20 millones para crear empleo tras medio «año sabático» del bipartito

Sevilla- La comunidad andaluza tiene un millón y medio de parados. Las competencias en materia de empleo corresponden a la Junta. Ayer, el bipartito anunció que por fin había pagado 20 de los 40 millones de euros destinados al programa de ayuda a la contratación del decreto contra la exclusión social. Una medida que ha de generar 47.000 puestos de trabajo temporales a través de los ayuntamientos, la mayoría asfixiados y que ya estaban angustiados por el retraso acumulado.

Esta medida se habría de entender como complementaria de una política sostenida y básica en los tiempos que corren. Sin embargo, la realidad es otra. La inversión en política generadora de empleo ejecutada y pagada en los cinco primeros meses de 2013 por la Junta de Andalucía se redujo a 900.000 euros, según los datos facilitados por la oficina de control presupuestario. Así lo denunció el Partido Popular, ahondando en la crítica sobre la gestión del todavía presidente andaluz y su equipo de Gobierno bipartito. En realidad, forma parte de lo que los populares vienen llamando el «año sabático de José Antonio Griñán», «el presidente 'missing' o el desaparecido», como repitió ayer Ana Corredera, la vicesecretaria de Organización.

La dirigente especificó en qué se basa esa «parálisis» del Ejecutivo andaluz, recordando que la Consejería de Empleo prevé el gasto de 629 millones de euros en sus presupuestos. De los 322 destinados al Programa de Formación Profesional para el Empleo no se ha ejecutado «nada» en cinco meses, y para colmo se adeudan importantes cantidades de ejercicios anteriores.

Por su parte, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha ejecutado el 15,5 % de los 307,6 millones presupuestados. Esto es, 47,8 millones, de los que se adeudan 4,6 millones que se suman a los 218 millones de obligaciones ejecutadas pendientes de pago de ejercicios anteriores a 2013.

Las inversiones productivas se reducen a un 2,2% (3,9 millones de 175,8, de los que se deben 3 millones y sólo se han pagado 900.000 euros); y en relación con las transferencias de capital, de 165 millones, sólo se han ejecutado 3,1 millones y se adeudan otros tres millones. «En realidad, de lo que se ha ejecutado hasta el 1 de junio, el 91,2 por ciento ha ido a gasto de personal, de facturas, de alquileres y de suministros y sólo el resto ha ido en transferencias e inversiones», aseguró la vicesecretaria del PP-A.

Con estos argumentos, Corredera concluye que el Gobierno «ha tirado la toalla» ante el problema del paro. «Estos días además nos enteramos de que se va a prorrogar el plan de choque aunque nadie sabe cuánto se ha gastado, cuánto se ha ejecutado, cuánto se ha pagado y cuántas personas se han contratado, que es lo grave», añadió. La filosofía de «gastar y no pagar» deja en una situación de «abandono» a los ayuntamientos. «Las corporaciones locales son los motores reales de la economía y están funcionando sin ninguna ayuda».

Los trámites «necesarios» para pagar 20 de los 40 millones del decreto de exclusión han tardado 4 meses y los ayuntamientos ya solicitan una ampliación de los plazos de ejecución previstos.