Lula reta a los jueces en las calles de Brasil

Miles de personas se manifestaron ayer en decenas de ciudades de Brasil en apoyo a Luiz Inacio Lula da Silva, en un acto que pretendió contrarrestar las masivas protestas del pasado domingo.

Miles de personas se manifestaron ayer en decenas de ciudades de Brasil en apoyo a Luiz Inacio Lula da Silva, en un acto que pretendió contrarrestar las masivas protestas del pasado domingo. El propio ex presidente acudió a la Avenida Paulista de Sao Paulo para defender su legado y pedir el apoyo de las calles. «Voy al ministerio para ayudar a la compañera Dilma a hacer las cosas que necesita hacer por este país», dijo Lula, vestido de rojo, ante una multitud que los organizadores estimaron en 300 mil personas. Un número optimista en exceso, a juzgar por las imágenes aéreas de la televisión, que queda lejos del millón de personas que pidieron la dimisión del Gobierno de Dilma Rousseff el día 13. La jornada de ayer fue de nuevo llena de turbulencias. A media tarde, Lula volvió a asumir oficialmente el cargo de ministro de la Casa Civil, después de que la Abogacía General de la Unión –que representa al Gobierno– ganara los dos recursos presentados contra decisiones judiciales cautelares de primera instancia que suspendían su nombramiento. Algunas horas después, sin embargo, otro juez federal en Sao Paulo anuló de forma cautelar la toma de posesión, alimentando la imagen de caos político en el país suramericano.

Quien decidirá en los próximos días si el nombramiento es legal será el Supremo Tribunal Federal (STF), que recibió una docena de acciones judiciales por parte de partidos de la oposición, abogados y civiles. Los juristas en Brasil se debaten acerca de si Rousseff incurrió en algún acto inconstitucional al nombrar al ex sindicalista, investigado por su presunta implicación en la trama Petrobras. En el centro de las sospechas –además de la encadenación de acontecimientos desde que Lula fuera llamado a declarar– están las conversaciones telefónicas interceptadas por la Policía y que, asimismo, son fuente de debate acerca de su legalidad.

Aunque el juez Sergio Moro, que dirige la Operación Lava Jato, asegura que no incumplió la ley, ya que quien estaba siendo escuchado era Lula y no Rousseff, otros opinan que las conversaciones en las que habla la presidenta no deberían haber sido publicadas. Rousseff criticó duramente ayer los pinchazos telefónicos y amenazó con «tomar todas las providencias posibles». «Esa conversación fue grabada, interceptada, y eso es un hecho grave. Porque escuchar a la presidencia de la República o a cualquiera de vosotros es algo ilícito, y está previsto como crimen en la legislación», dijo Rousseff.