Análisis

«La violencia es resultado del desmantelamiento de las instituciones de seguridad pública y del Estado en Ecuador»

El analista político ecuatoriano Gabriel Hidalgo subraya la relación entre las pandillas, el narcotráfico y la política

Soldiers patrol a residential area on the south side of Quito, Ecuador, Friday, Jan. 12, 2024, in the wake of the apparent escape of a powerful gang leader from prison. President Daniel Noboa decreed Monday a national state of emergency, a measure that lets authorities suspend people’s rights and mobilize the military in places like the prisons. The government also imposed a curfew from 11 p.m. to 5 a.m. (AP Photo/Dolores Ochoa)
Ecuador ViolenceASSOCIATED PRESSAgencia AP

¿Cuál es la raíz de esta ola de violencia?

Este tipo de manifestaciones de violencia se explican, primero, en el desmantelamiento de las instituciones de seguridad pública y del Estado, y esto sucede hace alrededor de 15 años. En 2009, actores políticos y expertos en inteligencia policial ya anunciaban que el Gobierno de Ecuador había empezado a desmantelar las instituciones de seguridad públicas. No parece una casualidad, porque bajaban simultáneamente las tasas de conflicto y de homicidios violentos, pero también caían las cifras de incautación de drogas. Es decir, parece que languidecían los controles, las instituciones dejaban de operar y la gente en las calles estaba satisfecha porque había paz. Pero, subterráneamente, las organizaciones transnacionales de crimen organizado se fortalecían, puesto que comerciaban libremente con drogas y sustancias sujetas a fiscalización. Se enriquecían, incrementaban el número de efectivos, se abastecían de armas, pero de forma subterránea, sin el conocimiento de la opinión pública. Quizá con el conocimiento, tal vez con la anuencia, de las autoridades del Estado. No podemos afirmarlo categóricamente. Pero ahí comienza un proceso intenso de fortalecimiento. En 2012 se impulsó un relacionamiento público, frontal, entre el Gobierno de Ecuador y las organizaciones criminales. Las pandillas en Ecuador son actualmente organizaciones subsidiarias de mafias transnacionales de tráfico de drogas. Eso no se decía en ese momento; ahora se sabe. Entonces, parte de los acuerdos de paz entre las pandillas y el Gobierno consistió en afiliar a unas 300 personas al movimiento político de Rafael Correa. Incluso uno de sus pandilleros llegó a ser legislador. Un Latin King se convirtió en legislador. Eso pone en evidencia la relación entre las pandillas, el narcotráfico y la política. Hay una foto en la que aparece el entonces presidente Correa, el entonces canciller Ricardo Patiño, Leandro Norero, cabecilla y financiero de muchas organizaciones narcodelictivas, entre ellas los Latin Kings, los Lobos o los Chonekillers, que son organizaciones actualmente vinculadas al narcotráfico.

¿En qué se ha equivocado el presidente Daniel Noboa?

Hay dos equivocaciones importantes en estas circunstancias. Primero, Noboa ha nombrado a personas improvisadas en los principales cargos de administración de las políticas públicas del Estado. Pensemos particularmente en las políticas públicas en materia de seguridad. Ahí ha nombrado a una persona que no tiene ninguna experiencia ni trayectoria en el entendimiento, en el funcionamiento, de la administración de la seguridad. Es un empresario privado que no tiene experiencia ni militar ni policial. Una persona absolutamente incompetente para el ejercicio de ese cargo que no va a entender cómo rodearse de personas que tengan la sensibilidad, el conocimiento y la trayectoria suficiente como para tomar decisiones en una circunstancia de crisis como esta. Tampoco va a saber cómo tomar decisiones. A pesar de estar apoyado por otras organizaciones de seguridad del Estado, va a haber ese vacío, esa falta de entendimiento de los procedimientos, de los protocolos e incluso del lenguaje. En términos generales, el presidente ha nombrado a improvisados en el ejercicio de las distintas secretarías de Estado. Y, especialmente, en esta coyuntura no tiene una persona competente para tomar decisiones. En segundo lugar, Noboa, en uno de los decretos del estado de excepción, atribuye a las bandas un estatus político. Las describe como actores no estatales beligerantes. Es decir, los está reconociendo como organizaciones de insurgencia política, un estatus que no tienen o que al menos no se ha confirmado que tengan. Y eso es una equivocación, porque evade la posibilidad de que el Estado de Ecuador declare una guerra abierta con el uso de logística militar. En caso de que tuvieran ese estatus, no habría necesidad de calificarlos como un adversario de orden político. Si fuera así, se convertirían en delincuentes políticos, no en terroristas. Da la sensación de que el presidente Noboa no tiene ningún conocimiento de las categorías del derecho internacional humanitario y del derecho de guerra.

¿Es posible que Ecuador entre en un caos prolongado?

Se repiten algunas circunstancias que equiparan al Ecuador de esta década con la Colombia de los años 80. Hay circunstancias similares, como la muerte de un presidenciable como Luis Carlos Galán en Colombia y el magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador. Antes del asesinato de Luis Carlos Galán murió Rodrigo Lara Bonilla, que era fiscal de Colombia. Ambos denunciaban los vínculos en el país entre el periodismo, la política y el narcotráfico. Y lo mismo está sucediendo aquí. También hay amenazas de muerte diarias contra la fiscal del Ecuador, Diana Salazar. Hay medios de comunicación tratando de atribuir las consecuencias del crecimiento de las organizaciones del crimen transnacional a decisiones recientes, y esto es un problema estructural, es un problema presente en las instituciones del Estado como consecuencia del debilitamiento de su logística, de su abastecimiento, de su entrenamiento, de su disposición de efectivos militares y policiales. Es decir, hay aquí toda una trayectoria de sucesos que confirman que el debilitamiento de las instituciones de Seguridad Pública del Estado conduce hasta este punto: que no haya capacidades estatales suficientes para contener el crimen organizado transnacional. Pero sí se puede establecer un símil entre Ecuador y Colombia. Con sus diferencias, por supuesto, encontramos paralelismos. No se trata de una crisis circunstancial, sino que es posible que se prolongue como sucedió en Colombia. Allí, el proceso duró 20 años.

¿Qué tan fuertes son las bandas criminales de Los Choneros y Los Lobos? ¿Pueden ganar el pulso al Estado?

Son enormes. Tienen muchísimos efectivos y han ido creciendo con el paso del tiempo y abasteciéndose de armas. Ambas, Los Choneros y Los Lobos, son las bandas más violentas. Hay otras bandas que eran de otra forma, con sobornos o extorsiones. Pero Los Choneros y Los Lobos operan directamente con medidas inhumanas. Asesinatos, decapitaciones, mutilaciones, muertos colgados en las vías públicas. La intención es aterrorizar a la gente. Hay estimaciones sobre la capacidad de efectivos que tienen. Podrían contar con aproximadamente 45.000 efectivos, el mismo número de policías que tiene Ecuador. Es posible que estén incluso armados, sobre esto no hay información. Antes hay que medir las capacidades bélicas, de organización, de movilización, de cobertura del territorio del Estado ecuatoriano de cada una. No son solamente Los Choneros y Los Lobos, son muchas otras organizaciones que son brazos armados de los cárteles colombianos, mexicanos y de los Balcanes, en el caso de la mafia albanesa. Eso significa que tienen formación militar, entrenamiento, abastecimiento, procedimientos y tácticas. Existe la posibilidad de que estén en una condición de fuerza similar a la del Estado. Si pierde, Ecuador podría ser un estado fallido, algo que nadie en la región espera que suceda.