Nicaragua: “El 80% de la población demanda que se vaya Daniel Ortega”

“Francotiradores, torturas, detenciones arbitrarias, uso desproporcionado de la fuerza, disparar a matar, represión, heridos, hostigamiento”... son algunas de las palabras que más salieron ayer a colación para describir la crisis de los Derechos Humanos que vive Nicaragua desde hace ya seis meses. Y lo que es peor, como destaca Vilma Núñez de Escorcia, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), “no veo la salida. Ni hasta dónde llegará ni hasta cuándo se agravará esta situación”.

Amnistía Internacional (AI) presentó ayer en Madrid un duro informe sobre la represión en Nicaragua contra la población, una población que hace justo seis meses salió a las calles para protestar contra las pensiones y el Gobierno del presidente Daniel Ortega. Así, en “Sembrando el terror: de la letalidad a la persecución en Nicaragua”, los investigadores de AI detallan los atropellos contra los Derechos Humanos de los nicaragüenses desde aquel 18 de abril.

“322 personas han fallecido, la mayoría a manos de agentes del Estado, y más de 2.000 resultaron heridas a fecha del 18 de septiembre”, explica Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, quien añadió que entre los muertos hay 22 policías”. Asimismo, Guevara-Rosas recordó que hay más de 300 personas detenidas por su participación en las protestas. Y es que han observado que desde junio, el Gobierno de Ortega ha intensificado su estrategia para la represión, conocida como “operación limpieza”. “Hemos documentado un incremento considerable de la represión violenta por parte del Estado”, añade Guevara-Rosas.

Pilar SanMartín, investigadora de crisis en AI, pormenorizó el uso generalizado de grupos parapoliciales aramados con armas de tipo militar para disuadir las protestas, que por cierto, cada vez son más sofisticados. “Poseen armas tipo AK, dos tipos de rifles de francotirador (Dragunov y Remington) que pueden disparar con precisión a 1,3 kilómetros de distancia, armas automáticas, ametralladoras RPK y PKM (...), lanzagranadas para atacar tanques...”. Eso sí, SanMartín también reconoció que una minoría de manifestantes usaron morteros o escopetas de caza. Pero con todo, el uso de la fuerza por parte del Estado debe ser excepcional y recordó que este tipo de armas de guerra están prohibidas en una mera protesta pacífica.

En entrevista con LA RAZÓN, Núñez de Escorcia se emociona al hablar de la deriva de su país. La presidenta del Cenidh explica que “es una situación inédita. Yo estaba acostumbrada a luchar contra la dictadura, soy una sobreviviente de entonces, después tuvimos la revolución que tanto idealizamos a un dirigente y después nos desengañamos. Nos hemos dado cuenta de que tenía los pies de barro”. Aun así, entonces era un grupo cívico militar luchando contra la dictadura, en la actualidad, “podemos decir que el 80% de la población que cívicamente está demandando con métodos enmarcados dentro de la lucha cívica que se vaya Daniel Ortega, que no puede seguir permaneciendo en el país porque su Gobierno se ha caracterizado por una exclusión, centralización y una violación permanente de los derechos humanos”.

Ser defensor de los Derechos Humanos nunca ha sido fácil en Nicaragua, pero con la nueva ley, cualquiera puede ser acusado de cometer un acto terrorista contra el Estado o de financiación del terrorismo. En este sentido, Núñez de Escorcia confiesa que no sólo tiene miedo por haber presentado el informe, “sino por defender los derechos humanos. Hay temor pero no vamos a salir del país. Seguiremos acompañando a la gente hasta que esto termine. Siempre hemos sido estigmatizados con campañas de descalifacaciones. Nuestra oficina está rodeada de barricadas (según ellos porque está dentro del perímetro de seguridad donde vive el presidente). Estamos acostumbrados a trabajar bajo presión y obstaculización”. Por ello, la presidenta del Cenidh reconoce que tienen mucha frustación e impotencia, pues está siendo muy complicado ofrecer respuestas a las víctimas y sus familiares. Es más, de todos las denuncias por las muertes, “no hay ninguna investigación tramitada en contra de los actores directos o los actores intelectuales y responsables de estas muertes”.

En cuanto a qué puede hacer la comunidad internacional, Núñez de Escorcia “espera una acción más beligerante” y va por partes. “En Centroamérica la situación es dolorosa. Prácticamente los países del triángulo norte: Guatemala, El Salvador y Honduras, prácticamente están respaldando al Gobierno. Entonces es Costa Rica y en menor medida Panamá, los que sí respaldan a la población nicaragüense. Costa Rica está asumiendo el refugio y el desplazamiento forzoso de más de 30.000 nicaragüenses. Pensamos que la comunidad internacional no puede de ninguna manera dejar la responsabilidad de esta cantidad de migrantes a Costa Rica”. En la región, “hemos tenido el respaldo importante de la OEA. Aunque el Gobierno no dejó entrar a una comisión especial que habían nombrado para Nicaragua. La que está funcionando es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que prácticamente tiene priorizada la situación del país y puede trabajar en el terreno, aunque también tiene muchas limitaciones. (No les dejan entrar en las cárceles y siempre están monitorizados)”. En cuanto a Naciones Unidas, “esperamos que por medio de la Oficina del Alto Comisionado -la misión que mandó a Nicaragua fue expulsada-, y a través del Consejo de Seguridad puedan llevar el caso ante la Corte Penal Internacional”. Por último, con respecto a la Unión Europea y en especial España, la presidenta Núñez de Escorcia espera que “puedan impulsar mayores esfuerzos acompañándonos. Ha habido un llamamiento de emergencia desde Bruselas para que termine la represión y también para que desarticule las fuerzas paramilitares que tanto daño están causando”.

Amnistía Internacional entregará hoy más de 20.000 firmas en la Embajada de Nicaragua.