Qué queda de la dictadura de Pinochet en la actual Constitución y por qué los chilenos prefieren mantenerla

"Yo siempre prefiero algo malo que algo pésimo”. Estas fueron las palabras que pronunció este domingo la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, al referirse a la reforma de la Carta Magna propuesta por una convención conservadora y que finalmente ha sido rechazada por casi 12 puntos por una mayoría de ciudadanos. Chile mantiene en suspenso el largo y tortuoso proceso que arrancó con el estallido social del 2019 para pedir más justicia social. Aquella ola de protestas sin precedentes, que dejó una treintena de muertos y miles de heridos, puso contra las cuerdas al entonces gobierno conservador de Sebastián Piñera y condujo a un amplio pacto político para redactar una nueva Constitución que reemplazase la actual, una demanda histórica de los sectores progresistas.

Sin embargo, este domingo volvió a fracasar el segundo intento, con un 55% en contra y un 44% a favor. Hace unos meses, el país dijo "no" a la propuesta elaborada por los constituyentes de izquierdas. Chile no se pone de acuerdo y por tanto seguirá bajo el imperio de una ley aprobada en 1980 bajo la dictadura del general Pinochet. Aunque en realidad hay que decir que de aquel texto queda un esqueleto cada vez más reducido.

La "Constitución de Pinochet" ha experimentado muchas modificaciones en cuarenta años. Las más importantes tuvieron lugar en 1989 y 2005. En la primera fecha se introdujeron 54 cambios y se tocó especialmente la parte que limitaba la pluralidad política que impedía, por ejemplo, la existencia del partido comunista. En 2005, a finales del mandato del socialista Ricardo Lagos, se cambiaron más de 50 artículos y uno de los más destacados fue la supresión de los "senadores designados", habitualmente elegidos por el Ejército y el tribunal supremo. Según Gilberto Cristian Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, "todos los elementos autoritarios desaparecieron".

El remanente pinochetista que queda alude a lo que muchos analistas consideran como el toque neoliberal. Así, uno de los grandes argumentos de los manifestantes que en 2019 inundaron las calles del país apela al papel residual en la provisión de servicios sociales vigente en la Constitución, en la que el Estado mantiene solo un papel "subsidiario". Ámbitos que permanecen dentro del sector público en muchos países europeos -como la sanidad, la educación y seguridad social- en Chile están en manos privadas porque así lo estableció la Constitución de 1980. Según Aranda, el Estado solo ostenta funciones en materia de orden público, seguridad, defensa y garantía judicial, entre otras.

Algunos analistas chilenos como Sergio Muñoz Riveros consideran que en 2019 "el país no tenía un problema constitucional" y que fue "creado artificialmente por razones subalternas". A su juicio, "a partir de 1990, todos los gobiernos propiciaron modificaciones sustanciales al texto de 1980, las que fueron aprobadas por amplia mayoría en el Congreso. Se puede decir que Chile realizó un proceso constituyente a lo largo de tres décadas. Ningún mandatario propuso un nuevo texto, todos prefirieron proponer enmiendas específicas, lo que significaba que valoraban la estabilidad constitucional conseguida".

Muñoz aseguró que el rechazo a la nueva Constitución tiene que ver más con el alejamiento que ha habido de los "problemas reales" de la gente, con un sistema de salud "a punto de colapsar" y "una economía que no crece y no genera empleo (...) y una delincuencia en sus niveles históricos más altos". Para Aranda, la campaña del "a favor" pasó la apisonadora sobre la minoría de tal manera que se salió del ámbito de lo que parece que quiere la sociedad chilena, que es terminar la polarización y pasar a un momento de acuerdos y consenso. Aunque sean consensos mínimos. La polarización parece que es un fenómeno que afecta solo a las élites.

Para muchos chilenos, la propuesta rechazada este domingo profundiza en la deriva neoliberal que ya tenía inoculada la Constitución actual en temas como la asistencia pública sanitaria, educativa y de pensiones.

El resultado de la votación ha sido una derrota para la derecha ultra republicana de José Antonio Kast pero también para la izquierda que representa el presidente chileno, Gabriel Boric, que ha visto frustrados sus anhelos de cambiar de Constitución