Han Duck-Soo, presidente en funciones de Corea del Sur, destituido mientras Yoon se enfrenta a un juicio político

En Corea del Sur, se vive una intensa partida de ajedrez político de alto riesgo, marcada por movimientos aparentemente caóticos en torno a los nombramientos constitucionales. La asamblea legislativa surcoreana votó el viernes a favor de la destitución del presidente interino, Han Duck-soo, tras su negativa a realizar los nombramientos judiciales necesarios para avanzar en el proceso de suspensión de poderes de su predecesor. Esta situación ha prolongado la agitación que comenzó con una efímera declaración de la ley marcial a principios de este mes. La decisión se produjo en un contexto de graves acusaciones de abuso de poder y corrupción, y refleja tanto la fractura interna del gobierno como el descontento generalizado que ha llevado al país al borde de un abismo político.

La antaño vibrante historia de éxito democrático de Corea del Sur se ve ahora arrastrada hacia un territorio desconocido. Han, un experimentado funcionario de 75 años, se alzó como líder interino del país hace menos de dos semanas, tras la sorpresiva votación de la Asamblea Nacional que destituyó al presidente Yoon Suk Yeol. Con la misión de salvaguardar a sus aliados y estabilizar los convulsos asuntos de Estado, su ascenso se tornó en un desafío monumental. Este cese, en el seno de una sesión legislativa tumultuosa, ha puesto de relieve el fracaso de los dos principales partidos del país para unir fuerzas y enfrentar la crisis que amenaza con desdibujar el futuro de la nación.

En respuesta inmediata a la recusación, Han negó haber cometido delito alguno y calificó el proceso de «injusto». Sin embargo, según la ley surcoreana, un politico destituido queda inmediatamente suspendido de sus funciones a la espera de juicio. Este marco legal garantiza la seriedad del proceso y la rendición de cuentas. Con todo, el Tribunal Constitucional del país debe revisar y certificar la votación en un plazo de seis meses, antes de que pueda ser apartado definitivamente de su cargo.

El opositor Partido Demócrata, que mantiene la mayoría en la legislatura, está presionando para cubrir tres vacantes en el tribunal de nueve escaños. Las autoridades del partido intentaron destituir a Han porque este se negó a cubrir rápidamente los puestos y a aprobar una normativa para poner en marcha una investigación especial sobre la fallida declaración de la ley marcial por parte de Yoon.

La reciente moción de censura ha puesto de relieve serias acusaciones contra Han, quien, según los denunciantes, “obstruyó intencionadamente las investigaciones” destinadas a interrogar a los implicados en la rebelión. Los opositores sostienen que esta conducta “vulnera el deber de todo cargo público de cumplir la ley y servir al pueblo”. Lee Jae-myung, presidente del Partido Demócrata, no dudó en calificar la actual “autoridad interina” como “insurreccional”, elevando la tensión en un clima político ya crispado.

Por su parte, Han defiende que su condición de mandatario interino no le confiere la autoridad necesaria para realizar nombramientos judiciales decisivos. Sostiene que la elección de los magistrados del Constitucional debe ser fruto de un consenso entre el Partido del Poder del Pueblo (PPP) y las formaciones de la oposición. En medio de esta controversia, el propio Tribunal Constitucional dio inicio el viernes a una audiencia clave sobre la posible destitución de Yoon. Si los tres asientos vacantes no se ocupan antes de que concluya el proceso, los seis magistrados restantes se verán obligados a alcanzar un acuerdo unánime para despojar a Yoon de su cargo; un solo voto en contra implicaría su reinstauración automática, una situación que podría cambiar drásticamente el rumbo del país.

El presidente Yoon, de 64 años, se halla además en el epicentro de una investigación de gran magnitud por "rebelión", un cargo que podría acarrearle la pena de muerte. La Oficina de Investigación de la Corrupción, responsable de esclarecer los acontecimientos, ha convocado al exmandatario en dos ocasiones para que aclare su implicación en los sorprendentes sucesos de la noche del 3 al 4 de diciembre, que conmovieron al país. Sin embargo, este ha desatendido ambas citaciones, desafiando la autoridad judicial en un momento de extrema delicadeza.

La remoción de Yoon marca un capítulo decisivo en la historia política de Corea del Sur, siendo la segunda vez en pocos años que el país se ve obligado a separar a su jefe de Estado. La primera ocasión fue en 2017, cuando la entonces presidenta Park Geun-hye fue desterrada debido a un escándalo de corrupción de gran magnitud. Esta recurrente inestabilidad política resalta las profundas crisis que enfrenta el Gobierno y la urgente necesidad de reformas para restaurar la confianza en las instituciones.

El actual clima político se caracteriza por un creciente descontento entre la ciudadanía, que ha manifestado su frustración ante diversos problemas como el aumento del costo de la vida, el estancamiento de los salarios y las constantes acusaciones de corrupción dirigidas a altos funcionarios.

Con la suspensión de Han, el primer ministro Chung Sye-kyun asumirá temporalmente el control del Gobierno, una situación que se mantendrá hasta la elección de un nuevo presidente o hasta que Han sea absuelto de los cargos que enfrenta. Este escenario plantea interrogantes sobre el futuro del Partido del Poder del Pueblo, que, tras enfrentar múltiples escándalos y controversias, podría ver comprometida su posición en los próximos comicios.

En medio de esta tormenta política, se manifestó la inquietud de los inversores: el won surcoreano cayó el viernes por la mañana a su nivel más bajo en casi 16 años frente al dólar, incluso antes de que se hiciera oficial el cese.