Yoon Suk-yeol enfrenta un juicio político sin precedentes: ¿Destitución o regreso al poder?

El futuro del mandatario surcoreano Yoon Suk-yeol sigue en la cuerda floja tras no presentarse en la primera jornada de su esperado juicio político. El Tribunal Constitucional inició el martes un proceso sin precedentes para evaluar su posible destitución, que podría resultar en la separación definitiva de su cargo por el fallido intento de imponer la ley marcial o, en un giro inesperado, devolverle al poder. Más de un mes después del abrupto golpe de Estado que sacudió el país y evocó recuerdos de la dictadura militar, la Corte tiene hasta mediados de junio para decidir su destino, validando o revocando la moción aprobada por la Asamblea Nacional que provocó su suspensión inmediata. Este evento se desarrolla en medio de multitudinarias manifestaciones, y con el mandatario evadiendo su arresto durante semanas.

Corea del Sur vive un nuevo episodio de su turbulento “Juego del calamar” político, que ha sacudido a la cuarta economía asiática y ha llevado su moneda a caer a niveles no vistos en quince años. En medio de este colapso, Yoon ha expresado confianza en su victoria ante el Constitucional. Sin embargo, sus abogados revelaron que no se presentaría a las audiencias, temiendo que los investigadores intenten arrestarlo por insurrección si abandona su fortaleza en el centro de la capital. Esta ausencia redujo la primera sesión a apenas cuatro minutos, aunque el proceso judicial continuará con una segunda vista programada para el jueves, con o sin la presencia del encausado.

Este escenario pone de manifiesto las complejas estrategias legales en medio de una turbulencia institucional profundamente arraigada. Si, tras 180 días, los ocho magistrados del Alto Tribunal confirman la impugnación, el país se enfrentará a un nuevo ciclo electoral y a su segunda presidencia interina. De lo contrario, Yoon podría ver su mandato renovado, alterando una vez más el rumbo político.

Masivas protestas en Seúl

“¡Parad el robo!” resuena en las calles de Seúl, donde una multitud se agolpa sobre el asfalto helado, agitando pancartas que evocan los lemas de Donald Trump en un ferviente respaldo a su líder atrincherado. “¡Yoon Suk-yeol presidente!”, corean miles de ciudadanos que, enfundados en ropa térmica, se han convertido en escudos humanos en defensa de su paladín populista. Este tumulto se concentra en la fortificada residencia de Hannam, en el corazón de una urbe marcada por la fricción.

Mientras tanto, en las gélidas avenidas, rodeadas de una notable presencia policial, otros grupos sostienen velas y farolillos, desafiando la narrativa oficial y exigiendo el cese inmediato de Yoon. Muchos argumentan que esta prolongada agitación les ha desprestigiado en el escenario internacional, poniendo en riesgo su reputación como potencia. Además, los extremistas de ambos bandos han advertido sobre la posibilidad de una “guerra civil”.

A pesar de la creciente presión social, un obstinado Yoon se niega a dar un paso atrás. Ha intensificado su retórica ultraderechista, movilizando a sus bases al acusar a la oposición de socavar la confianza pública con alegaciones de irregularidades en las recientes elecciones parlamentarias. Detrás de este caos, se juega una carrera táctica contrarreloj entre la derecha y la oposición progresista liderada por Lee Jae Myung, líder del Partido Democrático de Corea. Está sobre la mesa el calendario de las próximas elecciones presidenciales, previstas para verano.

Una eventual detención de Yoon marcaría un hito histórico en la política surcoreana, ya que sería la primera ocasión en que un líder en funciones enfrenta cargos penales. A pesar de haber sido destituido por el Parlamento el 14 de diciembre, su estatus permanece vigente hasta que los magistrados se pronuncien. Enfrenta acusaciones graves por haber comprometido la integridad de la joven democracia al declarar inesperadamente el estado de excepción el 3 de diciembre - por primera vez desde 1979- , una drástica medida que justificó entre otras razones por su preocupación de proteger a la nación de las «fuerzas comunistas norcoreanas» y de «eliminar los elementos hostiles al Estado».

En el fatídico día del golpe de fuerza, un Parlamento militarizado logró reunir a suficientes diputados para votar una moción que solicitaba el levantamiento del estado de emergencia. Ante la creciente presión de la Asamblea Nacional, las masivas manifestaciones y un estricto marco constitucional, Yoon se vio forzado a revocar su decreto en un breve lapso.Ahora, el político de 64 años enfrenta múltiples investigaciones, incluyendo una por "rebelión", un cargo que conlleva la pena de muerte y no está protegido por la inmunidad presidencial.

Los investigadores de la Oficina de Investigación de la Corrupción, que intentaron ejecutar su arresto se encontraron con la resistencia de unos 200 soldados y guardias de seguridad, a pesar de contar con una orden judicial. Tras cinco horas de altercados, se retiraron con las manos vacías, mientras cientos de sus partidarios se congregaron para protegerlo.

Hasta ahora, el mandatario imputado ha prometido luchar hasta el final y ha desestimado todas las citaciones relacionadas con su polémico decreto. Su equipo de seguridad ha obstaculizado sistemáticamente las investigaciones policiales, ignorando las órdenes judiciales.

Un mandato en crisis y la desconfianza pública

Elegido por el margen más estrecho de la historia presidencial del país, Yoon ha enfrentado serias dificultades para colaborar con la oposición, optando frecuentemente por una postura confrontativa. Esta dinámica ha profundizado la frustración del electorado, que critica la falta de transparencia y la percepción de un sistema judicial comprometido.

La indignación pública se intensificó tras la trágica muerte de al menos 159 personas en Itaewon durante las celebraciones de Halloween de 2022, un suceso que el Gobierno no ha logrado explicar de manera convincente, ni ha rendido cuentas a los responsables. La situación se agravó cuando el exfiscal bloqueó una investigación especial sobre la muerte del cabo primero Chae Su-geun, que involucraba acusaciones de encubrimiento por parte de altos mandos militares y sospechas de interferencia en el caso.

Además, el jefe del Estado ha rechazado un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, que buscaba una investigación fiscal especial sobre su esposa, Kim Keon-hee. La primera dama enfrenta múltiples acusaciones, incluyendo la falsificación de un currículum, manipulación de acciones, recepción de regalos indebidos y ejercicio de influencia política inapropiada