Maduro gasta 3.000 millones rusos en pagar el aguinaldo

Venezuela reestructura un tramo de la deuda con Moscú el mismo día que anuncia pagas extras por Navidad por idéntica cantidad.

La improvisación y la falta de estrategia que aplica el Gobierno venezolano para el pago de la deuda comienzan a surtir efecto. La Administración bolivariana está cada vez más acorralada por los acreedores internacionales, eso que algunos analistas catalogan como un «harakiri». ¿Hasta qué punto los halcones chavistas han calculado los daños colaterales? La Bolsa de Luxemburgo decidió suspender ayer por impago la negociación de los bonos venezolanos a 2019 y a 2024, por los cuales la agencia de calificación Standard & Poor’s declaró en un «default selectivo» al país.

También el impago de 200 millones de dólares, correspondientes a estos bonos globales, se tradujo en una notificación oficial de los acreedores ante la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA, por sus siglas en inglés), indicando la suspensión.

Lo que pretende el Gobierno es dejar de pagar la deuda, por lo menos de manera parcial, sin entrar oficialmente en quiebra y de esta manera poder seguir manteniendo los mínimos subsidios que reparte entre sus votantes y financiar la campaña de cara a las presidenciables de 2018.

En esta línea, Rusia y Venezuela firmaron ayer un acuerdo para la reestructuración de la deuda de más de 3.000 millones de dólares (2.532 millones de euros) que el país latinoamericano tiene con Moscú. Una pequeña válvula de oxígeno.

A nivel interno, para calmar las aguas y ganar tiempo, el Gobierno venezolano anunció que liquidará en diciembre más de 3.000 millones de dólares –de acuerdo con la tasa oficial de cambio más alta– en bonificaciones de fin de año a empleados públicos y pensionistas en el marco de un «plan navideño». Según la legislación venezolana, los empleados públicos deben percibir el pago de dos meses de su salario al final del año por concepto de «utilidades», un depósito que, afirmó el ministro de Información, Jorge Rodríguez, ya fue hecho a los millones de trabajadores del Estado, el mayor empleador del país caribeño.

Sin embargo, Maduro aprobó pagar dos meses adicionales a los trabajadores públicos y uno más a los pensionistas como respuesta a la crisis económica que mantiene sumido al país petrolera en la hiperinflación y en la escasez. El Gobierno abonará también en diciembre a los pensionistas un «bono de guerra» cuya cantidad es inferior al del salario mínimo mensual (177.507 bolívares, 53 dólares al cambio oficial).

Además, en la reunión de los ministros se aprobó asimismo aumentar los salarios de las policías regionales y municipales y destinar 15.419 millones de bolívares para que el Banco de la Mujer otorgue 15.000 nuevos créditos que mitiguen la situación de los más desfavorecidos.

La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, ha informado de que el país entró en un proceso de hiperinflación al acumular hasta octubre de este año un 825,7% en este índice, según cálculos de la Cámara ante la ausencia de los datos del Banco Central. El Estado venezolano mantiene el monopolio de las divisas en el país caribeño desde 2003 y ha establecido dos tipos de cambio, uno de ellos llamado Dipro para operaciones prioritarias que establece la relación de diez bolívares por cada dólar. Prácticamente, sólo el Gobierno venezolano tiene acceso a esta tasa preferencial.

El «incumplimiento restringido» declarado por la agencia Fitch y el «default selectivo», calificado por S&P, aunque encendó las alarmas sobre un «default» completo en Venezuela, no lo impulsan como tal. Alejandro Guilarte, analista financiero de Rendivalores, explica a LA RAZÓN que las calificaciones emitidas por estas agencias, debido al impago de 97 millones y 103 millones dólares de los bonos de 2019 y 2024, son selectivas por tratarse de bonos soberanos, que podrían declararse todos en «default» sin que ello se traduzca en uno completo.