Violencia, ni en la cama

Es imaginable la risa convulsa de un airado joven ácrata, okupa, antisistema, indignado, agobiado, cabreado o simplemente nihilista ruso del San Petersburgo del siglo XIX, cuando un juez de guardia le imponga una justificada multa de seiscientos mil euros por romperle el escroto a martillazos al león del Congreso que no está capado, de los fundidos por el escultor Ponzano con los cañones tomados a los moros en las guerras marruecas.

Eso sería risoterapia y no los cursos de formación o financiación que imparte la UGT, porque el rebelde en busca de una causa ni tiene cuenta bancaria, ni bienes muebles o inmuebles, ni automóvil ni calzoncillos en condiciones que embargar. Si los etarras, que además de armas cuentan con una financiera de protección oficial en el bar «Faisán», no han pagado jamás una indemnización o una multa, menos lo van a hacer los profesionales del escrache en todas sus variantes.

Las colas de insolventes y morosos darán la vuelta a los edificios de los juzgados y nadie se verá arruinado por confundir la calle con el circo romano y el culo con las témporas. La batería de sanciones económicas establecidas en la futura Ley de Seguridad no son disparatadas ni coercitivas sino disuasorias, porque sí es cierto que el vándalo que no va a responder ni con un euro sufrirá molestias burocráticas e irá engordando su prontuario si reincide, y, si es egoísta, se lo pensará una segunda vez antes de exaltar públicamente el odio al prójimo.

La oposición ha de agarrarse a un clavo ardiente, y un portavoz comunista califica este proyecto de ley de patada en la boca comparándola con la llamada ley de patada en la puerta del ministro socialista José Luis Corcuera. Intenté convencerle infructuosamente de que la inviolabilidad del domicilio, salvo con mandamiento judicial, era uno de los pilares de la civilización occidental, como el «habeas corpus», pero él insistía en la necesidad de culminar las persecuciones «en caliente» habilitando a la Policía para echar la puerta abajo como bomberos con hacha accediendo a un incendio. Incluso le ilustré que en Francia, aún con la orden de un juez, no puedes violar un domicilio tras la puesta del sol; hay que hacerlo de día. Corcuera se lo jugó todo al Constitucional, perdió y dimitió, aunque me malicio que quería irse de un Ministerio que desde Barrionuevo, Rafael Vera y Rodríguez Colorado (solos o en compañía de otros) sí que estaba echando humo. Aquella iniciativa socialista, jurídicamente brutal y analfabeta, nada tiene que ver con este proyecto de Seguridad del PP que incluso rebaja a multas las penas de cárcel ante las que no cabe alegar insolvencia. La portavoz socialista Soraya Rodríguez, irreflexiva, mienta la horca en la casa del ahorcado tachando la que será «Ley Menéndez» de represora y antidemocrática. Los que comenzaron su Gobierno metiendo a la gente en cal viva hoy tildan de fascista a un juez de paz. Derechos civiles no son manifestarte con máscara o bajo un burka y una barra de hierro en una mano y una botella de gasolina en la otra. Derechos civiles no son fotografiar la cara a los policías para regar con ellas las redes sociales. Derechos civiles no son cercar el Congreso, o los Comunes o el Reichstag. Lo que pretende el proyecto del Gobierno es exactamente lo contrario de lo que se conduele hipócritamente la izquierda: que todo el mundo pueda expresarse y manifestarse en paz llevando a los niños a la calle a salvo de hijos de Atila de cualquier laya. Soy perito en escraches tras haberlos observado durante años. Nace del piamontés «screacé», expectorar, escupir, y corrompida la palabra al lunfardo, queda en escrachar, que literalmente significa arrojar, tirar, lanzar, con intenciones ofensivas. Desde los años cincuenta del pasado siglo el peronismo lo utilizó como intimidación y lo amplió socialmente.

Manteca caliente

Se escracha o se intimida en casa a la mujer o a los niños, se escracha o intimida a los subordinados, se escracha o intimida al diario «Clarín» o a «Radio Belgrano» o a la televisión por cable que fustiga el kirchnerismo, se escracha o intimida al político en una confitería o a la sede de su partido. Es una curiosa manera de ejercer los derechos civiles que hubiera espantado a Martin Luther King y que penetra entre nosotros como cuchillo en manteca caliente.

Cuando llegue su momento, diputados y senadores nos tienen que aclarar si la intimidación a los ciudadanos o las instituciones es un derecho, un delito, una falta, una farra o una muestra del folclore político nacional. Será la izquierda quien tendrá que retratarse definiendo el escrache. Hay que hablar de la violencia inherente al ser humano, porque la represión viene después, como el carro al caballo. Hace años cené con el mítico Marco Panella, aún líder del transnacional Partido Radical que quería introducir en España. Llegaron al 9% de los votos italianos y eran capaces de meter en la Cámara a una peripatética famosa como la «Cicciolina» o de amparar los más extravagantes derechos individuales. Panella, político europeísta, periodista y gran seductor, siempre sabía encontrarse a la derecha de la izquierda y a la izquierda de la derecha, sin ser para nada un centrista. Le pregunté cómo derramaba su variopinto y hasta contradictorio almacén ideológico libertario sobre el orden social. Me miró con picardía: «Caro amigo: violencia, ni en la cama». Tuve que reírme y no he olvidado su máxima.