“Maduro no puede negar la catástrofe humanitaria: no tiene precedentes en la historia de América Latina”

Así lo afirma José Miguel Vivanco, director de HRW Américas, en una entrevista para LA RAZÓN.

El director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, de visita en Madrid en el World Law Congress, reconoce a LA RAZÓN que la crisis humanitaria en Venezuela es inédita, «no tiene precedentes en la historia moderna de América Latina».

¿Puede la ayuda humanitaria ser «política»?

La ayuda humanitaria a Venezuela es necesaria y central. En HRW hemos comprobado en el terreno y estamos en plena investigación con unos médicos especialistas de John Hopkins University Hospital, sobre los índices de desnutrición, de mortalidad materna e infantil, examinando la extensión de enfermedades que habían sido prácticamente erradicadas de Venezuela como el sarampión, la difteria. También se ha disparado la malaria. Asimismo, la mitad de todos pacientes de VIH (unos 90.000) no tiene el tratamiento adecuado. Es indignante escuchar por parte del régimen de Maduro (o sus partidarios) que esto simplemente es una operación de tipo político y no una necesidad real que sufren especialmente los más pobres. En HRW estamos haciendo investigaciones sobre la catástrofe humanitaria de Venezuela, que quizá sea la razón fundamental que explique el éxodo masivo de venezolanos a la región. La salida de más de 3 millones de venezolanos, que han salido con lo puesto, con la esperanza de conseguir un trabajo en Colombia, Brasil... y enviar remesas para que sus familiares puedan sobrevivir en Venezuela. Esta catástrofe no tiene precedentes en la historia moderna de América Latina.

No obstante, los militares acaban de decir que la ayuda sólo entrara por encima de su cadáver. ¿Por qué se niegan?

Los militares no son una instancia neutral, ajena al régimen de Maduro. Maduro está sostenido por los militares. Es una dictadura militar cuyo títere se llama Maduro. Es una cuestión políticamente muy difícil a la que se enfrenta la comunidad internacional, porque obviamente tanto Europa, como América Latina y EE UU quieren ayudar y quieren entregar esa ayuda. Si los militares dicen que no van a tolerar esa ayuda, supone un obstáculo muy serio. Ojalá que redoblando la presión internacional se pueda conseguir que se imponga la razón y los militares venezolanos cedan. Cabe recordar que esta catástrofe humanitaria en Venezuela no es algo que se esté desarrollando en las últimas semanas. Es algo que, por lo menos, lleva casi tres años. Y durante todos estos años lo que ha hecho Maduro es negar que exista tal crisis humanitaria. Han sostenido tajantemente que hay pleno abastecimiento, que hay medicinas y que esto forma parte de una campaña de desprestigio orquestada desde el interior y por la oposición. Que esto es una ficción y que no hay tal crisis humanitaria. Ha costado mucho y, sobre todo, mucho sufrimiento y mucho exilio el que hoy la comunidad internacional tenga una postura unánime. Me refiero a las principales democracias del mundo (lógicamente no a Rusia, Cuba o China) que han expresado una línea similar rechazando la legitimidad de Maduro y están pujando por esa ayuda humanitaria. Son 51 países, también se han unido Japón y Australia. Eso sí, Maduro ha variado su discurso, es totalmente contradictorio, pues finalmente dice que va a entrar ayuda de otros países como de Rusia. Pero creo que ya no puede alegremente negar la realidad de Venezuela y espero que no pueda impedir el ingreso de esa ayuda humanitaria que tanto lo necesitan los más vulnerables en Venezuela.

La entrada de ayuda humanitaria el 23F, ¿supondría un punto de inflexión?

Es muy difícil hacer previsiones porque estamos en un terreno único, novedoso. Es difícil encontrar escenarios o experiencias similares. No quiero entrar en las predicciones o hacer pronósticos. La tarea nuestra es verificar hechos y conforme esos hechos formular recomendaciones. ¿Es el desabastecimiento de alimentos y medicinas un problema real en Venezuela? Lo es. Sí, efectivamente. Y quizá el factor principal que explica el éxodo masivo. ¿Qué hace falta hacer? Contar con el apoyo de la comunidad internacional para por lo menos paliar, pues no va a resolver el problema. El problema es de una profundidad y una extensión dramática. Pero por lo menos intentar paliar la situación interna en Venezuela.

Esta semana se han cumplido cinco años de la encarcelación de Leopoldo López, sin embargo, veo que Juan Guiadó acude a las manifestaciones, las convoca... ¿Hemos llegado ya a un tope de la represión política?

En Venezuela, hoy día existe un número de cercano a los mil detenidos arbitrariamente. Son personas que están sin derecho a la defensa, sin capacidad, sin amparo judicial alguno, expuestos a todo tipo de abusos tratos crueles, inhumanos, ilegales en los centros de detención de Venezuela, incluyendo los centros de Inteligencia. En este instante, hay 970-975 casos de personas injusta y arbitrariamente detenidas simplemente por una decisión caprichosa de quien maneja la fuerza en Venezuela, en este caso, el régimen de Maduro. Las cifras son altísimas. Los tribunales de Justicia no ejercen ningún rol de control alguno. Son simplemente un apéndice del Ejecutivo y estas personas están en la indefensión total. Sin embargo, con Guaidó no se atreven. Eso sí. No se atreven por el grado de apoyo que tiene tanto a nivel interno como a nivel internacional. De hech,o en las últimas manifestaciones el régimen se ha abstenido de reprimirlas como hacía en el pasado. Represiones brutales tanto por parte de la Guardia Nacional Bolivariana como de los colectivos, hampones armados, que operan con la protección de la Guardia Bolivariana y que tienen licencia para portar armas, para detener y para matar, con total impunidad. Esas no han operado en las grandes manifestaciones desde el 23 de enero hasta ahora. Sí ha habido represión en los barrios marginales, por las noches, ha habido tiros a las casas y muchos detenidos. Pero con Guaidó, hasta ahora, han tenido el cuidado (aparte de un momento donde sí lo secuestraron) y hoy día no se atreven.

No sé si está al corriente, pero varios eurodiputados españoles viajaron a Venezuela para reunirse con Guaidó y fueron expulsados del país, ¿es un síntoma de que en Venezuela rige un sistema dictatorial?

Es el ejercicio caprichoso y arbitrario del poder por parte de Maduro. Maduro hasta ahora tiene la fuerza, la fuerza militar y policial para decidir a voluntad, quién entra, quién sale, a quién detienen, a quién expulsan del país. No me sorprende en absoluto lo ocurrido con la delegación de diputados europeos como Salafranca, González-Pons, Esther de Lange y Paulo Rangel. Es una evidencia más, que a estas alturas no hace falta, por cierto, para demostrar la cerrazón en el ejercicio arbitrario del poder por parte de Maduro.

Desde HRW que recomiendan a Venezuela. Guiadó propone que cesa la usurpación, que se convoquen elecciones y que entre la ayuda humanitaria. También ha propuesto una ley de Amnistía pero, ¿qué recomiendan a la futura Venezuela teniendo en cuenta que hay una parte de la población que está armada, que se pueden registrar ajustes de cuentas?

Una de nuestras principales recomendaciones es la ayuda humanitaria. Estamos muy firmes detrás de esa ayuda. En segundo lugar, creemos que la Corte Penal Internacional tiene un papel importante que cumplir en el caso de Venezuela. Hay una investigación preliminar abierta por la fiscalía de la CPI para examinar la gravedad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Gobierno de Nicolás Maduro. También hay otro instrumento para aclarar las reglas del juego y la facilitar la transición de Venezuela. Me refiero a la ley de Amnistía. Puede ser un instrumento útil y constructivo en la medida en que se adapte a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos. Eso significa que no puede haber una oferta de Amnistía que implique ofrecer impunidad para aquellos que sean responsables por crímenes atroces o de lesa humanidad. En el caso de Venezuela estamos frente a un gobierno déspota y tiránico que ha cometido masivas violaciones a los derechos fundamentales con total impunidad y deben responder ante la Justicia los autores, los máximos responsables, por esos hechos. La ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional incluye un lenguaje muy genérico y ofrece amnistía a todos aquellos militares o civiles que se incorporen o se sumen a la reconstrucción democrática de Venezuela. Y los jueces -agrega la ley- están obligados a aplicarla. No se precisa para qué tipo de delitos ni qué periodo. La oferta pasa a ser una propuesta muy amplia que en la práctica no resulta creíble por los compromisos jurídicos internacionales. Masacres, torturas, ejecuciones, desapariciones... Ese tipo de crímenes, de hechos atroces, no pueden estar cubiertos por una ley de Amnistía, porque eso no lo permite ni el derecho interno venezolano ni el derecho internacional. Creo que haría bien la Asamblea de hacer las modificaciones del caso, para fijar parámetros claros, que permitan que esa oferta sea creíble, consistente con esos estándares. Debe hacer la diferencia entre aquellos agentes del Estado, máximos responsables (que no lo son todos. Pues la historia demuestra que en estos procesos dictatoriales, los que tienen responsabilidades en hechos atroces son normalmente un grupo reducido de autoridades militares o civiles) y los que no lo son. Es una cuestión que aún no ha ocurrido y debería quedar clara.

¿Cree usted que con toda la atención mediática y política que está recibiendo Venezuela, nos estamos olvidando de otras crisis y otros países que también están sufriendo?

Venezuela es un caso extremo, es una situación que felizmente ha concitado la atención global. En Venezuela se dan movilizaciones constantes y masivas de los venezolanos pidiendo una transición, demandando liberación de presos políticos, elecciones libres y ayuda humanitaria. Pero hay un caso similar, tremendamente angustiante donde también se han registrado brutales abusos. El año pasado, las cifras han doblado, quizás hasta triplicado, el número de asesinatos políticos, comparado con Venezuela. Me refiero a Nicaragua. Es un pequeño país de 6 millones (Venezuela tiene casi 30 millones) donde reina quien dirige el país a su antojo y lo administra como una finca privada: Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo. Entre los dos hacen y deshacen. Son ellos los responsables de nada menos de 325 casos de personas que fueron ejecutadas por el régimen. A quemarropa, a plena luz del día, en tiempo real. Se trasladaban a lo largo del país, piso por piso, villa por villa, comunidad por comunidad, buscando aquellos que estaban haciendo o habían hecho alguna manifestación o participado en alguna protesta contra el régimen, o colocado una barricada... El precio fue la muerte. Hay evidencias amplias que muestran unos abusos realmente similares a los que se cometieron durante las dictaduras militares en Centroamérica y Suramérica durante la década de los 70, los 80... Además con un poder judicial que obedece al régimen de Ortega y Murillo. Hay cientos de nicaragüenses que no fueron asesinados pero que fueron arbitrariamente detenidos. Muchos de ellos acusados de delitos de terrorismo, simplemente por manifestarse pacíficamente contra el régimen. La respuesta de Ortega entre mayo, junio y julio fue absolutamente brutal. Hubo reacción a nivel latinoamericano, no demoro tanto como se ha demorado en el caso de Venezuela. (En Venezuela han pasado años sin que existiera mayor interés de la comunidad internacional). En el caso de Nicaragua se activaron los mecanismos. Aun así, el dictador Ortega decidió expulsar a la OEA, a la ONU, y cancelaron la personalidad jurídica a nueve ONG de Derechos Humanos. Han confiscado los equipos de los principales medios de comunicación y los han censurado, los tienen fuera de circulación. Tienen un saldo de más de 300 muertos, más de 2.000 gravemente heridos (producto de la represión). Hoy la cifra supera los 500 casos de personas en las prisiones y en las mismas cárceles son objeto también de abusos. Es realmente una situación extrema que felizmente ha sido condenada. Además, Estados Unidos ha aprobado una legislación -con el apoyo de demócratas y republicanos- dedicada específicamente para Nicaragua que le va a permitir al Congreso de EE UU identificar a funcionarios, civiles... involucrados en violaciones a derechos humanos o en hechos de corrupción a los que se deba cancelar las visas y congelar bienes. Ya entró en vigencia y esto explica los esfuerzos de Ortega, que en los tres últimos días ha iniciado un diálogo con la OEA y con el sector privado. Para que ese diálogo no sea simplemente más de lo mismo y no sea una burla ante el pueblo de Nicaragua, habrá que exigirle condiciones previas como la libertad sin condiciones de los presos políticos, el fin de la censura, el reingreso de Naciones Unidas, el reconocimiento de la personalidad jurídica... El Gobierno tendrá que adoptar una serie de medidas.