Cadenas metálicas y balas en los «campos de exterminio» de Malasia

El Gobierno de Malasia reconoció ayer que existen signos de tortura en algunos de los cadáveres desenterrados hasta ahora en las 139 tumbas halladas en los campos de concentración de inmigrantes rohingyas y bangladesíes encontrados este fin de semana. La Policía de Malasia confirmó ayer el hallazgo de 28 campamentos en territorio de su país que podrían haber dado cobijo a centenares de estos inmigrantes, cerca de la frontera con Tailandia. El inspector general de la Policía de Malasia, Khalid Abu Bakar, dijo que hallaron casquillos de bala y cadenas de metal cerca de algunas tumbas y añadió que había signos de que se había empleado tortura von varias de las víctimas. «Es una escena muy triste. Estamos trabajando estrechamente con nuestros homólogos en Tailandia. Vamos a encontrar a las personas que hicieron esto», dijo ayer Khalid.

Las densas selvas del sur de Tailandia y el norte de Malasia han sido una importante ruta para los contrabandistas de personas en el sudeste de Asia. Estas redes captan a estos inmigrantes desesperados en Bangladesh y Myanmar (Birmania) con la promesa de llevarles a Malasia, donde puedan encontrar un futuro económico más próspero. Sin embargo son trasladados a auténticos campos de internamiento desde donde se les obliga a contactar a sus familias para pedir un rescate y ser devueltos a sus lugares de origen. El de este fin de semana se trata del primer hallazgo que se produce en suelo malayo después de que a comienzos de mes Tailandia diera cuenta públicamente de haber encontrado cinco campamentos de estas características, con 36 cadáveres. Una operación para acabar con estos pasos ilegales llevada a cabo por el Gobierno de Tailandia a comienzos de mes, provocó que los traficantes abandonaran a su suerte a miles de inmigrantes de Bangladesh y Myanmar hacinados en barcos y sin apenas comida en las aguas del sudeste asiático, lo que dio lugar a una grave crisis humanitaria que aún no ha tocado fondo.

Mientras que Indonesia y Malasia comenzaron a dar cobijo a algunos de los barcos que durante cerca de dos semanas han ido deambulando de costa a costa por aguas asiáticas, grupos de derechos humanos creen que miles de personas siguen a la espera en alta mar. La crisis desatada hace tres semanas pone en evidencia a los gobiernos de Myanmar y Bangladesh, incapaces de controlar la salida masiva de sus ciudadanos fuera de sus fronteras. De igual modo, ha quedado al descubierto la falta de control por parte de los gobiernos de Tailandia y Malasia a las redes de tráfico de personas que grupos humanitarios vienen denunciado desde hace años. En el caso de Myanmar, son los rohingya, musulmanes, quienes huyen de su país por el acoso de su propio Gobierno. Malasia había sido, al menos hasta ahora, una especie de tierra prometida para ellos. De mayoría musulmana y con una economía boyante dentro del mundo islámico, decenas de miles de miles de personas se suman a peligrosas travesías para encontrar más oportunidades de trabajo en el país malayo. Sin embargo, al igual que ocurre con Tailandia e Indonesia, Malasia no forma parte de los países firmantes de la convención del estatus de refugiados de las Naciones Unidas, lo que impide que los rohingyas o cualquier inmigrante ilegal puedan solicitar el asilo en sus tierras en condición de refugiado. Esta circunstancia deja a estos inmigrantes completamente desprotegidos y con un destino abocado a aceptar trabajos peligrosos, sin derecho hacer uso del sistema sanitario y educativo del país y expuestos a una permanente marginación social y económica.

Los 1,3 millones de rohingyas han sido considerados por Naciones Unidas una de las minorías más perseguidas del mundo. Una décima parte vive desplazada, muchos de ellos en campamentos. Myanmar niega su existencia legal vinculada a su territorio alegando que se trata de inmigrantes ilegales provenientes de Bangladesh, pese a que son generaciones las que malviven en el país desde hace años. El próximo viernes, Bangkok acogerá una cumbre regional para tratar el asunto, un encuentro que se antoja poco fructífero siempre que Birmania siga negando la existencia del origen del problema: niega su vinculación con la comunidad rohingya. En una última vuelta de tuerca al asunto, varias ONG denunciaban este fin de semana una nueva normativa por parte del Gobierno birmano dirigida a discriminar a esa minoría, dando poderes a las autoridades regionales para controlar su tasa de natalidad.

Los esclavos del siglo XXI

No tienen ni pasaporte ni derechos. Son repudiados de su propia tierra porque no son considerados personas. Los rohingya, musulmanes que viven en Birmania, conforman una comunidad de 1,3 millones de personas. Son presa fácil de los traficantes que les ofrecen una mejor vida en otro país. Actualmente, 46.000 se hallan en Malasia.