1,5 millones, «perdidos en su práctica totalidad»

La Policía traslada al juzgado en un atestado que los préstamos que Invercaria concedió a las sociedades Cedes y CSI «sin apenas procedimiento ni control» ya no son reclamables

El «caso Invercaria» cuya arquitectura diseña el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla avanza. En la pieza separada centrada en la entidad Compañía Eléctrica para el Desarrollo Sostenible SA (Cedes) la Policía ha llegado a una conclusión: los préstamos públicos «se han perdido en su práctica totalidad».

La investigación del Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción se remonta a agosto de 2008, mes en el que se creó la sociedad con la finalidad genérica de «producir y comercializar electricidad mediante el empleo de instalaciones que utilizaran fuentes de energía renovable», según se refleja en el atestado al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Entre los socios fundadores estaba el ente de la Junta Inversión y Gestión de Capital de Riesgo de Andalucía SAU (Invercaria), representada por su ex presidente Tomás Pérez Sauquillo –investigado en este bloque como su sucesora Laura Gómiz, entre otros– que aportó de inicio 42.000 euros y no salió del Consejo de Administración hasta enero de 2015. A lo largo de la trayectoria de Cedes se suceden los movimientos internos. De hecho, la Policía constata con sus pesquisas la «gran complejidad de la actividad societaria» desarrollada por la entidad y también la financiación pública de la misma por un global de 1.150.000 euros, en los que están incluidos los 42.000 iniciales. A esa cuantía se suma un préstamo participativo de 408.000 euros concedido en octubre de 2008 por Invercaria, dependiente ahora de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio; y otro con el mismo origen pero de 700.000, fechado en julio de 2009. Y se cerró un tercer préstamo participativo en 2010, según desgranan los investigadores, pero otorgado por otro ente de la Junta, la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía SA (Soprea) –adscrita también a Empleo e igualmente investigada por la Justicia– de 2.940.000 euros, con cargo al programa de fondos europeos Jeremie.

El Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción detectó además que Cedes se benefició de «otras ayudas públicas estatales, por sí sola o a través de su unión con otras sociedades para el desarrollo de proyectos concretos», y asumió «en su totalidad» otro crédito de 400.000 euros que Invercaria facilitó en 2009 a la sociedad Consultora para la Sostenibilidad Integral SL (CSI), armada por dos de los socios promotores de Cesmes, Anitec y Openmatelec –ésta vinculada a Federico Mañero, ex marido de la eurodiputada socialista Elena Valenciano y otro de los investigados en esta separata de las diligencias matriz del caso–.

La Policía sostiene en su atestado que la situación financiera de la empresa Cedes era «muy deficiente desde el primer momento de funcionamiento» y arrastraba «una dependencia muy grande de la financiación externa». Es más, no incurrió «en causa de disolución obligatoria debido a los préstamos participativos» que acumuló, se matiza en el atestado. En relación a esa herramienta financiera, los investigadores destacan como los ligados a Invercaria parecen carecer de «cualquier atisbo de procedimiento de concesión», más allá de «la mera documentación con que se materializa el acto» de adjudicación. Los agentes observaron además que esos créditos en lugar de «ser amortizados y reintegrados al prestamista», que eran en última instancia las arcas públicas, fueron «novados y capitalizados», es decir, se transformaron en capital social, por lo que la deuda existente a favor de la Administración andaluza se volvió «no exigible».

En relación al préstamo de 400.000 a CSI, los investigadores aseveran que la entidad lo obtuvo en las mismas condiciones de falta de «documentación» y de «procedimiento» que los facilitados a Cedes, a la que al final fue traspasada «la totalidad de la deuda». «Se da entonces la circunstancia –se explica en el documento policial– de que Invercaria parece convertirse en acreedora de sí misma, en cuanto la sociedad de la que es socia –Cedes– asume» el débito de CSI. En definitiva, para el grupo anticorrupción a cargo del análisis de esta parte de la causa que dirige el juez Juan Gutiérrez Casillas, los préstamos de Invercaria fueron a parar a estos beneficiarios «sin apenas procedimiento ni control alguno» por parte de la sociedad de capital riesgo de la órbita del Gobierno andaluz y «se han perdido en su práctica totalidad», al igual que el destinado a CSI –1.508.000 euros en total–. Avisa al juzgado, por último, de su «extinción» de facto como tales créditos debido a su transformación en «capital de la empresa» no reclamable.