Álvaro Leyva, excanciller del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido grabado en conversaciones privadas con altos funcionarios de los Estados Unidos, en las que plantea la necesidad de "sacar" a Petro del poder antes de las elecciones de 2026. "Crisis", "enemigos", "conspiraciones": esas son algunas de las variables que Petro necesita para consumar su plan de mantenerse en el poder más allá de lo permitido.

A partir de lo ocurrido con Leyva, el presidente señalará -desde su discurso y bajo el pretexto de que la democracia está en juego, la paz del país corre peligro y su vida está amenazada- a "grandes enemigos", con el objetivo de justificar el intento de torcer las leyes, presionar a la justicia, someter a las instituciones, intimidar a sus adversarios políticos y amenazar a medios de comunicación y periodistas.

El discurso populista de la izquierda latinoamericana ha sido, durante décadas, experto en generar escenarios que le permiten avanzar hacia rupturas sociales, políticas e institucionales. En un entorno de instituciones sólidas y maduras, resultaría prácticamente imposible que Petro logre consolidar el proyecto político que tiene entre manos. Por eso, el mandatario medirá fuerzas internas -es decir, lealtades dentro de su propio movimiento- y también pondrá a prueba la solidez o fragilidad de las instituciones que conforman el Estado de derecho.

Con su propuesta temeraria, Leyva termina haciéndole un favor a Petro. El objetivo de la oposición y del resto de las fuerzas sociales colombianas debe ser "obligar" al presidente a someterse a la Constitución vigente, que implica abandonar la Casa de Nariño el próximo año y entregar la banda presidencial a otra persona. El trabajo no puede centrarse en intentar derrocarlo, porque desde ese esfuerzo el populismo podría obtener ventaja. Es la propia oposición la que podría estimular a líderes oficialistas a desplazar a su actual jefe. La alternancia en el poder es una condición sine qua non de toda democracia liberal.

Por el contrario, la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente en las elecciones de marzo de 2026, saltándose el debido proceso, plantea una posible renovación de todos los poderes públicos, incluido el Ejecutivo. En consecuencia, una nueva Constitución le permitiría al actual mandatario colombiano postularse nuevamente o continuar en el poder bajo un reinicio de su período. Alrededor de 11 precandidatos presidenciales están haciendo campaña en todo el país.

Este es un momento crucial para que cada uno de ellos vea esta coyuntura histórica como una oportunidad para unir fuerzas no solo contra un presidente, sino contra un proyecto político que, sin duda, tiene la firme intención de destruir la democracia y el sistema de libertades que tanto le ha costado a Colombia consolidar después de décadas de violencia y sufrimiento.