Protestas globales contra Putin

A sólo un día del acontecimiento que Vladimir Putin programó como su gran escaparate al mundo, los JJ OO de Sochi, arrecian en diferentes países las protestas a propósito de la ley rusa contra la propaganda homosexual, aprobada por la Duma en junio del año pasado. Ayer se celebraron manifestaciones en 19 ciudades del mundo, como Nueva York, Londres, París, Buenos Aires, Río de Janeiro o incluso San Petersburgo, la más europea de las urbes rusas. La principal demanda de los manifestantes es que las empresas multinacionales patrocinadoras de los Juegos o del COI, como Coca-Cola o Samsung, se posicionen contra la ley rusa.

«Es el momento para presionar para que los patrocinadores rompan su silencio y utilicen su poder económico para acabar con estas normas discriminatorias», declaró en un comunicado público Marie Campbell, directora de igualdad del grupo All Out, una organización internacional en defensa de los derechos homosexuales y principal organizador de las protestas de ayer. «Todo lo que pedimos es que no se ignore lo que está pasando en Rusia, donde las leyes antihomosexuales están impidiendo que millones de personas disfruten de los valores olímpicos», concluye Campbell. A raíz de las concentraciones, el gigante estadounidense AT&T, que no es patrocinador del COI o de Sochi, aunque sí del Comité Olímpico Estadounidense, publicó ayer un comunicado en su web corporativa en el que se podía leer: «Nos oponemos a la ley contra la propaganda homosexual en Rusia. Es dañina para las personas, para sus familias y para una sociedad diversa». En diciembre, el presidente puso en marcha una campaña de relaciones públicas para suavizar su imagen internacional y evitar así que reivindicaciones extranjeras pudiesen afear su gran cita. Así llegó la amnistía a Jodorkovski, a las Pussy Riot y a los activistas de Greenpeace en el Ártico, tres de los principales motivos de crítica de los países occidentales al Gobierno ruso. Pero aquella campaña quedó incompleta al ni siquiera plantearse la derogación de la ley contra la propaganda homosexual, todo sea dicho, una norma tan impopular en los países occidentales como ampliamente aceptada por la sociedad rusa. No en vano, la homosexualidad estaba tipificada como delito en el país hasta 1993, y se la consideraba oficialmente una enfermedad mental hasta 1999. Cabe recordar que la norma, aprobada con el apoyo de todos los partidos de la Cámara y redactada de forma bastante laxa, viene a prohibir la distribución pública de mensajes que promoviesen la homosexualidad, especialmente entre los menores, al poco menos que equipararla con la pederastia. La peregrina explicación oficial del Kremlin a posteriori fue que la ley trata de combatir el problema de la natalidad en el país. Tampoco han contribuido a mejorar el clima las declaraciones públicas de autoridades rusas, como las del alcalde de Sochi, que recientemente afirmó de forma categórica que en su ciudad no hay homosexuales, o las del propio Putin, que comentó que «los gays serán bienvenidos a Sochi... siempre que dejen a nuestros niños en paz».

La estricta seguridad y la tensión con Occidente permiten establecer paralelismos entre estos juegos olímpicos y los de Moscú 1980, los dos únicos que ha albergado el país en su historia. Entonces, con la excusa de la seguridad, se cerró literalmente la ciudad, una medida en realidad estética: se «limpiaron» las calles de «indeseables» y se expulsó a los no moscovitas. Sochi es también una ciudad cerrada estos días. Todos deben estar siempre identificables con el llamado «pasaporte del espectador», una medida oficialmente antiterrorista, pero utilizada también para controlar los movimientos de posibles «agitadores políticos».