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May impone a su Gobierno un Brexit suave en el acuerdo comercial con la UE

  • May impone a su Gobierno un Brexit suave en el acuerdo comercial con la UE

Tiempo de lectura 2 min.

07 de julio de 2018. 03:15h

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Celia Maza Londres. 6/7/2018

Finalmente hubo fumata blanca. Tras recluir a sus ministros en una reunión maratoniana de 12 horas en la residencia de verano de Chequers, la «premier» Theresa May logró ayer finalmente consensuar una postura respecto a la futura relación comercial del Reino Unido con la UE tras el Brexit. El Gabinete llevaba meses atascado en una intensa guerra civil y hasta el último momento no se descartaron dimisiones. Sin embargo, los ministros más euroescépticos aceptaron mantener una equivalencia regulatoria comunitaria para bienes –aunque no para servicios–, a fin de evitar la frontera dura entre la república de Irlanda e Irlanda del Norte, la única física que existirá tras el divorcio.

Aunque el esperado Libro Blanco con los detalles no se publicará hasta la próxima semana, todo apunta a un Brexit blando. Eso sí, se cierra la puerta a la libre circulación de personas. Es cierto que el acuerdo del Gabinete deberá ser ahora aprobado por el resto de los diputados tories (muchos de los cuales amenazaban con rebelión si se sobrepasaban las líneas rojas) y también por Bruselas, donde difícilmente se aceptará trocear las libertades fundamentales. Pero, por el momento, May garantiza su supervivencia y consigue desbloquear las negociaciones del Brexit al otro lado de canal de cara a la cumbre clave de octubre.

Según la líder conservadora, su plan creará «un área de libre comercio Reino Unido-UE que establecerá una normativa común para bienes industriales y productos agrícolas», si bien el Parlamento británico deberá aprobar cualquier futuro cambio en estas regulaciones. «Como resultado, se evitarán fricciones en el campo del comercio, lo que protege el empleo y las formas de sustento, al mismo tiempo que cumplimos nuestro compromiso con Irlanda del Norte» y se mantiene la soberanía parlamentaria del país, afirmó. El Gobierno británico propone un sistema de aduanas que evitaría los controles fronterizos en esa área común, de modo que el Reino Unido aplicaría las tarifas y políticas comerciales propias a los bienes destinados a su territorio y las comunitarias a los que se dirigieran a la UE.

Londres quiere mantener fuera de este acuerdo de libre comercio al sector de los servicios –responsables del 80% de la economía británica– ya que considera que es el que más puede expandirse mediante pactos comerciales con terceros países. Paralelamente, Reino Unido propone crear un «marco institucional conjunto» que asegure la «interpretación y aplicación consistente» de los acuerdos bilaterales británico-comunitarios, que tendría en cuenta, solo cuando fuera necesario, la jurisprudencia del Tribunal europeo de Justicia e incluiría mecanismos de resolución de disputas.

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