Cándido Méndez, un líder amortizado

El gran número de escándalos de corrupción en UGT deja al secretario general, Cándido Méndez, contra las cuerdas

La catarata de ataques recibidos en los últimos días por el líder de UGT, Cándido Méndez –algunos fundados, otros, no–, puede acabar con su larguísima carrera como representante de los trabajadores. Si fuera una pelea de boxeo, se le podría situar al borde del «Knocked Out», del KO, del derrumbe final. El problema es que el contrincante es su propia gente, ugetistas de federaciones regionales cuyo comportamiento, en algunos casos a la espera de pronunciación judicial, es más que reprobable. Baste recordar que Juan Lanzas, «el conseguidor», actualmente en prisión por el caso de los ERE falsos de Andalucía, estaba al frente de la Federación Agroalimentaria de UGT en Andalucía.

El entorno más cercano de Cándido Méndez reconoce que lo está pasando «muy mal». El propio sindicalista, nacido en Badajoz en 1952, y al frente de la organización desde 1994, ha pronunciado públicamente la palabra «dimisión». Su lucha en defensa de los derechos y la igualdad de los trabajadores puede terminar en una salida precipitada, por la puerta trasera. Su forzada marcha estaría motivada por las constantes acusaciones de corrupción, financiación ilegal, facturas falsas, gastos ostentosos y, sobre todo, el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía.

La juez Mercedes Alaya acusó a los sindicatos de cooperantes en el entramado de corrupción, con un fondo de 700 millones de euros de dinero público, que fueron pasando por manos sospechosas hasta ir a parar no se sabe dónde. En el auto que ordenaba la prisión sin fianza para los directivos de Vitalia (consultora implicada), Alaya acusaba a los sindicatos de cobrar comisiones «aunque no hubiesen efectuado trabajo alguno». Su aportación real, recoge el escrito, era «la información privilegiada que facilitaban a la mediadora [Vitalia y otras] sobre empresas en crisis que pudieran derivar en la subscripción de una póliza».

Entre los dos sindicatos manejaron casi cinco millones de euros. La Guardia Civil acusa a UGT de recibir 3,4 millones por su gestión en la trama. Por otro lado, pesan las facturas falsas, cargadas a programas públicos de formación de la Junta de Andalucía. El posible caso de malversación causó gran indignación desde que se hizo pública la investigación, hace dos semanas. El golpe final ha sido un pago de 91.944 euros, cargado a la Junta de Andalucía, para comprar 700 maletines de piel (falsificada) repartidos en su IX Congreso celebrado en 2009 en Sevilla.

Ante la presión pública, quizá para calmar las aguas, el sindicato andaluz se reunirá en un comité extraordinario el próximo 9 de enero. Con esta fecha alejada, algunos opinan que intentarán organizar qué respuestas van a aportar, dentro y fuera del sindicato. Por el momento, el viernes dimitió el secretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla.

Para Cándido Méndez, obviamente, estos días son duros. Son mayoría, dentro y fuera de UGT, más o menos cercanos, los que aseguran que el líder sindical «no ha robado», «no es un ladrón». Aunque sólo alguno pondría la mano en el fuego, hay casi unanimidad en que «es honesto». La crítica viene, más bien, por el hecho de haber mirado hacia otro lado todo este tiempo, mientras algo sospechoso pudiera estar ocurriendo. La obtención del 80% de los apoyos en el último congreso le cargó de una energía que, en realidad, quien le conoce afirma que no pierde nunca. Cualquiera que le haya escuchado arengar en manifestaciones, mítines o entrevistas, conoce su fuerza. Pero las torres más altas también se caen. Sobre todo si se apoyan en bases endebles o con carcoma.

Indignación

«Hace ya mucho tiempo que huele a podrido en Andalucía», contaba a LA RAZÓN un ugetista bajo petición de anonimato. Las informaciones que han ido llegando en los últimos días, como si los planetas –los periódicos– se hubieran alineado en su contra, han acabado de rematarle. Pero, independientemente de su dimisión o no al frente de UGT, otro problema es la necesidad de representantes dignos en un momento tan duro, de crisis económica, que atraviesa el país.

La indignación se respira en el aire. Las portadas de los periódicos nacionales, desde el pasado martes, han aportado una nueva –y vergonzosa– fórmula de engaño por parte de UGT, con detalles sobre restaurantes caros, preferencias gastronómicas, relojes de lujo... Las informaciones han apuntado casi desde todos los ángulos posibles. Esta semana, la mayor parte de las viñetas humorísticas han recaído en la organización y, especialmente, en su líder, que aparece atado por el cuello con los maletines o quejándose de una falsificación china de su propio logo, en el que, en lugar de UGT, se lee U- Euro-T.

También se critican copiosas comidas, con jamón y vino a espuertas, durante la Feria de Abril de Sevilla, en 2010, que costó 12.000 euros, destinados a una negociación colectiva; enriquecimiento de varias empresas pertenecientes a UGT, con negocios inmobiliarios de por medio, que se han enriquecido casi en un 200% en un solo año. La lista es interminable. La puntilla la dio la denuncia de Manos Limpias por un posible delito de financiación ilegal. Desde la Audiencia Nacional estudian el escrito, pero adelantan que llevará «al menos una semana o más» saber si investigan o archivan la denuncia.

Como un animal herido, Cándido Méndez no sabe si embestir o retirarse. Las posibles irregularidades llevadas a cabo en la UGT de Andalucía, según compañeros del sindicalista, ya se habían comentado en la sede nacional del sindicato. La independencia de cada delegación, sin embargo, según los propios ugetistas, era lo que impedía ejercer cualquier investigación o intromisión, que podría molestar a los líderes provinciales. Al fin y al cabo, es en Andalucía donde se cosecha el mayor número de afiliados.

El caso principal colea desde 2004, cuando en Mercasevilla saltó la liebre. Nadie podía imaginar en aquel momento que una pequeña sospecha de comisiones ilegales condujera a un pozo en el que se escondían fraudes, corrupción escalonada, expedientes falsos, esposas de sindicalistas como intrusas en empresas que nunca pisaron y un largo etcétera.

Y algunos han tenido que marcharse. El secretario general de UGT en Cádiz, Salvador Mera, imputado en «los ERE», dimitió junto con el resto de la ejecutiva de la provincia. El sindicalista intervino como representante de las federaciones mineras de UGT en las negociaciones del ERE de la Faja Pirítica de Huelva, uno de los más costosos para la Junta de Andalucía y donde se han detectado numerosos intrusos o falsos prejubilados.

Tanto UGT como CC OO cobraron comisiones por intermediar en dicho ERE, según se desprende de los apuntes contables de Uniter, que ejerció de «broker» para contratar a la aseguradora de las prejubilaciones. Se da la circunstancia de que Mera, ahora imputado, y otro representante de CC OO son dos de los denunciantes de la de-saparición de casi 600.000 euros de las cuentas corrientes de la asociación de prejubilados. «Con más paro que nunca, necesitamos unos sindicatos fuertes, limpios, al pie del cañón», protesta una sindicalista de base de Madrid. «Así no hay quien se recupere», añade.

«Recibía su sueldo todos los meses, un chollo»

La juez Alaya mantiene bajo secreto de sumario las pesquisas. Puede haber sorpresas. La Junta también ha anunciado que investigará el destino final de las subvenciones. Todavía queda por ver cuánto sabía el Gobierno andaluz sobre los tejemanejes de los sindicatos. La sombra de los ERE falsos enturbia la indignación del Gobierno andaluz ante el supuesto delito de UGT. La trama de los expedientes de regulación de empleo irregulares y, en ocasiones, absolutamente falsos, inexistentes, es un entramado complicadísimo que, a fin de cuentas, afecta a parte del Gobierno andaluz, continúa por empresas privadas y, supuestamente (aún está por demostrar, hay secreto de sumario), necesitó de los sindicatos para ejecutarse. Los jefes sindicalistas que fueron mano derecha de Lanzas, Damián Jiménez (CCOO) y Luis García de los Reyes (UGT), están imputados también. El ugetista está acusado de incluir como prejubilada a su mujer, concejala socialista, en una empresa en la que nunca trabajó. «Todos los meses recibía su sueldo, sin problemas. Un chollo», se indignan ante LA RAZÓN sindicalistas de base de Jaén.