May convoca al resto de partidos para frenar el «sexgate»

El dimitido ministro de Defensa británico llamó «zorra» a una periodista. Dos nuevos nombres del Gabinete aparecen en la lista negra.

La «premier» Theresa May se reunirá el lunes con los líderes de todos los partidos para abordar el escándalo sexual que ha desestabilizado Westminster. Gran parte de las formaciones se han visto obligadas los últimos días a investigar denuncias por abuso contra sus diputados. Sin embargo, el Partido Conservador es el que se ha visto más afectado por la lista que circula en los periódicos con detalles de hasta 40 «tories» –entre ellos siete miembros del Gabinete– que los últimos años han protagonizado comportamientos sexuales inadecuados.

Sir Michael Fallon, de 65 años, el que hasta ahora había sido ministro de Defensa, se convirtió el miércoles en el primero en presentar su dimisión tras admitir haber puesto una mano sobre la rodilla de la periodista Julia Hartley-Brewer, de 49 años, durante una cena en 2002. Sin embargo, la reportera cuestionaba ayer que el episodio sea realmente el motivo de su renuncia. «Si todo esto es porque me tocó la rodilla hace 15 años y yo no tengo ningún problema ahora con eso, creo que es la dimisión más ridícula de la historia. Así que no creo que esa haya sido la razón. Asumo que hay más acusaciones y que van a salir más cosas», decía la presentadora.

En efecto, personas cercanas a la oficina de Fallon aseguraban ayer que el ya ex ministro se retiró porque no podía garantizar que no hubiera más historias suyas sobre comportamientos inapropiados con otras periodistas. En este sentido, la Prensa recordaba que el «tory» fue acusado de referirse a una reportera como una «zorra» en un bar en 2010. Cuando el episodio se supo cuatro años después, fuentes cercanas al parlamentario negaron que hubiera usado ese término, pero admitieron que había hecho comentarios despectivos hacia Bryony Gordon, columnista de «Daily Telegraph» mientras bebía, pero que se había disculpado con ella. Cuando la BBC preguntó a Fallon si temía que pudiera salir más cosas a la luz, éste contestó: «La cultura ha cambiado a lo largo de los años y lo que podría haber sido aceptable hace diez o 15 años, claramente no es aceptable ahora. El Parlamento ahora tiene que examinarse y la primera ministra ha dejado claro que la conducta debe mejorar y debemos proteger al personal de Westminster contra cualquier acusación de acoso». Fallon fue ayer sustituido por Gavin Williamson, de 41 años y sin experiencia ministerial.

No se espera que la dimisión de Fallon sea la única. Una joven de 31 años llamada Kate Maltby asegura que Damian Green, de 61 años, «número dos» del Ejecutivo y amigo íntimo de May, le tocó «fugazmente» la rodilla durante un encuentro en un pub de Londres en 2015. Asimismo, la activista relató que, un año después, Green le envió un «sugerente» mensaje telefónico después de que se publicara una imagen de ella vistiendo un corsé. Green califica la acusación de «incierta y profundamente dañina». Pero la «premier» ha pedido que se abra una investigación.

Los nombres de Dominic Raab, secretario de Estado de Justicia, y Rory Stwart, secretario de Estado de Comercio Exterior, son los últimos que ayer se sumaron a la polémica lista. Al primero se le acusa de haber recibido una orden judicial por «comportamiento inapropiado con una mujer». Él lo niega. Al segundo se le acusa de haber pedido a su asistente, Sophie Bolsover, «hacer cosas raras». Tanto él como la propia asistente también afirman que las acusaciones son falsas.

Por su parte, Ruth Davidson, líder de los «tories» en Escocia y una de las voces más respetadas de la formación, asegura que «la presa se ha roto». «La cultura de vestuario de chicos que ha prevalecido en las profesiones dominadas por hombres tiene que acabar», señala. En este sentido, advierte de que se necesitarán «palas bastante grandes» para limpiar el «establo» de Westminster.

Lisa Nandy, diputada laborista de Wigan, asegura que ya en 2014 pidió tres veces a May –cuando ésta era ministra del Interior– que actuara ante los casos en los que los responsables de disciplina de partido estaban usando informaciones de supuestos abusos para controlar a los parlamentarios en lugar de resolver el problema.