Yoon se atrinchera en su residencia para no ser detenido y agrava la crisis política de Corea del Sur

Las autoridades de Corea del Sur se han visto obligadas a cancelar este viernes la detención del presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, para interrogarlo por haber decretado la ley marcial en diciembre ante la obstrucción de su servicio de seguridad en su residencia en Seúl.

La operación se canceló hacia las 13:30 hora local (4:30 GMT), después de que 30 agentes de la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango y 50 policías se encararan durante cerca de cuatro horas con el servicio de seguridad presidencial, que se ha negado a facilitar el acceso al interior de la vivienda.

El presidente destituido había lanzado horas antes un contundente desafío, prometiendo "luchar hasta el final" contra lo que calificó como "fuerzas antiestatales que amenazan la soberanía nacional y ponen a la nación en grave peligro". En un mensaje dirigido a sus fervientes seguidores conservadores, congregados frente a su residencia en Seúl, Yoon subrayó su compromiso de defender "la democracia liberal y el orden constitucional". Su equipo legal no tardó en advertir que cualquier intento de arresto por parte de la policía podría enfrentar una resistencia organizada, incluso de civiles decididos a protegerlo.

La crisis política se agudiza con cada día que pasa, mientras la sombra de una posible detención del expresidente se cierne sobre la sede presidencial. Este ambiente ha encendido una movilización entre sus partidarios, convirtiendo el distrito de Yongsan en un escenario de confrontación. Miles de fans acamparon frente a las instalaciones, decididos a frustrar las órdenes de arresto emitidas por el Tribunal del Distrito Oeste, en un intento por deslegitimar a la Oficina de Investigación de la Corrupción de Altos Funcionarios.

Los investigadores surcoreanos anunciaron el miércoles su intención de ejecutar una orden de arresto contra Yoon, vinculado a su fallida declaración de ley marcial, cumpliendo con el plazo establecido para el próximo lunes. Este movimiento podría marcar un hito al convertirlo en el primer líder en funciones en ser detenido, mientras enfrenta acusaciones graves de insurrección, traición y abuso de autoridad. Las posibles repercusiones son severas; si es declarado culpable, podría enfrentar desde cadena perpetua hasta la pena de muerte.

Desde que el Parlamento le retiró sus poderes el mes pasado, tanto sus seguidores como detractores han establecido campamentos en el lugar donde se encuentra, resistiendo los intentos de interrogarlo. La Oficina de Investigación de la Corrupción (CIO) solicitó la orden de arresto tras su falta de comparecencia a un tercer requerimiento. Sin embargo, persiste la ambigüedad sobre la ejecución de la misma, dado que el Servicio de Seguridad Presidencial ha rechazado cumplir órdenes de registro en ocasiones previas.

El director de la CIO, Oh Dong-woon, afirmó el miércoles que el mandato será llevada a cabo "dentro del plazo fijado", que finaliza el lunes 6 de enero. "Nuestra intención es realizar el proceso de manera ordenada y sin alteraciones significativas, pero también estamos organizando el despliegue de fuerzas policiales y personal en anticipación” declaró a la prensa.

Asimismo, advirtió que aquellos que intenten impedir el arresto de Yoon podrían enfrentar repercusiones legales. "Consideramos que el establecimiento de barricadas y el cierre de puertas de hierro para resistirse constituyen una obstrucción a las funciones oficiales", añadió. Cualquier persona que realice tales actos "podría ser acusada de abuso de autoridad, interferencia en el ejercicio de derechos y obstrucción de deberes oficiales a través de medios no convencionales", concluyó el director de la CIO.

En medio de este caos, el acorralado lider apeló a sus seguidores a través de una carta en la que manifestó su firme decisión de "luchar hasta el final", y aseguró: "Estoy viendo en directo en YouTube todo el arduo trabajo que estáis realizando", dirigiéndose a los cientos de partidarios que se reunieron para protestar contra la pesquisa en curso. El Partido Demócrata, que ejerce el control mayoritario en la Asamblea Nacional, descalificó la misiva como un indicio de delirio. "Como si intentar escenificar la insurrección no fuera suficiente, ahora está incitando a sus partidarios a un enfrentamiento extremo", enfatizó Jo Seoung-lae

Los representantes legales de Yoon han argumentado que la orden emitida por el tribunal es nula de pleno derecho, sosteniendo que la agencia anticorrupción carece de competencia legal para investigar acusaciones de rebelión. Asimismo, han señalado que se ha incurrido en la violación de una normativa que prohíbe la confiscación o el registro de lugares potencialmente vinculados a secretos militares sin el consentimiento expreso del titular correspondiente.

Expertos en derecho constitucional advierten que la agencia anticorrupción, que se encuentra al frente de una investigación conjunta con las fuerzas policiales y militares, no se atreverá a provocar un conflicto con el servicio de seguridad, el cual ha manifestado su compromiso de proteger al imputado en estricto cumplimiento de la ley. Si Yoon llegara a ser detenido, la agencia tendría un plazo de 48 horas para llevar a cabo las pesquisas correspondientes y determinar si procede solicitar una orden formal o, en su defecto, proceder a su liberación. Cabe destacar que ya han sido aprehendidos el ministro de Defensa, el jefe de la policía y varios altos mandos militares en relación con sus acciones durante la implementación de la ley marcial.

Los poderes presidenciales de Yoon fueron suspendidos tras una votación de la Asamblea Nacional el 14 de diciembre, debido a su imposición de la ley marcial. Aunque dicha medida sólo duró unas horas, generó semanas de inestabilidad política, interrumpió la diplomacia de alto nivel y afectó negativamente a los mercados financieros. Su destino ahora recae en el Tribunal Constitucional, que ha iniciado deliberaciones para determinar si se ratificará lel cese y se procederá a su remoción formal del cargo o, en su defecto, se le reinstalará.

Para que su presidencia sea oficialmente finalizada, se requiere el voto favorable de al menos seis magistrados de un tribunal compuesto por nueve miembros. La Asamblea votó la semana pasada para también destituir al primer ministro Han Duck-soo debido a su renuencia a llenar tres vacantes en el Constitucional antes de la revisión del caso Yoon.

Frente a la creciente presión, su sucesor, el viceprimer ministro Choi Sang-mok, designó a dos nuevos magistrados el martes. La mayoría de sus principales colaboradores, incluidos el jefe de gabinete y consejeros especiales, presentaron al día siguiente sus renuncias al líder interino, quien decidió rechazarlas, instando a la cohesión gubernamental.