Trump endurece las condiciones para obtener los permisos de residencia a inmigrantes legales

El objetivo es evitar que la inmigración legal se convierta en una “carga pública”.

La administración Trump anunció ayer un decreto diseñada para limitar o al menos dificultar la entrada de inmigrantes legales en EEUU. Para lograrlo permitirá que las autoridades rechacen la solicitud de la tarjeta verde, la green card, que otorga la condición de residente permanente en EEUU, en virtud de criterios económicos y sociales.

Una medida que, de hecho, bebe de las leyes vigentes. En realidad, y aunque siempre se han considerado todos los factores resultaba poco común que los recursos económicos influyeran en la decisión final. Igual que hasta ahora, pero con carácter prioritario y vinculante podrán solicitarse estados de cuentas y patrimonio a los aspirantes. En el convencimiento de que nada bueno puede venir de los inmigrantes más humildes.

Para la Casa Blanca está claro: poniendo coto a su entrada, se aliviará el gasto en prestaciones. Una certidumbre más cerca de la mistificación que de las estadísticas, pero que cumple su función como anzuelo electoral y mediático. Uno de los riesgos más evidentes es que los inmigrantes legales que ya residen y trabajan en EEUU, temerosos de que cualquiera ayuda estatal o federal pueda jugar en contra, declinen asistencia y becas, seguros médicos y otros recursos.

Beto O´Rourke, candidato demócrata a la Casa Blanca, reaccionó con un tuit en el que acusa a Trump de jugar con el sufrimiento ajeno. «Legal. Indocumentado. Refugiado. Solicitante de asilo.

Las distinciones no le importan al presidente Trump. Si eres un inmigrante cree que no tienes lugar en este país, aunque, durante 243 años, los inmigrantes han convertido a Estados Unidos en la nación más grande que el mundo haya conocido». En opinión del director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Ken Cuccinelli, «La administración del presidente Trump está reforzando los ideales de autosuficiencia y responsabilidad personal con una regla que evita que los extranjeros que puedan convertirse en una carga pública vengan a los Estados Unidos o se queden aquí y obtengan una tarjeta verde».

Todavía más si se suman las redadas de la pasada semana, cuando cientos de ilegales fueron apresados en sus centro de trabajo en Mississippi y encerrados a la espera la tramitación de sus expedientes de expulsión.

Detenidos, la mayoría, con arraigo familiar, a menudo con hogares que dependen de sus ingresos y con hijos nacidos o criados en EEUU, integrados en sus comunidades y que generan millones de dólares en ingresos para la hacienda federal, el IRS por sus siglas en inglés. De hecho se estima que entre el 50% y el 75% de los indocumentados en EEUU paga impuestos locales, estatales y federales. La medida tiene previsto entrar en vigor en dos meses, aunque se espera que sea contestada, y quizá detenida, en los tribunales.

El director de Servicios de Ciudadanía en Inmigración de EEUU, Kenneth T. Cuccinelli, ha comentado «El beneficio para los contribuyentes es un beneficio a largo plazo, se trata de tratar de garantizar que nuestro sistema de inmigración atraiga a las personas para que se unan a nosotros como ciudadanos estadounidenses, como residentes permanentes legales primero, que pueden sostenerse por sí mismos y que no depende del sistema de bienestar».

Todo esto sucede después de que a mediados de julio la Casa Blanca, hasta ahora más interesada en los problemas derivados de la inmigración ilegal, anunciase un cambio legal que obliga a demostrar que los solicitantes de asilo hicieron lo propio en alguno de los países por los que pasaron antes de alcanzar EEUU.

Una medida que, como recordaba el semanario The Economist en un artículo titulado La Casa Blanca deshace medio siglo de leyes de inmigración, podría contravenir tanto «la Convención de Refugiados de 1951» como «la Ley de Refugiados de 1980 de Estados Unidos».