Maduro borra el rastro que le vincula con la corrupción

Eliminan del registro la empresa tapadera del presidente bolivariano en México dedicada a importar alimentos que denunció la ex fiscal.

Meses atrás nadie pensaría que la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, iría por el mundo denunciando que el presidente Nicolás Maduro y su Gobierno están inmersos en casos de corrupción. Un día después de que la alta funcionaria revelara en Brasil que Maduro es dueño de una empresa que importa alimentos para pobres y que Diosdado Cabello recibió cien millones de dólares de la constructora Odebrecht, el Ejecutivo parece que quiere borrar todo rastro derivado de las graves acusaciones lanzadas por la fiscal general.

La oposición denunció ayer que la información sobre la presunta empresa que posee Maduro «desapareció» del Registro Nacional de Contratistas del país, lo que demuestra, según dijo el diputado opositor Juan Guaidó, presidente de la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, que el «sistema de justicia está podrido» y que el Gobierno «trafica con la miseria» y el hambre, producto de la escasez de comida.

La fiscal rebelde acusó al número dos del régimen, Cabello, de recibir sobornos a través de una supuesta empresa española TSE Arietis. Sin embargo, tras la denuncia de Ortega la página web de esta compañía fue sacada del internet, al igual que las redes sociales Twitter e Instagram de la empresa. Ahora no hay, al menos en el ciberespacio, registro de la existencia de una empresa con tales características. Lo que se sabe en Venezuela de la empresa es que fue creada en 2007. La compañía se autodenomina como «especialista en transporte de carga pesada, extrapesada, sobredimensionada, civil y fluidos de perforación». Las sedes físicas, según algunos registros no oficiales, están en Caracas, en Los Palos Grandes, y en el estado Monagas, al oriente de Venezuela, región natal de Cabello. No obstante, la emisora colombiana Radio Caracol comprobó que en la dirección física en Caracas no existe TSE Arietis y que allí hay otro despacho que nada tiene que ver con aquella.

De acuerdo al Registro Nacional de Contratistas en Venezuela, dependiente de la Comisión Central de Planificación, TSE Arietis está habilitada para contratar con el Estado venezolano. Pese a que Ortega Díaz dijo que la empresa era española, LA RAZÓN no encontró en suelo español rastro de ella, al menos con esas características y de esos propietarios.

Diosdado Cabello, quien respaldó a Luis Ortega para que fuese ratificada como fiscal en 2015, desestimó las acusaciones en su contra. Desde su programa televisivo «Con el mazo dando», afirmó que las investigaciones las debió hacer cuando era fiscal. “La señora (sobre Ortega Díaz) llega y dice que no sé quién me depositó a mí en una cuenta 100 millones de dólares. Te los regalo mamá. Además, no cuadran esas cuentas. Porque según yo escuché el presidente de Odebrecht dijo que en Venezuela se habían otorgado sobornos por 98 millones de dólares», agregó.

La oposición, indignada por el tema de la corrupción, decidió debatir en el seno de la Asamblea Nacional las acusaciones hechas por Ortega Díaz. Así, crearon una comisión mixta entre Finanzas y Contraloría del Parlamento para hacer el seguimiento. El diputado Guaidó reveló que Venezuela celebró contratos con la empresa brasileña Odebrecht por al menos 22.000 millones de dólares para la construcción de obras que siguen inconclusas. «Es nuestra responsabilidad hacer seguimiento a las denuncias hechas por la fiscal. La malversación es en los subsidios de obras del régimen corrupto de Nicolás Maduro», puntualizó.

Los parlamentarios de la oposición contabilizaron que hay en Venezuela doce obras inconclusas, ligadas a Odebrecht, que están siendo investigadas por ellos. Entre ellas están la Línea 5 del Metro de Caracas, el tercer puente sobre el Río Orinoco, el segundo puente sobre el Lago de Maracaibo, la planta hidroeléctrica Manuel Piar, la remodelación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, la Línea 2 del Metro Los Teques, y el tren que une Caracas, Guarenas y Guatire, entre otros.

Los diputados acordaron solicitar a Ortega información sobre estas denuncias para hacer avanzar investigaciones desde el Parlamento venezolano.