Policías y delincuentes se reparten los crímenes en Venezuela

El Observatorio Venezolano de la Violencia revela que las Fuerzas de Seguridad están detrás del 32% de las 23.000 muertes violentas ocurridas este año. La pobreza ha disparado las altas tasas de homicidios en el país.

En Venezuela han muerto en 2018 menos personas por hechos violentos en comparación con 2017. Las estimaciones del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), una ONG que hace el seguimiento de la criminalidad en el país, fijan en 81,4 por cada 100.000 la tasa de homicidios a escala nacional al cierre de este año. Según los datos del OVV, 23.047 personas resultaron muertas durante este año por causas violentas. Allí se incluyen 10.422 homicidios, 7.523 caídos por «resistencia a la autoridad» y otras 5.102 muertes en proceso de investigación. La «epidemia de la violencia» convierte al país en el de mayor criminalidad del mundo.

Más del 32% de las muertes ocurridas fueron a manos de las Fuerzas del Estado. Es la primera vez que el número es tan alto. «La violencia presenta nuevos rostros, el empobrecimiento y la letalidad policial marcadas por las acciones extrajudiciales. Además, surge con fuerza el delito en las zonas rurales, allí donde hay comida», explicó el director del OVV, Roberto Briceño León.

Cuando la ONG afirma que la violencia ha mutado y que tiene nuevos actores no solo se refiere a la acción policial, sino al crimen organizado. En los cinco estados con mayor cantidad de muertes –Aragua, Miranda, Bolívar, Distrito Capital y Sucre– hay megabandas criminales. Aragua, por ejemplo, está controlada por grupos delictivos que dominan vías de acceso, actividades económicas y hasta espacios públicos. «Han logrado sustituir las funciones del Estado», apunta Briceño. En Miranda, el control de la zona de Valles del Tuy también está en manos de criminales, mientras que en Bolívar están los dos municipios más violentos entre los 335 del país, justo donde la actividad minera es clave. «Allí hay grupos organizados», insiste Briceño León. Durante 2018 se denunció incluso presencia guerrillera del ELN colombiano.

El detalle del informe completo del OVV contrasta con el silencio gubernamental. Desde 2005 el Estado no publica datos sobre este problema. En algunas ocasiones se han divulgado datos sueltos, sin informes ni detalles, sin estar desagregados; a veces los resuelven con un número en un tuit. Por ejemplo, Pablo Fernández, secretario ejecutivo del Consejo General de Policía, dijo en noviembre que la tasa de homicidios en 2017 fue de 47 por cada 100.000, y la de 2018 sería apenas 30 por cada 100.000. Números difíciles de verificar pues no están sustentados en documentos públicos, y que hacen levantar alguna ceja: sería una abrupta caída del 50% en tan solo dos años, en contraste con datos divulgados por el Ministerio Público cuando estaba en manos de la ahora exiliada Luisa Ortega Díaz (y nunca ratificados por el Ejecutivo nacional).

El Estado, hay que aclarar, no considera como homicidios las muertes causadas por uniformados. El abogado criminalista Luis Izquiel afirma que las autoridades ocultan abusos al registrar ejecuciones extrajudiciales como «enfrentamientos», con lo cual las separan de los totales «porque lo consideran acciones dentro de la ley». Cita al OVV y el registro de al menos 15 personas fallecidas por supuestos enfrentamientos cada día. «Son casos que no son investigados. Al decir que es una acción legal de la Policía, eso queda así. Hay una total impunidad», añade. Pero la Policía sí mata más. Según el informe del OVV, en el estado de Aragua hubo más muertes a manos de funcionarios del Estado que homicidios causados por delincuentes. Incluso, en el municipio Urdaneta de esa entidad, la relación es de cinco a uno.

No parece casual esa radiografía cuando en 2018 cumplió su primer aniversario la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), un «grupo de exterminio» según lo califica la diputada Yajaira Forero, ex comisaria de la extinta Policía Metropolitana. Son funcionarios vestidos de negro, con los rostros tapados incluso con máscaras de calaveras que protagonizan «enfrentamientos» que terminan con varios civiles muertos.

El calificativo que suelta Yajaira Forero no es gratuito. Según el observatorio Monitor de Víctimas, un total de 213 personas cayeron abatidas entre mayo de 2017 y julio de 2018 a manos de funcionarios de ese organismo, incluyendo un centenar de casos de fallecidos cuyos familiares han denunciado ejecuciones extrajudiciales.

En contraste, el Gobierno y la dirección de la PNB se enorgullecen de que la FAES haya supuestamente «desarticulado» 500 bandas delictivas este año. Admiten, no obstante, que hay 89 funcionarios detenidos por presuntos excesos policiales.