Rusia culpa a la UE del caos en Kiev

Manifestantes se enfrentan a la policía hoy, martes 21 de enero de 2014, durante las protestas en contra del gobierno en Kiev (Ucrania)
Manifestantes se enfrentan a la policía hoy, martes 21 de enero de 2014, durante las protestas en contra del gobierno en Kiev (Ucrania)

Una fila de camiones y autobuses policiales calcinados sirve a la vez de barricada y de trofeo de guerra. Muchos adoquines de las calles nevadas están levantados, son el arma de los manifestantes cuando escasean los cócteles molotov.

Una fila de camiones y autobuses policiales calcinados sirve a la vez de barricada y de trofeo de guerra. Muchos adoquines de las calles nevadas están levantados, son el arma de los manifestantes cuando escasean los cócteles molotov. Unos opositores parapetados con cascos de minero, máscaras antigás y chalecos reforzados para protegerse de las embestidas policiales y, de paso, del frío, y es que la temperatura ayer en Kiev no se movió en todo el día del doble dígito negativo. Éste es el panorama en la céntrica calle Hrushevskoho de la capital ucraniana, frente a la sede del Gobierno, tras una nueva jornada de unos disturbios que comenzaron el domingo, después de una multitudinaria manifestación ciudadana contra la conocida como ley antiprotestas. El texto fue aprobado el viernes en la Cámara Baja con los únicos votos a favor del partido del presidente Yanukovich, y fue publicado ayer en el diario del Parlamento. Hoy entra en vigor.

Después de tres días, las protestas en Kiev parecen haber llegado a un callejón sin salida debido a la fragmentación de la oposición. Seguidores del ultranacionalista partido Sbovoda, cerrado en banda a la posibilidad de una alternativa negociada, capitalizan desde el lunes la batalla en la calle. Sus banderas rojinegras son mayoría en las barricadas. Según pasan las horas, su lucha pierde apoyo popular en la opinión pública ucraniana más por las formas que por el fondo. Con una postura igualmente crítica hacia las nuevas leyes, pero más abierta al diálogo, se presentan los otros dos principales partidos de la oposición: Batkivshina, que fue el segundo más votado en las pasadas elecciones y que es la formación política de la encarcelada ex primera ministra Yulia Timoschenko y, especialmente UDAR, liderado por el boxeador Vitali Klitschko, la cara más reconocible de toda la oposición, no sólo por su fama previa, sino por su liderazgo durante la crisis. El presidente Yanukovich, quien ayer comentó que «los disturbios suponen una amenaza para la estabilidad del país», anunció la creación de un grupo de trabajo para buscar una solución negociada. El lunes se iniciaron las consultas. Sin embargo, no se han producido avances, pues las posturas se mantienen distantes, con la derogación de la nueva ley como requisito ineludible para toda la oposición.

Desde Moscú, Sergei Lavrov, ministro de Exteriores, ofreció ayer la postura de su Ejecutivo, principal aliado de Yanukovich, respecto a las protestas en la capital vecina: «La situación en Ucrania se está saliendo de control». El dirigente ruso criticó duramente el apoyo de la Unión Europea a los manifestantes: «Es indecoroso. Imaginen que esto ocurriera en cualquier país europeo. Imposible, no se habría permitido nunca. Sin embargo, las protestas en Ucrania se estimulan en gran medida desde el extranjero. Los problemas internos de cualquier Estado deben resolverse a través del diálogo, en el marco constitucional y sin intervención externa».

Esta batería de leyes supone un arma legal para coartar protestas como las proeuropeas del mes pasado. En el texto se prevé, entre otros supuestos, penas de prisión de quince días por la instalación no autorizada de tiendas de campaña o estrados en lugares públicos, y hasta cinco años para quien bloquee edificios oficiales. Otra de las nuevas leyes es la que obliga a las ONG que reciban algún tipo de financiación desde fuera del país, es decir, la mayoría, a registrarse oficialmente y a presentarse ante los ciudadanos como «agentes extranjeros». Esta ley es calcada a la que ya adoptó la Rusia de Putin el año pasado y busca amordazar a las ONG, que juegan un papel importante en la denuncia de los abusos del poder.