el feliz desenlace de esta historia.

"Todos estamos muy contentos", afirmó Santos, quien indicó que la niña "estaba bien, que había estado un poco enferma, había tenido fiebre, pero que está en condiciones afortunadamente positivas".

Daniela fue entregada a sus padres por el director de la Policía nacional, general Rodolfo Palomino, y posteriormente trasladada en helicóptero a Cúcuta para realizar un examen médico que confirme su buen estado de salud.

El gesto se explica por el cargo que ostenta su padre, Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), una entidad adscrita al Ministerio del Interior que tiene a su cargo la seguridad de funcionarios, así como de líderes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos amenazados.

Fue precisamente él quien recogió a la niña, que vestida de rosa y aparentemente en buen estado de salud se aferró al cuello de su padre, a quien puede verse emocionado en una grabación del reencuentro.

Mora, que en Twitter agradeció "al presidente Santos, al general Palomino, a todos los compañeros del Gobierno"su ayuda para encontrar a su hija, asumió el cargo el pasado enero, y no se descarta que por su labor hayan intentado vengarse de él.

Según medios locales, el alto cargo había destapado recientemente varios casos de corrupción, como el uso de vehículos de la entidad para transportar gasolina de contrabando desde Venezuela.

Tras conocerse la noticia de la desaparición, el Gobierno dio la orden a la Policía de encontrar a Daniela como fuera, una tarea en la que no se escatimaron esfuerzos.

Durante las pasadas 48 horas se desplegaron en Cúcuta 600 agentes de varias especialidades para encontrar a la pequeña que ahora, tras su liberación, tienen el mandato de localizar y detener a sus tres captores.

También se movilizaron las autoridades judiciales para pedir a la Interpol que emitiera una alerta amarilla, que corresponde a personas desaparecidas, sobre la pequeña con el objetivo para solicitar la colaboración de otros países por si llegaran a tener conocimiento de que la niña, cuya fotografía se incluye en la alerta, se encontraba en sus territorios.

Además, debido a la cercanía de Cúcuta con Venezuela, las autoridades colombianas habían estrechado la coordinación con el vecino país para evitar que la menor cruzara la frontera.

Mientras, el Gobierno colombiano ofreció una recompensa de 300 millones de pesos (unos 107.000 euros) a quien aportara información que permitiera localizarla.

Las circunstancias del caso han conmocionado a la sociedad colombiana, que se encuentra de nuevo con el flagelo del secuestro, una práctica frecuente en el conflicto armado que sin embargo en los últimos tiempos, según versiones oficiales, se había reducido.

Según Santos, en lo que va de año los casos de secuestro en el país se han reducido un 70 % en comparación con 2014, "que fue el más bajo de los últimos 35 años", según el gobernante, lo que no ha evitado que la cuestión de la seguridad esté en un primer plano.

Sobre el secuestro se pronunció la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA), que destacó que "es uno de los delitos con mayor impacto en la vida de las víctimas, sus familias y las comunidades que las deben padecer", y que "lamentablemente se ha generalizado en países con conflictos armados extensos como Colombia".

También se refirió al caso la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró que el secuestro "debe terminar de forma inmediata"en el país e instó a las autoridades a sancionar "de manera adecuada"esta práctica. Cynthia de Benito/EFE