May negará la residencia a los europeos llegados tras el Brexit

La primera ministra británica Theresa May vuelve al enfrentamiento con Bruselas y asegura desde Pekín que los ciudadanos de la Unión Europea que lleguen al país durante el periodo de transición no tendrán los mismos derechos que los que llegaron con anterioridad al 'Brexit'

Los derechos de los ciudadanos vuelven a tensar las relaciones entre Londres y Bruselas. A escasos días de que comience la segunda fase de negociaciones del Brexit, la «premier» Theresa May asegura no estar dispuesta a que los comunitarios que entren a Reino Unido durante el periodo de transición que existirá tras el divorcio tengan las mismas condiciones que aquellos que ya estaban residiendo en el país. Las normas para los nuevos migrantes europeos podrían incluir permisos de trabajo obligatorios, requisitos de registro previo al entrar en el país y restricciones en el acceso a prestaciones sociales.

Las presiones por parte de los «tories» más euroescépticos y las críticas ante un liderazgo más cuestionado que nunca han hecho que May endurezca su tono. Sin embargo, al otro lado del Canal se quiere rechazar cualquier intento de diluir la libre circulación de personas durante los 21 meses de implementación que existirán una vez Reino Unido abandone oficialmente la UE.

Guy Verhofstadt, coordinador del Brexit del Parlamento Europeo, recalcó que «los derechos de los ciudadanos durante la transición no son negociables». «No aceptaremos que haya dos conjuntos de derechos para los ciudadanos de la UE», matizó a «The Guardian». A principios de esta semana, la UE accedió a las demandas de Londres para que, después del Brexit, existiera un tiempo de implementación que diera sobre todo margen a los empresarios para adaptarse a la nueva situación. Bruselas quiere que este periodo comience el 29 de marzo de 2019 –fecha prevista para la salida de Reino Unido del bloque– y termine el 31 de diciembre de 2020 (cuando concluye el actual marco presupuestario comunitario), unos tres meses antes de lo que había reclamado el Gobierno británico.

Algunos «tories» euroescépticos temen que este plazo –en el que Reino Unido seguirá siendo parte de la unión aduanera y el mercado común (con la libertad de movimiento que eso implica)– pueda extenderse. Pero, desde China, donde se encuentra de viaje oficial, May descartó esa posibilidad. «No estamos hablando de algo que se vaya a alargar y alargar... nos estamos yendo de la Unión Europea», señaló la «premier» británica.

Los derechos de los ciudadanos, junto con la factura de divorcio y la frontera de Irlanda, fue uno de los asuntos clave en la primera fase de negociaciones del Brexit, que concluyó el pasado diciembre. En este sentido, se acordó que todos los comunitarios que han estado en Reino Unido durante más de cinco años obtendrán un estatus de residencia para tener, como ocurre actualmente, acceso a los servicios públicos, como Sanidad o Educación. El problema es que, mientras que Bruselas quiere que la fecha de corte termine el 31 de diciembre de 2020, Londres pretende ahora acortarla al 29 de marzo de 2019. «Cuando cerramos el acuerdo, lo hicimos sobre la base de que las personas que habían venido a Reino Unido cuando éramos miembros de la UE habían establecido ciertas expectativas», explicó May. «Garantizar que pudieran continuar su vida de la misma manera que ahora fue lo correcto. Ahora bien, para aquellos que vengan después de marzo de 2019 será diferente porque vendrán ya sabiendo que Reino Unido estará fuera de la UE», matizó.

Nicolas Hatton, cofundador de «The3million» (que representa a los comunitarios que viven en Reino Unido), asegura que «habría un caos total si hay una distinción entre los que lleguen en marzo de 2019 y los que llegan en el periodo de transición». «No hay forma de hacer una distinción entre esos grupos, por lo que podría conducir a una discriminación generalizada de los ciudadanos de la UE», advierte. En este sentido, Hatton indica que la decisión de May aumenta los temores sobre el acceso a puestos de trabajo, la capacidad de asegurar el alojamiento y tener una cuenta bancaria en funcionamiento.