Los brasileños retan en las calles a Dilma Rousseff

Cientos de miles de personas piden por tercera vez este año la dimisión de la presidenta o un «impeachment» en el Congreso brasileño

«¡Fuera Dilma! ¡Lula a la cárcel!». La Avenida Atlántica del barrio carioca de Copacabana era un hervidero de consignas políticas, música y mofas al Gobierno brasileño al final de la mañana del domingo. El tercer acto nacional contra la presidenta del país, Dilma Rousseff, desde que ésta asumió su segundo mandato, en enero, estuvo marcado ayer por un ambiente festivo en el que el mensaje era claro: o la mandataria renuncia o la calle seguirá rugiendo hasta que el Congreso brasileño la deponga por medio de un «impeachment». «Estamos aquí porque no vamos a tolerar que la presidenta convierta a este país en algo parecido a Venezuela o Bolivia», explicó a LA RAZÓN Ari, un sexagenario que reclamaba la encarcelación del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva. «Es la única forma de que este país vuelva a tener credibilidad a nivel internacional», señalaba, acompañado por su esposa, Ana, una farmacéutica que se declaraba «engañada por un Gobierno que desde hace 12 años promete sacar de la miseria a los pobres y lo único que hace es robar». «Yo fui a la universidad pública y aquello daba gusto. Ahora, nuestros hijos han tenido que formarse en centros privados por la mala calidad. Pagamos unos impuestos altísimos, más del 50 por ciento de nuestros ingresos, ¿para recibir qué a cambio?», se quejaba esta mujer, con una camiseta llena de mensajes políticos.

Más de un centenar de ciudades brasileñas –incluso en el noreste, principal feudo electoral de Dilma– celebraron ayer manifestaciones contra el Gobierno. Estimaciones de organizadores y centros de estudios independientes situaban en unos 700.000 los contestatarios por todo el país. Una cifra similar a los actos de protesta de abril, pero inferior al millón de personas congregadas en marzo. En el estado de Sao Paulo, corazón de la oposición antigubernamental, alrededor de 465.000 manifestantes salieron a las calles. La popularidad de Dilma Rousseff se sitúa en los índices más bajos desde que comenzaran en 1990 a realizarse este tipo de encuestas. Un sondeo divulgado hace dos semanas indicaba que el 71 por ciento de los brasileños considera «mala» o «pésima» la gestión de la mandataria. Se trata de una cifra histórica para un presidente en el país, y además que se produce menos de un año después de ser reelegida. Los antecedentes no invitan a ser optimistas: en 1992, el entonces presidente Fernando Collor cosechaba un 68 por ciento de rechazo poco antes de ser depuesto por el Congreso.

En una serie de actos públicos organizados los últimos días, Dilma ha apelado a «respetar la democracia» y ha prometido que sacará a Brasil de sus problemas. Pero el rechazo a su Administración gana respaldo a medida que Brasil ahonda en una recesión –la segunda mayor de toda América Latina, solo por detrás de Venezuela– que el Gobierno parece no estar en medida de contener, sobre todo por la falta de apoyos políticos para un gran pacto nacional por el crecimiento. La caída de la economía puede llegar este año al 3 por ciento y la crisis empieza a reflejarse en los datos de desempleo, especialmente en el malogrado sector industrial. Pero lo que más indigna a los brasileños son los escándalos de corrupción que azotan a corporaciones que, como la petrolera estatal Petrobras, eran mencionadas con orgullo hasta hace un año como emblemas del despertar económico del país. «Si hoy tenemos a tanta gente en la calle es porque domina la percepción de que están robando todo. No podemos tolerar eso y quedarnos de brazos cruzados», argumentaba ayer Bernardo Santoro, profesor de economía y director ejecutivo del Instituto Liberal, una organización que exige cambios estructurales en la economía. «Si Dilma no se va o la saca el Congreso por ‘‘impeachment’’, volveremos a la calle», aseguraba Santoro, entrevistado desde lo alto de uno de los vehículos con altavoces que articulaban la protesta en Río.

El descrédito no afecta únicamente al Partido de los Trabajadores (PT) de Dilma, pero las investigaciones le sitúan en el centro del engranaje de desvío ilícito de fondos creado en torno a Petrobras. Medio centenar de políticos son sospechosos o han sido imputados por su vinculación en el desfalque de por lo menos cientos de millones de dólares por medio de contratos de suministro sobrefacturados. El tesorero del PT, Joao Vaccari, el ex mano derecha del presidente Lula durante su etapa inicial de Gobierno, José Dirceu, y el presidente de Odebrecht, la mayor constructora de América Latina, se encuentran en prisión preventiva por su supuesta vinculación en la «operación Lava Jato». Los tentáculos del escándalo no cesan de expandirse y la Policía brasileña sospecha que el actual presidente del Congreso o incluso el propio Lula pueden estar involucrados.

La única reacción del PT frente a las protestas fue un acto de «solidaridad» con Lula y Rousseff realizado frente al instituto que el ex presidente dirige en Sao Paulo, que congregó un millar de personas. Rousseff, por su parte, convocó una reunión con algunos de sus ministros, tras la cual el titular de Información, Edinho Silva, dijo que las protestas prueban la «normalidad democrática» que vive el país.

Primera protesta con oposición

Figuras importantes de la oposición política salieron ayer por primera vez a la calle, un signo de que en las próximas semanas endurecerán el tono contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff. El rival de Dilma en el segundo turno de los comicios presidenciales de octubre y actual líder del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Aécio Neves, fue el protagonista en la protesta de la ciudad de Belo Horizonte, donde denunció «tanta mentira, tanta corrupción y tanto desprecio a los brasileños» por parte del Ejecutivo del país suramericano.

En el Congreso brasileño existen media docena de pedidos de «impeachment» de Dilma realizados por partidos minoritarios. La clave para que alguno prospere y se lleve a cabo una votación son dos procesos judiciales que se están analizando actualmente: el primero, sobre si el Gobierno se saltó la ley en su Administración de los presupuestos del año 2014; el segundo, para determinar si el PT de Rousseff utilizó dinero ilícito para financiar su campaña política de octubre.

El PSDB se ha mantenido hasta la fecha dividido: algunos sectores son favorables a aunar fuerzas para poner fin al mandato de la presidenta por medio del Legislativo, pero otros liderados por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso se muestran reacios y, en su lugar, piden nuevas elecciones.