May afronta su curso político más difícil

Una primera ministra sin poder, un partido político sin alternativas para un nuevo líder y un Gabinete en guerra civil ante un divorcio sin precedente alguno en la historia de la UE.

Una primera ministra sin poder, un partido político sin alternativas para un nuevo líder y un Gabinete en guerra civil ante un divorcio sin precedente alguno en la historia de la UE. Sí, no hay lugar a dudas. El inicio de curso se presenta especialmente convulso en Westminster. Tras la humillante derrota en las generales de junio, Theresa May, que se ha quedado sin mayoría absoluta, regresó este fin de semana a Downing Street más debilitada que nunca.

Durante su periodo vacacional, la Prensa británica no ha hecho otra cosa que especular sobre su futuro haciéndose eco de posibles rebeliones internas. Con todo, los «tories» no parecen haber encontrado aún sustituto. Los euroescépticos David Davis –ministro del Brexit– y Boris Johnson –titular de Exteriores– cada vez son más impopulares, por lo que pierden fuerza las teorías que señalaban que, durante el verano, se organizaría una revuelta con el objetivo de deshacerse de la malograda «premier» a principios de octubre, cuando el Partido Conservador celebra su congreso anual.

May, por tanto, liderará las negociaciones con Bruselas donde, a partir de este otoño, los interlocutores deberán ya ir definiendo el proceso del Brexit a fin de cumplir el plazo estipulado y garantizar que el 29 de marzo 2019 Reino Unido abandona oficialmente el bloque. Sir Simon Fraser, funcionario jefe del servicio diplomático británico hasta 2015, aseguró recientemente que Londres ha estado «un poco ausente» desde que en marzo activara el artículo 50 del Tratado de Lisboa solicitando formalmente el divorcio. «Las negociaciones sólo acaban de comenzar y no creo que lo hayan hecho de forma muy prometedora», dijo en una entrevista en la BBC en la que citó las «diferencias» dentro del Gobierno. Desde la City también se criticó la falta de claridad y de estrategia.

Con el objetivo de acallar las críticas, Downing Street se vio obligado la semana pasada a publicar una serie de informes a fin de preparar el terreno para la siguiente ronda de negociaciones que arranca el 28 de agosto. Londres propondrá a Bruselas ampliar temporalmente la unión aduanera con el fin de prolongar las ventajas comerciales para ambos tras el Brexit. Dentro de la batalla interna que se vive en el Partido Conservador, el movimiento se ha interpretado como una clara victoria del eurófilo Philip Hammond, responsable del Tesoro, que, a diferencia de los miembros más euroescépticos, siempre había defendido un periodo transitorio para evitar un «abismo» para las empresas, uno de los mayores temores en las oficinas de Canary Wharf.

Con todo, el ministro de Economía firmó una carta conjunta con el responsable de Comercio Exterior, el euroescéptico Liam Fox, en la que reiteró que el Brexit es irreversible y cualquier periodo de transición no funcionará como una «puerta trasera» para permitir la permanencia del país en la UE. La carta se publicó la semana pasada después de que James Chapman, el que fuera jefe de personal del Ministerio del Brexit, llamara a formar un nuevo partido que sea favorable a detener la ruptura asegurando que «algunas personas muy interesantes» dentro del actual y el anterior Ejecutivo «tory» estarían dispuestas a involucrarse en ese proyecto.

Por otra parte, el Gobierno aseguró que intentará evitar regresar a las fronteras físicas del pasado entre las dos Irlandas. En este sentido, la posición del Partido Democrático Unionista (DUP) tendrá especial relevancia, ya que, tras el estrepitoso fracaso en las generales, May se vio obligada a pedir el apoyo de los diez diputados norirlandeses para poder gobernar en minoría.

Durante las conversaciones del Brexit, en todo momento Downing Street ha mostrado su interés en abordar cuando antes un futuro acuerdo comercial. Sin embargo, el negociador de la UE, Michel Barnier, ha advertido en varias ocasiones de que antes se deben aclarar otras materias como los derechos de los comunitarios que residen en Reino Unido y los británicos repartidos por el bloque. En este sentido, Londres ha propuesto un carné para los tres millones de comunitarios que viven en el país, a fin de equiparar sus derechos con los británicos una vez se abandone el bloque. El tedioso documento de 85 páginas que existía hasta la fecha para solicitar la residencia permanente se transformará en un documento que será lo «más sencillo posible». Además, se dejará de pedir un seguro médico privado para regularizar la situación, tal y como ocurría hasta ahora. Aquellos que ya habían comenzado los trámites tendrán que empezar de cero. Con todo, May no ha especificado aún la fecha de corte en la que empezarán a contar los cinco años ininterrumpidos de residencia legal para conseguir la tarjeta que concederá a los comunitarios y familiares que ya viven en el país los mismos derechos que los británicos en materia de sanidad, educación, prestaciones sociales y pensiones. Eso sí, será importante leer la letra pequeña: la oferta está condicionada a que la UE garantice la «reciprocidad» con el millón y medio de británicos que residen en el continente. Bruselas ha asegurado hasta ahora que es «un primer paso, pero no es suficiente».

Por último, otro de los puntos clave que se deberán tratar es la factura de salida. El Gobierno británico ha desmentido que vaya a pagar 36.000 millones de libras (unos 40.000 millones de euros), tal y como aseguraban algunos rotativos locales. Un portavoz de Downing Street se limitó a afirmar recientemente que «no reconoce» esa cantidad, si bien Reino Unido siempre ha aceptado que tendría que hacer frente a un «trato justo» para saldar sus obligaciones pendientes como Estado miembro. Bruselas exige entre 60.000 y 100.000 millones de euros para hacer frente a los compromisos económicos que había adquirido antes de iniciar el proceso del Brexit.