Macron suspende la polémica reforma del censo para enfriar la furia independentista en Nueva Caledonia

Entre cientos de militares, barricadas, incendios y una enorme furia que ha causado seis muertos y decenas de heridos, el presidente francés, Emmanuel Macron, finalmente aterrizó la pasada madrugada en Nueva Caledonia.

Una visita sorpresa que ha generado todo tipo de sentimientos: esperanza por el lado de los habitantes que sufren una violencia sin precedentes en los últimos 40 años, y hastío por parte de los independentistas, que ven en la llegada de Macron un nuevo gesto de la Francia colonialista.

¿Qué prometió Macron? Casi nada. No evocó una solución concreta al problema mayor que desató el conflicto: la reforma constitucional –prácticamente aprobada por senadores y diputados en París– que amplía el censo electoral en Nueva Caledonia y le otorga el derecho a voto a unas 25.000 personas que han vivido allí en los últimos diez años o que han nacido en el archipiélago a partir de 1998. La mayoría de estos nuevos electores son franceses –no necesariamente caledonios–, lo cual reaviva el sentimiento anticolonialista.

Macron se comprometió tibiamente a no permitir que la reforma sea aprobada por la fuerza, es decir, a través de un decreto presidencial. Pero no habló de retirar la ley como reclama una buena parte de los canacos, la población indígena nativa. La reforma sigue en pie tanto como ayer, antes de la llegada del mandatario. Tanto como hace doce días, cuando las protestas estallaron. «Después de escuchar a todo el mundo, me comprometo a que esta reforma no se apruebe hoy. Vamos a darnos unas semanas para calmar los ánimos y reanudar el diálogo con vistas a alcanzar un acuerdo global», asegura diplomáticamente el presidente francés.

Efectivamente, flanqueado por el ministro del interior, Gérald Darmanin; el titular de Defensa y Armas, Sébastien Lecornu; y Marie Guévenoux, secretaria de los Territorios de Ultramar, Macron sostuvo reuniones con los representantes independentistas del archipiélago, entre ellos el presidente del Congreso de Caledonia, Roch Wamytan. También participó –desde su arresto domiciliario – el controversial Christian Tein, líder de la organización independentista CCAT, el colectivo que organiza las protestas y es considerado por el Gobierno francés un grupo mafioso y violento.

Macron plantea que el estado de emergencia decretado el 15 de mayo en Nueva Caledonia no debería prolongarse más allá de los doce días previstos inicialmente. Pero, para ello, pide el levantamiento de las barricadas. Recuerda sutilmente que unos 3.000 uniformados franceses estarán desplegados en las calles para restituir la paz y que pueden intensificar la operación.

Finalmente, gana tiempo con una proyección a corto plazo: propone un calendario de cinco etapas que permita construir un acuerdo con lealistas e independentistas en el que todos se sientan satisfechos. Y, más concretamente, propone una primera cita dentro de un mes para hacer un balance de la situación.

El «nuevo acuerdo global» deberá incluir varios puntos, entre ellos la reforma del censo electoral –un asunto que enerva a los independentistas–, un plan para que la economía sea menos dependiente del níquel y «la cuestión de un voto de autodeterminación», de la que no dio más detalles.

Para finalizar la visita, Macron no tiene otra alternativa que sacar la chequera, prometiendo una ayuda económica desde París para reparar lo que llamó “daños colosales” causados por las protestas.