Doble humillación a May

Pese a los compromisos arrancados a Juncker, los diputados volvieron a rechazar por una amplia mayoría el acuerdo de retirada. Ahora Westminster deberá decidir si Reino Unido abandona la UE sin acuerdo o solicita una prórroga a Bruselas.

El suspense duró hasta el final, como había ocurrido con las sagas previas del Brexit. Pero finalmente la trama terminó en tragedia. La Cámara de los Comunes volvió a tumbar anoche el acuerdo de retirada de Theresa May. Bruselas ya había advertido de que no habrá terceras oportunidades, por lo que el histórico divorcio pasa ahora a un terreno completamente desconocido.

Todo apunta a que, para evitar la salida abrupta el próximo 29 de marzo, Westminster acabará solicitando esta semana una extensión que solo se aplicará si los Veintisiete lo acuerdan por unanimidad. Pero a largo plazo, el panorama es completamente incierto y las posibilidades de nuevas elecciones generales anticipadas en Reino Unido o incluso un segundo referéndum vuelven a ponerse encima de la mesa tras el fracaso de ayer.

El acuerdo fue rechazado anoche en la Cámara de los Comunes por 391 votos en contra frente a 242 a favor, una diferencia de 149 escaños que suponen una gran humillación para la «premier» Theresa May. En cualquier caso, mejora el gran varapalo de los 230 escaños del pasado mes de enero, cuando cosechó una derrota histórica en la política británica al presentar por primera vez el acuerdo en la Cámara Baja.

Desde entonces, su único objetivo fue el de conseguir algún tipo de concesión por parte de Bruselas respecto al «backstop». La polémica salvaguarda para evitar una frontera dura entre el Ulster e Irlanda propone dejar temporalmente a Reino Unido dentro de la unión aduanera y a la provincia británica de Irlanda del Norte alineada además al mercado único –sólo para bienes– hasta que se cierre un futuro acuerdo comercial.

Ante la falta de avances, May nunca tiró la toalla y, perseverante como pocas, el lunes por la noche, a última hora, viajó hasta Estrasburgo para reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. «In extremis», se acordó lo que May vendió como «cambios legalmente vinculantes». En primer lugar, un «instrumento» que dejaba claro que la salvaguarda no estaba diseñada para ser permanente. El segundo lugar, un suplemento añadido a la declaración política sobre futuras relaciones con el bloque, por el que Reino Unido y la UE se comprometían a acelerar la negociación sobre su futura relación comercial. Y, por último, una «declaración unilateral» donde Londres reafirmaba su poder soberano para abandonar la salvaguarda si las negociaciones sobre la futura relación no prosperaban.

Sin embargo, la redacción del acuerdo de retirada no se tocó. En definitiva, todo se resumía prácticamente a «clarificaciones». Y en este sentido, las palabras del fiscal general del Estado, Geoffrey Cox, fueron contundentes: el «riesgo legal» de que Reino Unido quede atrapado indefinidamente en la normativa comunitaria «no cambia». Sus voz de barítono resonó con fuerza en la Cámara Baja durante la intervención previa a la decisiva votación sobre el Brexit.

El abogado del Gobierno –que también forma parte del Gabinete– era muy consciente de que su valoración sería determinante. Conocía las consecuencias que podría acarrear para la «premier». Pero, desde el principio, advirtió de que le importaba más su reputación como letrado que como político. Y actuó en consecuencia. En este contexto, durante su comparecencia, Cox dejó claro que los textos acordados por May «reducían» las posibilidades de que el país pudiera quedar «indefinidamente e involuntariamente dentro de la salvaguarda». «No obstante, el riesgo legal permanece sin cambios», matizó, ya que Reino Unido no tendría medios legales para salir de la salvaguarda sin el visto bueno de la UE.

A partir de ahí, todo se desmoronó cual fila de piezas de dominó. El ERG, que aglutina al núcleo duro de los «tories» euroescépticos, adelantó que votaría en contra. En los últimos días, los «brexiters» se habían mostrado divididos porque muchos temían que, si finamente se apuesta por ampliar plazos, hay un riesgo de acabar suavizando el Brexit. Pero finalmente votaron en bloque en contra del acuerdo.

Por su parte, los norirlandeses del DUP –de cuyo apoyo depende el Gobierno en minoría de Theresa May desde las elecciones de junio de 2017– también adelantaron que, debido a que «no se habían conseguido progresos suficientes», votarían en contra.

Por lo tanto, antes de que tuviera la votación, estaba ya claro que el pacto estaba completamente muerto. De nada sirvió el alegato final que May realizó en los Comunes: «Os arriesgáis a que no haya Brexit». Hace tiempo que su amenaza dejó de surtir efecto. Tras la gran derrota, está previsto que sus señorías voten hoy si quieren abandonar el bloque sin pacto el 29 de marzo. Si esta opción tampoco prospera como está previsto, la Cámara Baja votará mañana si solicitan a la UE una ampliación de plazos.

Desde Bruselas, el negociador para el Brexit, Michel Barnier, afirmó que la UE ha hecho «todo lo que ha podido para ayudar a aprobar el acuerdo de retirada». El «impasse» solo se puede resolver en Reino Unido», indicó en Twitter, al tiempo que afirmó que «nuestras preparaciones para un 'no acuerdo' son ahora más importantes que nunca».

Ante la peor crisis institucional en Westminster, anoche ya se escuchaban muchas voces comentando la posibilidad de unas elecciones anticipadas. Forzar los comicios siempre ha sido el principal objetivo del líder de la oposición, Jeremy Corbyn. Si no consigue su propósito, presionado por sus bases, el laborista abogará por la convocatoria de un nuevo referéndum. Para celebrar un nuevo plebiscito, se requieren entre seis y nueve meses, por lo que la extensión de plazos respecto al Brexit superaría la barrera de junio, lo que obligaría a Reino Unido a participar en las próximas elecciones europeas. En definitiva, una tragicomedia con suspense hasta el final.